Al margen - Mayo 2018

Al margen - Mayo 2018

 

Sorprende que en muchos ámbitos comience a hablarse de candidatos presidenciales que declinen o, incluso, de que haya que considerar la posibilidad de anular las elecciones. Los partidos políticos están más fragmentados que nunca, los grandes empresarios están preocupadísimos y la sociedad civil no sabe ni a quién irle. Pero si se anularan por el hecho de que un candidato fuera sancionado, ¿de veras se impediría que éste volviera a participar, en los términos del artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral? Esto podría suponer una segunda vuelta obligada pero, por bien que se justificara la sanción —incluso con una observación internacional— las protestas serían descomunales. ¿Quién sería el presidente de la República a partir del 1° de diciembre de 2018? ¿El secretario de Gobernación? ¿El interino que nombrara el Congreso? ¿Con qué criterios lo haría?

 


 

El debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que se llevó a cabo el pasado 22 de abril arrojó algunas perlas que los abogados no debemos pasar por alto: el Bronco aseguró que la corrupción entre los jueces es más grave que entre quienes conforman la administración pública —un tema que, incluso, muchos abogados prefieren evitar— y Andrés Manuel López Obrador se preguntó para qué sirve un INAI que resulta tan costoso para los mexicanos, cuando emite resoluciones como la de reservar la información de Odebrecht. “Es una tapadera”, denunció.

 


 

Como si quisieran confirmar la visión de López Obrador, los senadores dieron un madruguete y, a las 3:30 a.m., en un proceso completamente oscuro, designaron a los dos nuevos encargados de la transparencia: un hombre y una mujer que trabajaban para el Senado. La irritación de las ONG’s y de los organismos promotores de la transparencia no se hizo esperar. Pero ¿qué le importa esto al Senado si ya hay dos priistas más en el INAI? La verdad es que mientras las resoluciones del instituto no tengan consecuencias jurídicas para los sujetos obligados da igual quiénes sean los comisionados.

 


 

Otra perla de simulación es la Ley General de Comunicación Social, dizque para regular la publicidad oficial. Más allá de que la Suprema Corte hubiera podido destituir a los 500 diputados y a los 128 senadores si no la hubieran tenido lista a finales de abril, como lo recordó el ministro José Ramón Cossío, lo que en verdad debiera importar es el contenido de este ordenamiento. La ley que elaboraron los diputados y ratificaron los senadores es, por decir lo menos, una burla a las ONG’s que la impulsaron, a la Suprema Corte y al pueblo de México: “Con ley y sin ley hacemos lo que nos da la gana y gastamos cuanto se nos antoja”, parecen haber dicho nuestros egregios legisladores al aprobar la Ley Chayote. Al dejar todo a la discreción de la autoridad, señaló el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “se perdió una gran oportunidad… es una triste noticia”.

 


 

El que no fue un ejercicio de simulación es lo que hizo la Cámara de Diputados al intentar privar de fuero al presidente de la República y a los legisladores. ¿Qué pretendió con ello? ¿Tener a un presidente asediado con acusaciones penales —verdaderas o falsas— para que no tenga tiempo de gobernar? ¿Neutralizar a los senadores incómodos? Como bien han señalado reputados juristas como José Roldán Xopa y Diego Valadés, la idea de dotar de fuero a ciertos servidores públicos no fue garantizar su impunidad sino permitirles trabajar sin que sus enemigos puedan paralizarlos con triquiñuelas judiciales. Quien cometa un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Pero en ciertos casos, por el bien del país, hay que esperar a que concluya su encargo, sin perjuicio de que, en casos graves, pueda declarar ante los tribunales.

 


 

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias y un nuevo título del Código de Comercio sobre conciliación comercial. Ésta es una buena noticia para agilizar los trámites que tanto dificultan nuestras prácticas comerciales.

 


 

Otro tema que ha traído atareados a nuestros legisladores es la designación del fiscal general de la República por nueve años. Dado que la iniciativa de frenar el pase automático se atoró en las entidades federativas, el procurador general de la República se convertirá en fiscal de modo instantáneo. Si el presidente Enrique Peña Nieto va a inclinarse por Ricardo Anaya, el candidato puntero es Miguel Ángel Mancera. Si va a preferir a Andrés Manuel López Obrador, es Renato Sales. En el caso del abogado campechano, sería un fiscal ideal, llegue al poder quien llegue. Sales es un jurista cabal, preparado y valiente.

 


 

Muy bien se vio Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, al presidir la ceremonia en la que el Instituto Nacional de Ciencias Penales entregó un doctorado honoris causa al mexicano Miguel Sarre y otro al español Carlos Castresana. Ambos son dos juristas incómodos para el poder y los dos criticaron al aparato de justicia de México. Particularmente a los jueces, que no han estado a la altura del reto que se espera de ellos. La presencia de Elías Beltrán destacó el pluralismo y la visión inclusiva del abogado.

 


 

Hay que aplaudir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que las instituciones públicas de salud no pueden rehusarse a practicar un aborto a las mujeres que, habiendo sido víctimas de una violación, así lo soliciten. La Segunda Sala se anota, con esto, otro éxito a favor de una sociedad más libre y democrática.

 


 

Si bien es cierto que a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón se abusó del arraigo y de los testigos protegidos de un modo grotesco, también es cierto que, como titulares de la Procuraduría General de la República, tanto Jesús Murillo Karam como Arely Gómez desarrollaron un papel muy destacado a la hora de poner fin a estos abusos. La reflexión viene al caso ahora que el arraigo vuelve a estar en la mira de los legisladores, quienes, presionados por abogados litigantes y ONG’s, han decidido eliminar esta figura. Nuestra Carta Magna la contempla sólo para casos de delincuencia organizada, y son varios los países del primer mundo que la incluyen como medida cautelar extraordinaria. Por ello, sin dejar de condenar esa práctica de acusar por delincuencia organizada a todas las personas que el Estado pretende encarcelar, hay que decir que no parece razonable deshacernos de esta figura que puede resultar de mucha utilidad en casos extremos.

 

  

 

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Revista El Mundo del Abogado