Los retos del próximo presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

Los retos del próximo presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

 

El próximo mes de abril se elegirá al nuevo presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. La institución no requiere presentaciones ni es preciso recordar que, con sus 258 años —se fundó en 1760—, es el colegio más antiguo de abogados del país.

Lo que sí habrá que decir es que en los últimos 18 años ha sido un detonador de la modernización de la vida jurídica en México y uno de los impulsores más activos de la profesionalización de nuestro gremio.

Sus presidentes Bernardo Fernández del Castillo —quien inició el aggiornamento del colegio—, Fernando Yllanes Martínez, Gabriel Larrea Richerand, Óscar Cruz Barney, Rafael Ramírez Moreno y Alfonso Pérez Cuéllar han librado una batalla incansable para apuntalar el marco constitucional y jurídico que condiciona la vida económica, política y social de México.

Difícilmente podrían entenderse la reforma laboral, la reforma penal, la normatividad en materia de ética profesional, los foros de justicia cotidiana y el sistema anticorrupción sin la participación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

Su vocación para sumar esfuerzos en el interior del país ha quedado patente en las actividades que realiza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Escuela Libre de Derecho, a la que concedió su patronato desde 1912, cuando se fundó la escuela. Para dignificar al gremio a través de estándares de actuación, ha impulsado dos cátedras señeras: una con la Universidad Iberoamericana y otra con la Universidad Panamericana.

A nivel internacional, ha establecido vínculos de colaboración con el Consejo General de la Abogacía, en España, la Orden de Abogados de París y la Unión Internacional de Abogados, entre otras instituciones. Hacia adentro y hacia afuera, su activismo ha permitido que sus miembros —y los abogados mexicanos en general— gocen de márgenes más amplios de actuación.

El próximo presidente del colegio, por ende, recibirá un legado importantísimo. Velar por él y hacerlo prosperar será un honor, sí, pero también una enorme responsabilidad. No sólo tendrá que encontrar una nueva sede para el Ilustre (el local que ahora ocupa ha dejado de resultar funcional) sino enfrentarse a tres desafíos enormes. Primero, las escuelas de Derecho surgen por todo el país sin que existan parámetros de calidad. Segundo, la regulación ética de nuestra profesión se vuelve cada vez más necesaria. Tercero, sigue pendiente la certificación de los abogados —y la colegiación obligatoria que la respalde— ahora que el sistema penal acusatorio lo exige más que nunca.

El colegio deberá duplicar sus relaciones institucionales y asumir un protagonismo más intenso en la vida jurídica de México.

El paso que dio para unir los esfuerzos de la Barra Mexicana y de la Asociación de Abogados de Empresas (ANADE) en la creación del Consejo General de la Abogacía representa una señal elocuente del rumbo que debe fijar. Pero es sólo una señal. Quien ocupe el sillón de presidente del colegio tendrá ante sí la oportunidad de contribuir a que México sea un país más moderno y a que sea un Estado Democrático de Derecho más sólido y confiable.

Ángel M. Junquera

Director

 

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Revista El Mundo del Abogado