Al margen - Agosto 2018

Al margen - Agosto 2018

 

De acuerdo con las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los mexicanos trabajamos el doble de tiempo que los alemanes y no producimos ni la mitad. Lo importante, pues, no es aumentar el número de horas de trabajo —como Andrés Manuel López Obrador dice que hará trabajar a la burocracia— sino impulsar la innovación. La innovación, dicen Robert Solow y todos los economistas contemporáneos, es el factor más importante para el desarrollo. Lo demás, es demagogia.

 


 

Los organismos internacionales dedicados al estudio de la energía nos advierten que al petróleo le quedan 18 años antes de ser desplazado por la electricidad. Abrir refinerías no es, por tanto, una buena idea si queremos que nuestro país resulte competitivo a nivel internacional. Hay que explorar las nuevas fuentes de energía y apostar por ellas… Las buenas intenciones no son suficientes para que alguien pase a la historia como buen presidente.

 


 

Procuradores, jueces y policías coinciden en que la figura del feminicidio tiene un sesgo político que “empodera” a la mujer. Pero, lejos de facilitarles el trabajo, se los ha obstaculizado. Aunque hoy día 19 entidades federativas contemplan este tipo penal y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU ha recomendado a México tipificar el feminicidio en las entidades que aún no lo han hecho, hay que considerar la conveniencia de buscar soluciones jurídicas menos espectaculares pero más efectivas.

 


 

Mucho ruido y pocas nueces en lo que a la reforma laboral se refiere. Desde hace seis meses debió entrar en vigor la ley secundaria que daría vida a la reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución… Y nada. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, así como la creación de tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial, a través de juicios de pleno derecho, no tienen para cuándo.

 


 

Los agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como de los estados, son de los servidores públicos más vilipendiados. Por ello, es de celebrarse que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia haya designado el 22 de octubre para conmemorar a estos funcionarios. El día será un buen pretexto para incentivar y reconocer anualmente a los buenos elementos, pero de poco servirá mientras la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional siga considerando trabajadores de tercera a policías, peritos y fiscales. Más que fiestas nacionales, hay que llevar a cabo reformas que nos permitan tener una justicia de primera.

 


 

Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, con miras a que la discuta la próxima legislatura. Entre otros puntos, se busca que cuando menos 3 por ciento de las plazas en la administración pública federal las ocupen personas con discapacidad. Hay que ser cautelosos, pues el hecho de que la inclusión se eleve a ley, podría atentar contra la idoneidad en los perfiles de los puestos.

 


 

Olga Sánchez Cordero afirmó que tiene “carta abierta para pacificar el país” y retomar una agenda liberal de derechos. A pesar de que muchos acusan que parecen promesas de campaña más que propuestas de gobierno, lo cierto es que el tema de la marihuana y la eutanasia está avanzando. Ya no se discute si debe legalizarse o no: lo que se analiza es cómo.

 


 

En los escritorios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya empezó la elaboración de argumentos jurídicos que reviertan la multa que impuso el INE a Morena por 197 millones de pesos. ¿Puede la autoridad electoral fiscalizar un fideicomiso privado? Si no es competente para ello, poco importará si hubo alguna ilegalidad en el manejo de ese instrumento.

 


 

El Mundo del Abogado felicita a Luis Ortiz Hidalgo, integrante de su Consejo Editorial, por haber sido elegido presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. El Consejo es un colegio de colegios —lo integran la ANADE, la Barra Mexicana y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México— y el reto de Luis Ortiz Hidalgo será ir sumando a todos los colegios estatales. Muchos de estos colegios, incómodos ante la posibilidad de que las condiciones de la colegiación obligatoria se decidan desde el centro, se han opuesto a ella. Si Luis Ortiz Hidalgo hace bien su trabajo, la colegiación obligatoria no tardará en ser parte de la vida jurídica de México.

 


 

Aunque se le mencionó en la terna que el presidente López Obrador presentaría ante el Senado para ser procurador general de la República, todo indica que Juan Luis González-Alcántara Carrancá será quien sustituya a José Ramón Cossío como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. González-Alcántara tiene larga experiencia judicial, y su serenidad y prudencia son ampliamente conocidas y aplaudidas. Sería una opción inobjetable.

 


 

Con un pie derecho y a tambor batiente inició sus actividades la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que hará competencia a la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, María Ariza, directora de la BIVA, anunció que, a efecto de incentivar la entrada de nuevas emisoras, se propondrá que se reduzcan los impuestos que paguen aquellas empresas cuando logran colocar acciones en el mercado. El 35 por ciento que se paga, dijo, es altísimo comparado con otros países. Tiene razón. Hay que apoyar este tipo de iniciativas que fomentan la inversión y la competitividad en México.

 


 

A pesar de que una comisión de la verdad puede ser conveniente y hasta deseable para abordar el tema de Ayotzinapa, los términos en los que la planteó el Primer Tribunal del Décimo Circuito de Tamaulipas se antojan disparatados. Si en un principio se debatió el alcance de la resolución y las facultades que tenía o no tenía el tribunal, luego de los dimes y diretes quedó claro que éste se excedió: más que una comisión de la verdad, lo que pretendía era crear una Procuraduría General de la República paralela, pisoteando el artículo 21 y el 102 de la Constitución.

  

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Revista El Mundo del Abogado