Siria: ¿hacia dónde vamos?

Siria: ¿hacia dónde vamos?

 

Durante las últimas semanas el drama que se vive en Siria ha sido el foco de atención de la comunidad mundial. Por un lado, todos vimos las impactantes imágenes que le dieron la vuelta al mundo de las víctimas del ataque químico perpetrado en la ciudad de Damasco, en la localidad de Douma, y por el otro, atestiguamos el ataque militar aéreo que la coalición entre Estados Unidos, Reino Unidos y Francia realizó de forma focalizada en contra de instalaciones gubernamentales donde supuestamente se producen las armas químicas.

 

 

Mucho se ha discutido sobre la legalidad del ataque aéreo que la coalición realizó en contra de Siria. Algunos Estados, incluidos Rusia y China, lo tachan de ilegal, fuera del marco normativo de la Carta de las Naciones Unidas. Otros Estados, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, lo justifican como una intervención humanitaria, bajo el concepto de la responsabilidad de proteger (“R2P”) y la necesidad de no permitir que el uso de armas químicas se vuelva algo cotidiano.

Si bien la Carta de las Naciones Unidas, en sus artículos 2(4) y 51, es clara en lo que respecta a la prohibición del uso de la fuerza, resulta importante tener en cuenta la falta de condenas —especialmente con el proyecto de resolución que presentó Rusia en el Consejo de Seguridad— por parte de la mayoría de la membresía de las Naciones Unidas al ataque perpetrado por la coalición franco-americo-inglesa en contra de instalaciones gubernamentales sirias destinadas al almacenaje, producción e investigación de armas químicas. Lo cual, si bien no es suficiente para crear una excepción a la regla prohibitiva del uso de la fuerza, sí da margen para argumentar que en el caso del uso ilegal de armas químicas la comunidad internacional prefiere voltear la cara frente a estas represalias que condenarlas y normalizar su uso.

El dilema entre los dos postulados fue resumido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso del pasado 17 de abril ante el Parlamento Europeo, al señalar: “¿Nos quedamos sentados? ¿Defendemos los derechos [humanos] solamente diciendo: ‘Los derechos son para nosotros, los principios son para nosotros y las realidades ¿son para otros? No, no, no”.

Desafortunadamente será poco probable tener certeza sobre lo acontecido en Siria, en especial si el ataque con armas químicas fue perpetrado realmente por las autoridades sirias o si fueron los mismos grupos rebeldes los que lo ejecutaron para provocar una reacción de la comunidad internacional. Como se puede ver, hay una fina línea entre propaganda, manipulación y realidad, la cual se utiliza para tratar de ganar apoyos siempre bajo el escudo de banderas populares, no criticables, como la protección al medio ambiente y a los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y la intervención humanitaria, por nombrar algunas.

La historia de Siria es parte de una narrativa recurrente que vemos a nivel internacional, donde después de la indignación sigue la indiferencia. Desafortunadamente es cierta la afirmación del profesor Payam Akhavan, quien fuera consejero legal de los tribunales internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, en el sentido de “que el problema no es que la maldad radical no pueda ser detenida. El problema es que usualmente no nos importa el odio o la violencia [en contra de los demás] a menos de que nos afecte directamente”.

Esta frase refleja la cruda realidad y nuevamente Siria permite ejemplificarlo, ya que el ataque militar realizado por la coalición entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido en términos reales no mejorará las condiciones de la población civil. Solamente sirvió como un mensaje de que el uso de armas químicas no será tolerado por un grupo focalizado de la comunidad internacional. Empero, en Siria todo sigue igual.

La situación que se vive en Siria data de marzo de 2011. Se ha caracterizado como una guerra civil en la que han perdido la vida más de 250,000 personas y donde por lo menos 34 veces han sido empleadas armas químicas. Es tal la descomposición de la situación, que el conflicto ha adquirido múltiples aristas, las cuales se interpolan unas con otras, generando una mezcolanza de diferentes niveles en el seno del conflicto. En el local, el régimen encabezado por Bashar al-Assad y los grupos rebeldes; en el regional, el Estado Islámico, Hezbollah, y en el internacional, los gobiernos de Rusia, Turquía, Irán, Estados Unidos e Israel.

