Confusión de marcas e interés legítimo del consumidor

Confusión de marcas e interés legítimo del consumidor

Uno de los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial es evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios. En este sentido, el autor aborda el tema del interés legítimo del consumidor en el caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conceda una marca cuya semejanza en comparación con otra sea similar en grado de confusión.

 

 

El marco jurídico mexicano cada vez da más protagonismo a las personas indebidamente llamadas “terceros”, de quienes se llega a vislumbrar que no son titulares de algún derecho o beneficio otorgado por la ley; no obstante, al Estado corresponde tutelar el bien común y el orden público; no los intereses particulares. Por lo que garantizar el interés legítimo es un avance jurídico, evidencia de que el verdadero Estado de Derecho debe ser ejercido por aquellos cuya persona es el legítimo objeto de tutela de la ley, por ser titulares de la soberanía del Estado.

 

Interés

Según Liebman, el interés para actuar consiste en “la relación de utilidad existente entre la lesión de un derecho, que ha sido afirmada, y el proveimiento de tutela jurisdiccional que viene demandado”.1 Para Ovalle Fabela, el interés jurídico “consiste en la relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a Derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada, así como en la aptitud de ésta para poner fin a dicha situación o estado”.2

Así, podemos afirmar que el interés es aquel nexo que nace derivado de una acción ejecutada por un sujeto, que afecta la esfera jurídica, tutelada por la ley, de un tercero. Según Chiovenda, la legitimación se divide en dos vertientes. La primera, denominada legitimatio ad causam (legitimación para obrar). “Con ésta entiéndese la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva); mientras que con el nombre de legitimatio ad processum se indica la capacidad para estar en juicio por sí o por otros”.3

 

Interés legítimo

Respecto del interés legítimo, Jean Claude Tron Petit propone la siguiente definición: “Pretensión o poder de exigencia respecto a la legalidad de un acto de la autoridad cuya anulación o declaración de ilegalidad trae aparejada una ventaja, a través de invocar la titularidad de un interés y en virtud de presentar una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a su esfera jurídica”.4

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido por interés legítimo en materia administrativa lo siguiente: “Supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico”.5

Ahora bien, el pleno de la SCJN se ha encargado de definir “esfera jurídica”, entendiendo por ésta “el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto”.6

En esa tesitura podemos colegir que el interés legítimo deriva de aquella afectación directa o indirecta al cúmulo de derechos que algún ordenamiento prevé a favor de una persona. Afectación que, de ser anulada, produciría una ventaja, ganancia, recuperación de algún derecho, suspensión de un daño o agravio a una persona.

 

Ley de la Propiedad Industrial

En diversos numerales esta ley prevé la innegable tutela a favor del consumidor. Incluso la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, así como los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, han reconocido esa circunstancia.

El artículo 2, fracción III, dispone como objetivo de dicha ley: “Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores”. Asimismo, un artículo relevante por ser de los más invocados por la autoridad en materia de registro de marcas, es el 90, fracción XVI: “Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares”.

Si bien la fracción XVI del numeral 90 de la citada ley no especifica el sujeto al que se tutela al prohibir la confusión entre dos marcas, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha ilustrado el horizonte legislativo de ese precepto: “Uno de los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios; en tal virtud, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes, para de esta manera proteger al público consumidor, evitando que pueda ser llevado a engaño, esto es, debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas, de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor…”7

En tal virtud, el público consumidor es el titular protagónico de la tutela jurisdiccional que prevé la legislación, lo que se establece en el objeto de la ley, así como, de manera específica, en el artículo 90, fracción XVI. De modo que, inclusive si hay dos particulares cuyas respectivas marcas se encuentran en pugna por una confusión, no basta que ellos pacten un acuerdo de coexistencia marcaria, ya que esto no satisface la tutela jurídica de la cual es objeto la Ley de la Propiedad Industrial que, como ya se dijo, es evitar la confusión del público consumidor sobre dos marcas en lo específico del numeral y la fracción multicitados.

Así entonces, existirá un agravio a la esfera jurídica del público consumidor en caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —autoridad encargada del sistema marcario en México— conceda una marca cuya semejanza en comparación con otra sea similar en grado de confusión, aun cuando el otorgamiento de esa marca se hubiese dado al amparo de un convenio o un acuerdo de coexistencia.

La Ley de la Propiedad Industrial establece mecanismos mediante los cuales se pueden reparar “errores” como el que se acaba de describir en el acápite precedente, como en el caso del procedimiento de declaración administrativa de nulidad previsto por el artículo 151, fracción IV: “El registro de una marca será nulo cuando […] IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares”.

No obstante, el sistema de nulidad marcaria prevé para su inicio procesal diversos presupuestos; entre ellos, la legitimación activa a favor de quien tenga un interés jurídico, mas no legítimo, según lo dispone el numeral 188: “El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente”.

En tal virtud, aun cuando el horizonte de tutela de la Ley de la Propiedad Industrial prevé a favor del público consumidor una protección activa y protagónica, no se encuentra explicitado en una prorrogativa jurídica que le otorgue capacidad para iniciar un procedimiento de declaración administrativa, sea de nulidad, de caducidad o de infracción. Solamente se puede conformar con manifestar causales para que el instituto inicie el procedimiento, si así lo considera conveniente, de forma oficiosa.

 


 

 * Abogado postulante en propiedad intelectual y socio fundador de la firma MyBAbogados®. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

1 Enrico Tullio Liebman, Eficacia y autoridad de la sentencia y otros estudios sobre la cosa juzgada, trad. Santiago Sentís Melendo, Ediar, Buenos Aires, 1946.

2 José Ovalle Fabela, Teoría general del proceso, Oxford, México, 2011, p. 164.

3 José Chiovenda, Principios de Derecho procesal civil, trad. José Casáis y Santaló, Reus, Madrid, 1922, p. 178.

4 Jean Claude Tron Petit, ¿Qué hay del interés legítimo?, Porrúa, México, 2016, p. 53.

5 Contradicción de tesis 69/2002-SS.

6 Tesis 233107 derivada del amparo en revisión 994/57.

7 Tesis VI-TASR-EPI-396 derivada del juicio contencioso administrativo 789/08-EPI-01-3.

 

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