Al infinito y más allá

20 años de la reforma constitucional de la no pérdida de la nacionalidad mexicana

Al infinito y más allá

Más de 20 años han transcurrido desde la reforma constitucional del 20 de marzo de 1997 en la que se modificó el artículo 30 para que ningún mexicano por nacimiento pudiera ser privado de su nacionalidad. A partir de ese momento se rompió el paradigma de la nacionalidad única y se reconoció la realidad en la que millones de mexicanos se encontraban sumergidos al haber migrado y establecido su residencia en el extranjero.

 

 

Sin lugar a dudas fue un gran avance dentro del sistema jurídico mexicano, especialmente por eliminar los obstáculos —psicológicos (por creer los connacionales que estaban traicionando a México al adquirir una segunda nacionalidad) y legales (por perder la nacionalidad mexicana en caso de adquirir una ciudadanía extranjera)— para que los connacionales pudieran defenderse de forma más efectiva en su nuevo lugar de residencia, fuera de México, al adquirir una segunda nacionalidad.

En los razonamientos del dictamen para la reforma de 1997 se argüía que “la nacionalidad, [es] un hecho sin fronteras […] [un] sentimiento de pertenencia […] lealtad a instituciones, a símbolos, a tradiciones […] cultura […] una expresión espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las normas”. Es cierto que gracias a la gran riqueza que se posee por cultura, tradiciones e historia, México es una de las grandes potencias a nivel mundial en lo que respecta al poder suave de su diplomacia, por lo que no es de extrañar que el vínculo que mantienen los connacionales en el exterior con México sea uno fuerte a pesar de obtener una nueva nacionalidad.

El objeto de la otrora reforma constitucional era el mexicano recién migrado al extranjero y quien —después de algunos años— regresaría a territorio nacional, por lo que la reforma tendría dos objetivos: por un lado, permitir al connacional —cuando las circunstancias se lo permitieran— adquirir una nacionalidad extranjera para estar en igualdad de circunstancias con las demás personas del lugar en el extranjero donde reside, y por el otro, preservar la nacionalidad mexicana para facilitar su reinserción —tanto social, como económica y política— a su regreso a México.

Como suele suceder, el escenario mundial evoluciona y para la diáspora mexicana en Estados Unidos —que al día de hoy sigue siendo la principal— las circunstancias cambiarían radicalmente después de los ataques terroristas del 9/11. La circularidad migratoria se vería truncada por un mayor control migratorio y por la militarización de la frontera entre México y el vecino del norte. Los migrantes no sólo ya no buscan regresar a territorio nacional, sino que, en aras de buscar la reunificación familiar, patrocinan los viajes del resto de su familia a territorio estadounidense o, de plano, terminan formando nuevas familias en Estados Unidos.

Tras estos cambios en la política migratoria de nuestro vecino, se empieza a evidenciar que bajo la reforma de 1997 sólo pueden transmitir la nacionalidad aquellos mexicanos nacidos en territorio nacional. En otras palabras, la segunda generación de migrantes (esto es, aquellos nacidos en el extranjero) ya no podría transmitir la nacionalidad mexicana a sus hijos también nacidos fuera de territorio nacional.

Con una diáspora tan grande en el extranjero, y cada vez resquebrajándose más el principio de circularidad, era cuestión de tiempo para que surgiera alguna controversia judicial que tomara ventaja de la nueva dinámica que parece vivir el sistema jurídico mexicano a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que buscara amparo en contra de la limitante contenida en el inciso A, fracción II, del artículo 30 constitucional.

Este caso llegó en septiembre de 2013 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que resolvió el amparo en revisión 226/2013 a través del cual se recurría la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de reconocer la nacionalidad mexicana por nacimiento al quejoso, quien nació en Londres, Inglaterra (tercera generación de migrantes), hijo de padres mexicanos también nacidos en Reino Unido (segunda generación de migrantes). El argumento de la cancillería mexicana se basó en la interpretación literal o gramatical del artículo 30 constitucional, la cual fue considerada por el tribunal colegiado como errónea, ya que, según su interpretación, “si la Constitución establece que son mexicanos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero [artículo 30, inciso a], de quienes sus padres, al menos uno sea mexicano por naturalización, es correcto asumir por mayoría de razón que dicha regla debe hacerse extensiva a los nacidos en el extranjero cuyos padres hayan nacido también en el extranjero, pero al menos uno tenga reconocida la nacionalidad mexicana por nacimiento”.

Siguiendo esta tesis aislada, “nacionalidad mexicana por nacimiento. tienen derecho a ella quienes hubieran nacido en el extranjero y al menos uno de sus padres también hubiera nacido en el extranjero, pero tenga reconocida esa nacionalidad”, es como queda cristalizado el criterio que actualmente sigue la autoridad mexicana para autorizar actas de nacimiento en el extranjero.

