La experiencia de Nuevo León en el combate a la corrupción

La experiencia de Nuevo León en el combate a la corrupción

En su carácter de fiscal anticorrupción en Nuevo León, Ernesto Canales Santos comparte la experiencia de esa entidad para combatir los delitos que dañan el patrimonio público.

  

La campaña del actual gobernador en el combate a los delitos que dañan el patrimonio público se basó en gran medida en que, en su calidad de candidato independiente, podía “meter a la cárcel a los corruptos", con especial énfasis en Rodrigo Medina. La abrumadora mayoría con la que fue electo le otorgó legitimidad a esta promesa.

México no ha tenido una política de Estado contra la corrupción. Al contrario, ésta ha pemeado todo nuestro sistema de gobierno, precisamente por la impunidad que la ha acompañado a lo largo de la historia.

La regla vigente ha sido que los funcionarios que roban al erario del Estado no sean castigados, salvo contadas excepciones, más como consecuencia de desgracias políticas, que como una política de preservar el Estado de Derecho.

En respuesta a su promesa, el gobernador Bronco creó, por primera vez en la República, una fiscalía con el propósito de castigar a los culpables de desfalcos públicos, que ha operado con las mismas reglas que ampararon la “asentada” impunidad: por la falta de apoyo de nuevas leyes “capturadas” por PRI y PAN.

“Haciendo de cenar con lo que hay en el refrigerador”, la fiscalía ha conseguido vincular a proceso penal hasta ahora a más de 40 personas, entre ex funcionarios de varios partidos y particulares, por delitos que, se estima, han mermado el erario público en cientos de millones de pesos.

Con esto queda demostrado que México no tiene que vivir, por siempre, con la corrupción, que no está en nuestra “naturaleza", que se puede acabar con ella con voluntad política, sin necesidad de grandes reformas como las del Sistema Nacional Anticorrupción.

En Nuevo León se puede decir válidamente que ya no existe impunidad para los que abusan de sus funciones como empleados estatales o se benefician ilícitamente como gente privada. Los cuarenta y pico procesos penales significan que los acusados y sus cómplices no se liberaron de sufrir pena, pues enfrentar juicio penal, aun en libertad, conlleva trastornos por tratarse de procesos públicos, amén de costos y graves molestias.

Seria responsabilidad para la fiscalía significaría no infligir estos daños sin una convicción jurídica de que existen indicios bien fundados de conductas delictivas. Todas las imputaciones de delitos han pasado por el tamiz judicial de la audiencia inicial, pública, de vinculación a proceso penal, presidida por un juez de control.

Quiero dejar constancia de los obstáculos que se han erigido con el tiempo para hacer poco “eficiente”, por decirlo suave, una práctica anticorrupción. Sólo me voy a referir a cinco.

Uno, la falta de acceso para investigadores estatales a datos de oficinas federales. Podemos determinar el “sobreprecio” de un contrato, u obra, pero no a qué bolsillo fue a parar.

Dos, el juicio de amparo, no de fondo, detiene injustificadamente los procesos, negando justicia pronta. Duro golpe al sistema oral, afecta el principio de inmediatez, que jueces sentencien de acuerdo con la historia de cada crimen, conociendo inmediatamente los casos; ¡tanto esfuerzo para su implementación y se arrebata este atributo a las nuevas reglas! ¿Por qué? ¡Por irresponsabilidad legislativa!

Tres, los registros contables de las operaciones de gobierno no fueron diseñadas para detectar actos de corrupción. Un trabajo mayor se requiere para establecer sistemas digitales que lo permitan.

Cuatro, no existe en el país capacidad de investigación para este tipo de delitos, resultado, precisamente, de que no eran perseguidos. No es tarea menor, primero, reconocerlo y luego crearla.

Cinco, la Procuraduría General de la República, antes de colaborar con un esfuerzo anticrimen, función suya primordial, pretende crear delitos contra jueces que razonan judicialmente en contra de sus intereses, creando un ambiente de terror al disentir. Es el caso del juez de Nuevo León que decretó cárcel contra Rodrigo Medina.

Esta lista no ha estado a discusión pública. En la escena nacional ganó “¿quién debería designar al fiscal?”, y no “¿cómo realizar la función?”. Prevaleció el hecho de que el fiscal fuera independiente del Ejecutivo pero dependiente del Legislativo. ¿Gran avance? ¿Qué? Si ambos pertenecieran al mismo partido político el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción se desmorona.

Ninguna de estas barreras es lo suficientemente fuerte para detener la determinación profesional de construir casos de corrupción que sean soportables judicialmente. Si otras entidades se embarcan en este camino, como ya lo hacen Chihuahua y Oaxaca, pronto los poderes federales no se van a poder sustraer de montar cuerpos efectivos para perseguir estos delitos y en corto plazo —dos o tres años— podrían terminar en México cien años de corrupción: no hay mejor antídoto contra la corrupción que uno procesado judicialmente.

El riesgo para Nuevo León, hoy, es que estos trabajos no continúen, por el quehacer de los diputados locales de “apoderarse" de esta función, siguiendo el ejemplo federal para estar en posición legal de conceder lo equivalente a una amnistía a sus correligionarios.

Los ciudadanos, pienso, se la cobrarán como ya lo hicieron eligiendo al Bronco.

 

 

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Revista El Mundo del Abogado