Al margen - Marzo 2018

Al margen - Marzo 2018

Las nuevas disposiciones sobre ejecución de sanciones siguen discutiéndose acaloradamente. Los académicos de la vieja escuela insisten en que la pena debe “readaptar” a los individuos y transformarlos en personas éticas. Los promotores de las nuevas corrientes aplauden la idea de “reinsertar” a quien ya enfrentó la consecuencia de violar la ley. Pero, más allá de las posiciones filosóficas, las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social exigen a los jueces “devolver” la atribución de trasladar a los reos. De otro modo, insisten, los motines estarán a la orden del día. No es que los jueces no deban conocer los traslados, pero ellos no están capacitados para decidirlos, pues no conocen a los reos ni saben de los riesgos que implican los movimientos carcelarios. ¿Tendrán razón?

 


 

El próximo mes de noviembre José Ramón Cossío concluirá su encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tiene inquietos a quienes pretenden sustituirlo. Aunque este año no bastará que los proponga el presidente de la República (el Senado podría diferir la decisión y rechazar la terna para que el nuevo nombramiento dependa del presidente electo), los que se están moviendo son Humberto Castillejos, Sergio López Ayllón y Ana Laura Magaloni. En el interior del Poder Judicial la magistrada Emma Meza Fonseca está reuniendo muchas simpatías…

 


 

Hablando de la Suprema Corte, está por verse si el Poder Legislativo acatará la orden de emitir una ley que regule el gasto gubernamental en materia de comunicación y propaganda. Los observadores se preguntan qué pasará si, para abril, la fecha límite, el Congreso no cumple con la disposición judicial: ¿la Corte despedirá a los 500 diputados y a los 128 senadores? ¿Y qué ocurrirá si el Congreso publica una ley mediocre que contenga pura retórica? ¿La Corte se involucrará en el contenido de dicha ley? Algunos legisladores sienten que la Corte excederá sus límites e insisten en que no se cumpla su “instrucción”, para demostrar quién manda. Las apuestas están a la orden del día.

 


 

El pasado 5 de febrero, durante la ceremonia para conmemorar los 101 años de nuestra Constitución, el ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que si México vive inmerso en “ríos de ilegalidad” no es sólo porque las autoridades no hagan cumplir la ley sino porque “los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarla”. Pero, ¿se les puede exigir a los ciudadanos que acaten normas diseñadas para favorecer a unos cuantos a costa de tantos? Sin ir más lejos, ¿cómo se les explica a estos desobedientes ciudadanos que quien obtiene un amparo puede dejar de pagar impuestos o hasta fumar marihuana, mientras que si uno no puede conseguirlo tiene que pagar impuestos y puede ir a prisión si es sorprendido con más de cinco gramos de hierba? La desigualdad que se legaliza no ayuda mucho al cumplimiento de la ley…

 


 

Más allá de las contiendas partidistas, qué lamentable reacción la de algunos usuarios de las redes ante el juego de palabras que hizo Enrique Ochoa, presidente del PRI, al criticar a sus correligionarios que se han pasado al partido MORENA. Los llamó PRIetos, lo que desató la furia de algunos que se sintieron ofendidos: “Nos discrimina por el color de nuestra piel —chillaron—. Nos denigra”. Nadie intentó denigrar a nadie, pero resulta inquietante que alguien pueda sentirse agraviado porque otro le recuerde el color de su piel. Algo no hemos hecho bien en México cuando la propia CONAPRED considera que se puede lastimar a algunos por ello. Si queremos combatir el racismo debemos empezar por despojar de su carácter peyorativo palabras como prieto, indio, chaparro o moreno. Si nos ofendemos por ello, acabaremos ofendiéndonos cuando alguien nos llame mexicanos.

 


 

Ante las más de 4,000 empresas fantasma que operan en México, hizo bien la Suprema Corte en determinar que las listas que ha elaborado el Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde enumera a las empresas sospechosas de ser fraudulentas, son constitucionales. A veces la Corte se lanza contra un hospital que no brindó atención a un derechohabiente o contra una empresa estatal por no respetar los derechos humanos de una persona, pero olvida a la corrupción, que acaba perjudicando los derechos humanos de millones de personas.

 


 

“Si podemos elevar los estándares laborales en México —dijo en Chicago Justin Trudeau, primer ministro de Canadá— hay menor incentivo para que las empresas se muevan ahí por los salarios tan bajos”. Sugirió crear en México una base de consumidores de productos canadienses y estadounidenses basada en salarios más altos. En plena renegociación del TLC no hay que echar en saco roto los comentarios de Trudeau. Éstos coinciden con las exigencias de los sindicatos estadounidenses: hay que equiparar los sueldos con nuestros socios para ser igualitarios.

 


 

Como cubetazo de agua fría cayó en muchos sectores de México el informe Rule of the Law Index 2017-2018, que elaboró World Justice Proyect. El documento califica la actuación de los poderes gubernamentales, la ausencia de prácticas corruptas, la transparencia (gobierno abierto) y el respeto a los derechos humanos, entre otros indicadores. Lo que dice, en pocas palabras, es que de los 113 países evaluados, Dinamarca está en 1° lugar, Noruega en 2° y Finlandia en 3°. En último lugar está Venezuela y, en penúltimo, Camboya. México quedó en el lugar 92. Si a esto añadimos que Transparencia Internacional nos colocó en el lugar 135 de 180 países evaluados en su Informe 2018, el panorama no parece muy alentador. La percepción de la corrupción es muy dañina.

 


 

La cifra de inversión extranjera directa alcanzó en México más de 171,000 millones de dólares. Esto supera en 50 por ciento la de sexenios anteriores. El dato refleja que, pese a críticas y denuestos al gobierno —muchos de ellos merecidos—, éste ha sido capaz de inspirar la confianza de los inversionistas extranjeros. Las reformas estructurales tienen mucho que ver a la hora de explicar esta cifra.

 


 

Quien ha demostrado ser un operador eficaz es Alberto Elías. Su difícil posición como “encargado” de la Procuraduría General de la República no ha sido obstáculo para que haya avanzado de modo significativo en la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio y en los juicios emblemáticos que lleva la dependencia. Inteligente y pragmático, el abogado de la Escuela Libre de Derecho está en todo y no pierde detalle de los desafíos que enfrenta.

 

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Revista El Mundo del Abogado