Desde 2012 se ha coqueteado con la idea de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas delegue la situación de Siria a la Corte Penal Internacional; empero, esto es algo que no se ha logrado cristalizar por la parálisis que se vive y que se vio reflejada en las posturas opuestas de los dos bandos de miembros permanentes en los que se encuentra dividido el Consejo de Seguridad.

A partir de este impasse, ejemplificado por el uso en seis ocasiones del derecho de veto ruso en el Consejo de Seguridad en contra de las resoluciones que condenan al gobierno sirio, la Asamblea General de las Naciones Unidas entró al quite y a finales de diciembre de 2016 creó el “Mecanismo internacional, imparcial e independiente para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los delitos de Derecho internacional más graves cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011”. Este mecanismo, como lo señala su nombre, tiene como objetivo “recabar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de violaciones del Derecho internacional humanitario y de violaciones y abusos de los derechos humanos, y preparar los expedientes para facilitar y acelerar un proceso penal”.

Al tener el conflicto armado una escala de guerra civil se puede entender por qué el sistema judicial local se encuentra colapsado. En este tenor, la única opción viable para enjuiciar las conductas delictivas cometidas por las partes en el conflicto armado tendría que ser la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, el gobierno de Siria no es parte del Estatuto de Roma, por lo que la Corte no tiene jurisdicción sobre el asunto mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no le delegue la situación.

Como es evidente, ante la división que existe en el Consejo de Seguridad, es poco probable que lo anterior acontezca. Por esta razón se creó el “Mecanismo internacional…” como una apuesta que tiene como objetivo preservar la evidencia para que —sin importar la sede jurisdiccional— no se dejen sin sanción los crímenes internacionales. Ante esto surge la interrogante: ¿cuál otra fora sería competente para procesar la evidencia que recopila el “Mecanismo internacional…” y sancionar los crímenes internacionales cometidos en Siria?

Más allá de la conexión tradicional que deriva de la nacionalidad de las víctimas, el resto de los miembros de la comunidad internacional puede emplear el principio de jurisdicción universal, o en un caso remoto sería necesario crear un tribunal híbrido —que mezcle autoridades locales con internacionales— o uno ad hoc —como los instituidos para la antigua Yugoslavia o Ruanda— para que sancione dichas atrocidades.

Cabe destacar que la creación de este tipo de mecanismos no debe ser considerada una vulneración a la Corte Penal Internacional, ya que esta última debe ser vista como un tribunal de útlimo recurso. En otras palabras, por el propio principio de complementariedad codificado en el Estatuto de Roma, la Corte no está compitiendo por los casos, sino todo lo contrario, siempre avala que las autoridades locales —o un tribunal híbrido— sancionen los crímenes internacionales con el fin de que no prevalezca la impunidad.

Todo lo anterior suena muy bien en el papel; empero, son grandes los retos que se deberán enfrentar para que los responsables de las atrocidades que se están viviendo en Siria sean castigados. En primer lugar, el “Mecanismo internacional…” funciona con aportaciones voluntarias, lo cual de entrada lo limita y no da mucha certeza sobre su operación a largo plazo. En segundo lugar, si todas las resoluciones en contra de Siria son vetadas por Rusia en el Consejo de Seguridad, es casi imposible que se remita la situación a la Corte Penal Internacional o se autorice la creación de un tribunal internacional ad hoc.

Finalmente, ante esta disyuntiva, ¿podría la Asamblea General de las Naciones Unidas crear ese tribunal para Siria? Al parecer la respuesta sería negativa, ya que aquélla no cuenta con facultades tan amplias como el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Como se puede apreciar, el panorama no es muy alentador. El sistema internacional fue creado por los Estados para proteger sus apuestas de realpolitik. En este sentido, no se puede esperar más de un esquema diseñado para que, a falta de acuerdo, no funcione. Lo anterior explica por qué cada vez es más frecuente que los Estados actúen de forma unilateral.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

 

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