Carlos Castresana

Carlos Castresana

 

Su clara vocación para combatir el crimen ha convertido a Carlos Castresana en un referente internacional cuando se abordan temas como la lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

En ocasiones es difícil establecer en un breve texto si debemos felicitar al recipiendario de un reconocimiento como el que ahora nos convoca, o bien felicitar a la institución por su impecable elección, pues con esta distinción el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales se distingue.

Cuando se trata de reconocer a un fiscal, con más razón hay motivos para celebrarlo, pues les confesaré que cada vez que un fiscal concluye su tarea, lo imagino igual que al cuadro que pintara Carbonero sobre Carlos de Viana, derrotado en su sillón, no por no haber podido ser rey, sino por el magnífico desgaste que implica la función.

Pocos, pero muy pocos, son los fiscales que salen airosos y por eso debemos reconocer en Carlos Castresana a un jurista más allá del papel que le ha tocado y más allá de los resultados que han hecho de su trayectoria algo ejemplar.

El reconocimiento que le es concedido debe servir no sólo para su ámbito personal, ni para colocar una fotografía al lado de los distinguidos penalistas que lo han precedido, sino para el lustre institucional y para que las nuevas generaciones se pregunten cuáles fueron sus méritos.

Por ese motivo, habré de referir algunos lugares comunes que nos darán cierta luz sobre el periplo de Carlos Castresana, flamante doctorado honoris causa por el INACIPE.

El 16 de octubre de 1998 pudimos observar con enorme asombro la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet por las eficaces autoridades británicas en cumplimiento de un mandato judicial español.

Entonces saltaron a la luz, de este lado de Iberoamérica, nombres como el de Baltazar Garzón y, por supuesto, el de Carlos Castresana, quien presidía la Unión Progresista de Fiscales y quien había llevado a cabo una investigación sobre los actos realizados por el ex presidente chileno y que podían constituirse como delitos. Investigación realizada entonces al amparo del interesante principio de jurisdicción universal previsto de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España.1

 

Notas de una biografía

Carlos Castresana Fernández nació en Madrid en 1957. Según su biografía (que puede consultarse en la página del diario español El País), Castresana ejerció como abogado antes de ingresar a la carrera fiscal, en 1989, e ingresó a la Fiscalía Anticorrupción desde su creación, en 1995, donde estuvo dedicado a investigar casos de gran relevancia.

Encabezó investigaciones tan famosas como el llamado caso Gil, relativo a los actos imputados al entonces alcalde de Marbella y ex presidente del club de futbol Atlético de Madrid.

(Es curioso cómo el fútbol y el Derecho penal se entrelazan de manera continua, ya que hace tan sólo unos meses en este mismo espacio animábamos la defensa de un colega que defendía a un eminente futbolista mexicano.)

 

Pinochet

Pero, como lo establecí líneas arriba, la investigación que colocó en la mira de todos los penalistas a Castresana sin duda fue la causa pendiente contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que el gobierno mexicano reprobó desde aquel 11 de septiembre de 1973 y con el que no mantuvo relaciones diplomáticas, sino hasta la restauración de la democracia.

En esa investigación, presentada ante la Audiencia Nacional, acusó al viejo dictador de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, y aunque no era un gobernante como tal, para México fue paradigmática la entrega de Ricardo Miguel Cavallo a la justicia española, cuyas imputaciones derivaban de los casos anteriores.2

Lo demás es historia, con sus claroscuros. Pinochet no fue entregado por el gobierno británico, pero de ninguna manera desanimó a nuestro homenajeado para continuar con su estupenda carrera.

Como no lo fue cuando él mismo refiere su frustración por tener que suspender una acusación porque su investigado fue electo como primer ministro italiano. Me refiero, por supuesto, al caso de Berlusconi, que más que de dinero e influencias, gozaba de una suerte que rebasaba toda probabilidad.3

 

Guatemala

Castresana logró llevar a juicio a un ex presidente de Guatemala, lo que se traduce en que su prestigio lo ha llevado a procurar justicia más allá de las latitudes de costumbre.

En septiembre de 2007 recibió de manos de la Secretaría General de la ONU el encargo de dirigir la Comisión Internacional con el objeto de investigar y llevar a juicio a las organizaciones criminales y, en particular, a las que operaban desde el interior de las instituciones guatemaltecas.

Los principales casos en que estuvo al frente la comisión encabezada por Castresana fueron los de Rosemberg y Alfonso Portillo, ex presidente guatemalteco que acabó en prisión.

Sin embargo, en junio de 2010, Carlos Castresana renunció a esa encomienda, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco con su compromiso de combatir la impunidad.

Al renunciar, recordó las palabras del eminente fiscal Giovanni Falcone: “En estos trabajos, cuando te quedas solo, te conviertes en un coleccionista de balas”.