Si bien en el texto de la sentencia de amparo se hace referencia al lazo de proximidad y afectividad que el quejoso tenía con el Estado mexicano, especialmente sólo por encontrarse a una generación del vínculo directo hacia México (sus abuelos habían nacido en territorio nacional), en el contenido de la tesis aislada queda excluida dicha referencia, generando así un criterio donde la trasmisión de la nacionalidad mexicana es ad infinitum, ya que bajo dicha interpretación todos los descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero siempre serían mexicanos por nacimiento.

El concepto de nacionalidad, según la jurisprudencia internacional (véase caso Nottebohm, Lichtenstein vs. Guatemala, Corte Internacional de Justicia, Sentencia 1955), es un vínculo legal que deriva de una conexión “genuina” o “efectiva” de intereses, sentimientos, así como de derechos y obligaciones recíprocos entre el individuo y el Estado, con el que se logra evidenciar que el individuo se encuentra más conectado con la población del Estado que le confiere la nacionalidad que con la de un tercer Estado. Este criterio ha sido confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en su opinión consultiva 4, sostuvo que “la nacionalidad puede ser considerada como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad”.

A nivel internacional es ampliamente reconocido que los Estados tienen plena facultad para determinar a quienes reconocen como sus nacionales (véase opinión sobre decretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos, Corte Permanente de Justicia Internacional, 1923). Sin embargo, la tendencia moderna no parece soportar el argumento de que la nacionalidad se transmita al infinito para aquellos nacidos en el extranjero vía jus sanguinis —como parece apuntar la tesis aislada en comento y la práctica actual mexicana— sin preservar un vínculo genuino o efectivo con el Estado otorgante.

Por lo general, el vínculo “genuino” o “efectivo” es evidenciado a través de diferentes factores: residencia habitual, lazos familiares, participación en la vida pública, apego cultural tanto individual como familiar, servicio militar, ejercicio de derechos civiles y políticos, idioma, propiedad sobre bienes inmuebles (véase el reporte sobre nacionalidades múltiples, Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, A/CN.4/83, 1954). En el caso de los nacidos en el extranjero, se esperaría que sus padres tengan este vínculo con México; sin embargo, es una realidad que con cada generación que pasa los vínculos se difuminan cada vez más.

La presencia de un vínculo genuino o efectivo es un tema trascendental, ya que en casos de doble nacionalidad es el factor esencial para poder ejercer la protección diplomática a favor del individuo, y en casos generales, permite extender la jurisdicción estatal de forma extraterritorial a través del principio de jurisdicción personal, e inclusive conlleva elementos importantes para temas de responsabilidad internacional de los Estados y extradición. En ausencia de éste, “los otros Estados no tienen que aceptar dicha nacionalidad cuando no está basada en un vínculo genuino entre el Estado y el individuo” (véase Third Restatement of Foreign Relations Law of the United States, 1987).

Por ejemplo un tribunal internacional de arbitraje bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el caso Champion Trading Co. vs. Egipto (ICSID ARB/02/9, 21 de octubre de 2003, decisión sobre jurisdicción), decidió: “Este tribunal no descarta que puedan surgir situaciones donde la exclusión de personas con doble nacionalidad pueda llevar a resultados manifiestamente absurdos o irrazonables. Uno puede imaginar una situación donde un país continúa aplicando el jus sanguinis a lo largo de muchas generaciones. Podría ser, por ejemplo, cuestionable si la tercera o cuarta generación nacida en el extranjero, que no tiene vínculos de ningún tipo con el país de sus antepasados, siga siendo considerada que tiene, para los efectos de la Convención, la nacionalidad de dicho Estado”.

Es cierto que México es signatario de múltiples instrumentos internacionales en materia de derechos humanos donde se codifica el derecho a la nacionalidad, y que con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 se establece que se interpretarán las normas “favoreciendo en todo tiempo a las personas [con] la protección más amplia”. Sin embargo, una eventual limitación a la adquisición de la nacionalidad vía jus sanguinis para aquellos casos en que el nacimiento ocurra en el extranjero— tampoco violenta este derecho, ya que estas personas ostentan la nacionalidad del país extranjero donde nacieron, quedando de esta forma cubierta la preocupación real y razón de ser de esta reglamentación que es eliminar situaciones de apatridia.

Históricamente, el Estado mexicano ha sido punta de lanza en materia de protección y asistencia consular a los mexicanos en el extranjero; sin embargo, la interpretación actual, bajo la cual no existe una limitante generacional para la transmisión de la nacionalidad mexicana para aquellas personas nacidas en el extranjero, hijos de padres mexicanos por nacimiento, da pauta para argumentar que desvirtúa completamente el concepto de nacionalidad y trivializa el vínculo que el individuo debe tener con su Estado. No cabe duda de que a 20 años de la reforma constitucional de 1997 todavía quedan cabos sueltos en materia de nacionalidad.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

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