¿Cuándo obliga y cuándo no obliga la jurisprudencia?

¿Cuándo obliga y cuándo no obliga la jurisprudencia?

¿Cuál es el efecto vinculante que tienen los precedentes judiciales? Echando mano de la propuesta del procesalista italiano Michele Taruffo, el autor analiza el efecto vinculante de los precedentes judiciales, desde aquellos que obligan de forma “absoluta y sin excepciones” hasta aquellos en los que existe plena discrecionalidad en su seguimiento.

  

Uno de los postulados que caracterizan la práctica mexicana es la convicción de que existe una categórica separación entre los criterios jurisprudenciales stricto sensu, de aplicación inexorable, y los “aislados” que carecen absolutamente de efecto vinculante y cuya importancia —en el mejor de los casos— es meramente académica y especulativa. En la actualidad esta posición es difícilmente sostenible.1 La gran mayoría de los sistemas jurídicos, incluso connotados integrantes de la tradición romanista, no trazan una línea tajante entre los precedentes judiciales para separarlos maniqueamente en unos que son absolutamente vinculantes y otros que carecen de todo efecto.2 Más bien, en términos generales, antes que de la “validez” o de la “vigencia” de un precedente debe hablarse de su “solidez”, pues tendrá mayor o menor “peso normativo” según la diferente proporción con que satisfaga ciertas características definidas por el sistema jurídico al que pertenezca.

Generalmente los sistemas jurídicos no tratan a los precedentes de modo categórico, como si su obligatoriedad fuera cuestión de “todo o nada”. En realidad, les atribuyen distintos niveles de vigor que van desde reconocerles formalmente un muy fuerte efecto vinculante hasta admitir que tienen una “eficacia normativa persuasiva”, que puede ser vencida con mayor o menor facilidad, pero no soslayada.3

Algunos autores han elaborado escalas con una pluralidad de grados de efecto vinculante de los precedentes judiciales.4 Por su precisión, la que elaboró Michele Taruffo5 me parece la más atendible. Expondré a continuación la propuesta del mencionado procesalista italiano con ejemplos tomados del Derecho mexicano (algunos actualmente no son vigentes, pero sí muy claros), señalando el calificativo que correspondería al precedente según las cualidades de su efecto vinculante:

1) Absolutamente vinculante. Existe obligación “absoluta y sin excepciones” de seguir el precedente. Tal es hoy el caso de la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no admite examen de su inconvencionalidad —la cual podría basarse en su contraste con la jurisprudencia interamericana—, de acuerdo con el pleno del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 299/2013.6

2) Meramente vinculante (binding). El precedente debe seguirse “salvo excepciones previstas”. En nuestro Derecho doméstico, antes de la resolución mencionada en el inciso anterior, tal era la situación de los criterios de la Corte Interamericana y de los mexicanos que estableció la contradicción de tesis 293/2011: en principio, ambos precedentes exigían igual aplicación, pero se especificaba que en caso de oposición prevalecía el más favorable al derecho humano que refirieran.7

3) “Máxima” venciblemente vinculante (defeasibly binding). De estos precedentes “el juez sucesivo pued[e] apartarse, siempre que existan razones relevantes para hacerlo, que se pued[e]n determinar libremente, pero que deben ser indicadas y justificadas” (las cursivas son mías). El artículo 196, párrafo segundo, fracción III, de la anterior Ley de Amparo, disponía que un tribunal colegiado podía apartarse del precedente vinculante de otro “expresando las razones por las cuales considera[ba] que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial”.8 También en esta categoría se hallaría el efecto vinculante horizontal, que sujeta a un tribunal a seguir sus propios precedentes, como puede inferirse del artículo 228 de la Ley de Amparo vigente.9

4) Débilmente vinculante (weakly binding). En relación con este precedente “sólo hay una expectativa genérica de que el mismo sea seguido”, creyéndose “oportuno” que así sea, “pero […] no se producen consecuencias de relevancia si esto no pasa[ra]”. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contienen “fuertes orientaciones” para los demás tribunales, los cuales deben especial respeto a sus criterios dado su carácter de máximo tribunal, por lo que prima facie hay una expectativa de que sean seguidas;10 pero como no se impone explícitamente a éstos la carga de argumentar su decisión de apartarse de dichos precedentes (lo que no significa que metodológicamente carecieran de ella), su obligatoriedad no es tan fuerte como la de los señalados en el inciso anterior.