 

Su formación académica

Probablemente durante su presentación ya se haya señalado que Carlos Castresana es profesor asociado de Derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado de Derecho penal internacional en la University of San Francisco, California, entre 2003 y 2005, así como director de Programas de Derechos Humanos de su Center for Law and Global Justice.

Entre sus reconocimientos están el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, que recibió en 1997; así también, el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos; el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, México; el certificate of honor del City Council of San Francisco, California, y, paradójicamente, la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile, así como el doctorado honoris causa por la Universidad Central de Santiago de Chile, el país donde alguna vez gobernó Pinochet.

 

Su lucha contra la corrupción

Para los que amamos las ciencias penales es muy importante encontrarnos con personajes de esta talla, que con su trayectoria demuestran que la fiscalía requiere sujetos valientes, pero sobre todo sujetos inteligentes que, pese a los recovecos de la ley o los retruécanos procedimentales, puede llegar a buen puerto con conocimiento y estrategia.

Su clara vocación para combatir el crimen lo ha convertido en un referente internacional cuando se abordan temas como la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Por estos motivos celebro su investidura y que el INACIPE pueble sus muros con personajes de los que nos podamos sentir legítimamente orgullosos.

 


 

* Abogado y escritor. Investigador titular del INACIPE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesor de Derecho penal por la Facultad de Derecho de la UNAM.

1 Durante mucho tiempo el concepto de jurisdicción universal y la posibilidad de que los tribunales nacionales pudieran perseguir y sancionar crímenes internacionales cometidos fuera de su competencia territorial han sido prácticamente desconocidos. Y aunque los orígenes del principio de jurisdicción universal son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que este principio repentinamente cobró vigencia el 16 de octubre de 1998, cuando una circunstancia inesperada hizo convulsionar la opinión pública: el dictador, general retirado y senador vitalicio de Chile, Augusto Pinochet, fue detenido en Londres —donde convalecía de una operación quirúrgica— por requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, y quedó sometido a un procedimiento de extradición instado por España ante el gobierno británico. Sobre el reclamado pesaba la acusación de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

En el caso Pinochet una de las cuestiones más polémicas fue justamente el título jurídico utilizado por el órgano jurisdiccional español para iniciar el proceso penal por los crímenes internacionales cometidos durante el periodo de la dictadura chilena. Al solicitar la extradición, el juez Baltasar Garzón se basó en el principio de la jurisdicción universal. Asimismo, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en sendos autos del 4 y 5 de noviembre de 1998, confirmó la jurisdicción de España para conocer de los hechos objeto de ambos procesos y en tal sentido afirmó: “España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos —categoría de Derecho internacional— acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de dicha jurisdicción, ya que son más de 500 los españoles muertos o desaparecidos en Argentina, y 50 los muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos”.

Sin duda uno de los aspectos jurídicos más relevantes de este caso, así como de otros que le han seguido, reside, en nuestra opinión, en haber reactivado el debate doctrinal en torno de la validez del principio de jurisdicción universal en particular, y del ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal de los Estados en general, una de las cuestiones más clásicas y controvertidas del Derecho internacional, tal como demuestra la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso del Lotus.

Además, desde entonces se ha generado una amplia práctica española en el ejercicio de la jurisdicción universal que ha situado a nuestro país en la vanguardia de la persecución de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y se ha favorecido la proliferación de esta práctica por parte de otros países, en particular en el ámbito europeo. Incluso se ha producido una concatenación de actuaciones nacionales e internacionales que se ha dado en llamar “la cascada de la justicia”. Véase Carmen Márquez Carrasco y Magdalena Martín Martínez, “El principio de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español: pasado, presente y futuro”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional [on line], vol. 11, 2011, pp. 251-303. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009&lng=es&nrm=iso. Consultado el 25 de abril de 2018.

2 Una declaración que parece confirmar que los tiempos judiciales correrán en una sola dirección. México, dicen aquí, está “jurídicamente obligado” a conceder esta extradición, ya que suscribió leyes internacionales como la Convención contra la Tortura. El problema, según especulan en la propia justicia, son los tiempos políticos: en definitiva, la última palabra la tendrá el gobierno mexicano, ya que —así lo estipula la ley— los jueces sólo le entregarán una recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y allí se decidirá si Cavallo pasa los próximos años de su vida en una cárcel española. México está “jurídicamente obligado” a extraditar o juzgar aquí a Cavallo, según dijo el fiscal español Carlos Castresana y aseguró, además, que podrían corresponderle 100 años de prisión si se le comprueban casos de tortura. Véase https://www.clarin.com/politica/gesto-mexicano-apunta-extradicion-cavallo_0_SkHwGcgCYx.html.

3 Véase una entrevista concedida por Carlos Castresana en la siguiente dirección electrónica: http://www.abogacia.es/2016/10/07/carlos-castresana-abogado-y-ex-fiscal-anticorrupcion-la-corrupcion-vulnera-los-derechos-humanos/.

 

 

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