5) (Meramente) persuasivo. Precedente a cuyo respecto existe plena discrecionalidad sobre su seguimiento. En este supuesto se hallan los criterios aislados de los tribunales colegiados —o, según el caso, de cualquier rango superior— en relación con los juzgados de distrito del circuito judicial que les corresponde.11 Se trata de un efecto vertical simple, a diferencia del referido en el inciso anterior que podríamos calificar de “reforzado” por la máxima jerarquía de la Suprema Corte.

Una figura afín al precedente (variablemente) vinculante es el —llamémosle así, pero indebidamente, por lo que luego diré— “precedente ejemplar”, o simplemente “ejemplo”. Se trata de un criterio judicial con efectos meramente ilustrativos, al que en ocasiones se confunde con el precedente meramente persuasivo que referí en el nivel ínfimo de la escala recién expuesta.

Para construir argumentos de apoyo a la decisión actual pueden aducirse criterios de tribunales diferentes pero de igual nivel, de tribunales extranjeros o internacionales a cuya jurisdicción nuestro país no esté sometido.12 Pero la eventual aplicación de estos criterios no se da por su calidad de “precedentes” sino como “ejemplos”, con el propósito de “mostrar un posible significado [con mayor o menor autoridad] de una regla jurídica, pero sin la pretensión de derivar indicaciones influyentes en la decisión del caso sucesivo”.13

La ratio decidendi sólo tiene la calidad de “precedente” en sentido estricto si es capaz de influir sobre la decisión del caso posterior,14 porque el juez que resuelve éste se halla en alguna medida obligado a seguir su sentido. Es claro que ninguno de los ejemplos mencionados en el párrafo anterior tiene normativamente esta aptitud; sin embargo, atendiendo a la calidad de sus razonamientos, cualquier tribunal podría tomarlos como “ejemplo” y asumir su criterio. Sus rationes serían materialmente persuasivas, ya que “pueden ser respetadas por su razonamiento y seguidas en nombre de la uniformidad y de la consideración (comity)”, no porque en alguna medida sujeten al tribunal que las invoque.15

Una muestra del uso de un “criterio judicial ejemplar” sería el caso de un juez civil de primera instancia que tomase como referente una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,16 la cual evidentemente de ninguna manera vincula su labor. Otra consistiría, de acuerdo con los párrafos segundo y tercero del artículo 217 de la vigente Ley de Amparo, en la situación del juez de distrito que apoyase su resolución sobre la jurisprudencia vinculante de un tribunal colegiado correspondiente a un circuito al cual no pertenece, y que por lo mismo no lo vincula en modo alguno.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y socio de Aguirre, Coaña y Sánchez Gil.

1 Cf. Juan Antonio Xiol Ríos, “Notas sobre la jurisprudencia”, en Ferreres Comella y Juan Antonio Xiol Ríos, El carácter vinculante de la jurisprudencia, México, Fundación Coloquio Jurídico Europeo/Fontamara, 2010, p. 105. Véase también Diego Eduardo López Medina, El derecho de los jueces, 2a ed., Bogotá, Legis/Universidad de los Andes, 2009, pp. 206-207.

2 Véase en general D. Neil MacCormick, y Robert S. Summers, “Reflexiones generales adicionales y conclusiones”, en D. Neil MacCormick, y Robert S. Summers (eds.), La interpretación del precedente. Un estudio comparativo, México, TEPJF, 2016, pp. 505-506.

3 “Mientras que la jurisprudencia vinculante (binding caselaw) tiene que seguirse, la persuasiva ‘no obliga a un tribunal, pero no obstante es acreedora de respeto y de cuidadosa consideración’”, Bryan A. Garner et al., The Law of Judicial Precedent, St. Paul, Minnesota, Thomson Reuters, 2016, p. 164 (las cursivas son mías; citando Black’s Law Dictionary, p. 1367).

4 Véanse, por ejemplo, MacCormick y Summers (eds.), op. cit., nota 2, pp. 516-518, y Martín Orozco Muñoz, La creación judicial del Derecho y el precedente vinculante, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi/Thomson Reuters, 2011, pp. 191-192.

5 Cf. Cinco lecciones mexicanas. Memoria del Taller de Derecho Procesal, México, TEPJF, 2003, en http://bit.ly/1OrtLWe, pp. 204-205.

6 “jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación. no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía”, pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 13, diciembre de 2014, t. I, tesis P./J. 64/2014 (10a.), p. 8. Cf. Rodrigo Camarena González, “La derrotabilidad del precedente constitucional: a propósito de la C.T. 299/2013”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, México, SCJN, año III, núm. 4, enero-junio de 2017, pp. 339 y ss. (donde se exponen cuatro técnicas argumentativas [distinción, circunscripción, inaplicación y desaplicación] que manifiestan la posibilidad de vencer la fuerza vinculante del precedente, pero incluso en franca oposición a lo resuelto en dicha contradicción de tesis).

7 “jurisprudencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos. es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”, pleno, idem, décima época, libro 5, abril de 2014, t. I, tesis P./J. 21/2014 (10a.), p. 204.

8 “jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito. su inobservancia por las autoridades que tienen obligación de acatarla conforme al artículo 193 de la ley de amparo, no conduce necesariamente al otorgamiento de la protección constitucional solicitada”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XII, octubre de 2000, tesis XIV.2o.38 K, p. 1305.

9 Cf. “jurisprudencia de la corte”, pleno, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXIII, p. 652.

10 Cf. “tesis aisladas de la suprema corte de justicia de la nación. el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, previsto en el artículo 217, último párrafo, de la ley de amparo, les es aplicable”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, t. II, tesis XVI.1o.A.24 K (10a.), p. 1790. Cf. artículo cuarto, fracción I, inciso D, del acuerdo general 5/2013 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Véanse también “sentencias de amparo, fuerza obligatoria de las, aunque no sienten jurisprudencia”, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXIX, p. 4087; “sentencias de amparo, fuerzas obligatorias de las, aunque no sienten jurisprudencia”, Tercera Sala, ibid., p. 4088, y “precedentes de jurisprudencia”, Tercera Sala, Informe de 1942, p. 45.

11 Artículo 217, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo. Véanse “tesis de la suprema corte que no integran jurisprudencia. es correcto apoyarse en los criterios sustentados en ellas”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. II, diciembre de 1995, tesis VI.1o. J/3, p. 470, y “amparo directo en materia administrativa. procede en términos del artículo 170, fracción ii, de la ley de la materia, no sólo cuando se aduzcan cuestiones de inconstitucionalidad, sino también de legalidad, conforme al principio pro persona”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 18, mayo de 2015, tesis IV.2o.A.80 K (10a.), p. 2103.

12 Para profundizar respecto de las últimas dos especies, véase Marie-Claire Ponthoreau, “La circulación judicial del ‘argumento de Derecho comparado’. Algunos problemas teóricos y técnicos a propósito del recurso a precedentes extranjeros por el juez constitucional”, trad. de Rubén Sánchez Gil, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa-IIDPC, núm. 14, julio-diciembre de 2010, pp. 225-246.

13 Cf. Taruffo, op. cit., nota 5, pp. 197, 198 y 205. Véase también MacCormick y Summers (eds.), op. cit., nota 2, p. 519.

14 Taruffo, op. cit., nota 5, pp. 198 y 204.

15 Cf. Garner et al., op. cit., nota 3, p. 34.

16 Véase, por ejemplo, “promociones. cuando es evidente que su literalidad se opone a la clara intención del suscriptor, debe prevalecer ésta”, Sala Superior, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tesis S3ELJ 66/2002, pp. 249-250.

 

 

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