¿Quién controla a los contralores?

¿Quién controla a los contralores?

El presente artículo tiene como finalidad mostrar que la corrupción ha penetrado las más altas esferas de la administración pública, y que esa corrupción se expresa no solamente con acciones sino también con omisiones.

 

El hecho de que servidores públicos encargados de vigilar la actuación de los mismos incumplan por omisión las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, constituye una violación a los principios y directrices que rigen su actuación, pero lo verdaderamente grave es que ese incumplimiento puede incidir directamente en el debido funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

De conformidad con el artículo 37 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras atribuciones, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos.

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016 se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio de 2017, y que abrogó, entre otras, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En consonancia con lo anterior, el mismo 19 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que abrogó el publicado en dicho diario el 15 de abril de 2009, y que armoniza las atribuciones de las unidades administrativas y de los servidores públicos de la SFP con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las fracciones I y II del artículo 9 del viejo reglamento son casi iguales a las fracciones I y II del artículo 13 del reglamento vigente, con la salvedad de que el anterior no sólo facultaba a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control para coordinar a los delegados, subdelegados y comisarios públicos, y a los titulares de los órganos internos de control, sino que la facultaba para supervisar a los mismos. Además de que se adicionaron a los titulares de las Unidades de Responsabilidades de las Empresas Productivas del Estado, y se eliminó la mención a la Procuraduría General de la República.

Lo que no logro entender es cómo se privó a la referida Coordinación General de Órganos de Vigilancia de una facultad tan importante como es la de supervisar a dichos servidores públicos, precisamente en el momento en que se está poniendo en operación el Sistema Nacional Anticorrupción.

Esa omisión hubiese convertido a delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control en la administración pública federal en señores feudales, pues ellos decidirían, sin ninguna supervisión, a qué servidores públicos se podría investigar, y la calificación de la infracción entre grave y no grave, como se desprende de los siguientes artículos.

El artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que para efectos de la misma se entenderá por:

“II. Autoridad investigadora: la autoridad en las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de faltas administrativas.

”[…]

”IV. Autoridad resolutora: tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos internos de control. Para las faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, lo será el tribunal competente.

”[…]

”XV. Falta administrativa no grave: las faltas administrativas de los servidores públicos en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control.

”XVI. Falta administrativa grave: las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas”.

El artículo 100 de la misma ley establece: “Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave”.

De los párrafos transcritos se puede concluir que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nunca tendrá el carácter de Autoridad Investigadora, y en tal virtud el mismo deberá concretarse a tramitar los asuntos que le remita la Autoridad Substanciadora, y cuanto más, podrá devolver un expediente porque hubo abstención en la calificación, porque la falta no es grave, u ordenar a la Autoridad Investigadora que reclasifique la falta (artículo 209, fracción II).

Como no existe la menor duda de que dicha omisión podría tener consecuencias negativas en el combate a la corrupción, la propia titular de la Secretaría de la Función Pública se vio obligada a efectuar un “remiendo”. Le llamo así porque lo ortodoxo hubiese sido reformar el reglamento vigente, pero ante la urgencia se emitió un acuerdo, lo que seguramente se explica por el hecho de que éste no requiere la firma del presidente. El 11 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con el nombre de “Acuerdo por el que se encomienda la atención de diversos asuntos a servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública”.

En una de sus acepciones en el diccionario, encomendar se define como “encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o alguien”. Es claro que no se encargaron diversos asuntos, sino que la Secretaría de la Función Pública instruyó a servidores públicos de esa secretaría acerca de cómo deben actuar en determinados supuestos.

En dicho acuerdo no sólo se faculta a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control para supervisar la actuación de los referidos servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, sino que se obliga a estos últimos a someter a su consideración la procedencia de remitir los hallazgos de las auditorías que revistan el carácter de relevantes, y a informar respecto de las investigaciones que revistan el carácter de relevantes (apartado primero del acuerdo).

Cobran especial significado los elementos descritos en el apartado segundo del acuerdo para identificar los asuntos relevantes. En el mismo se expresa que los asuntos relacionados con las auditorías e investigaciones descritas en el apartado primero tendrán el carácter de relevantes cuando se presente alguno de los siguientes elementos:

“a) Calidad o nivel del servidor público involucrado en los hechos que se investiguen, que deberá ser igual o superior al de director general u homólogo en las entidades o empresas productivas del Estado.

b) Monto de los recursos involucrados en los hechos objeto de investigación o auditoría, que rebase $10,000,000.00 (diez millones de pesos, 00/100).

c) Impacto político o social.

d) Importancia y cobertura otorgada al tema en los medios de comunicación”.

La facultad de supervisar a los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control en la administración pública federal es de tanta relevancia para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que me hace preguntar si la omisión fue un descuido o un acto deliberado.

En la hipótesis de que estuviésemos ante un acto deliberado, ¿quién o quiénes tuvieron la capacidad para lograr que en el nuevo reglamento interior se omitiese la facultad de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública de supervisar a dichos servidores públicos?

En el supuesto de que se trata de un acto deliberado, no podría afirmar quién o quiénes no quisieron ser supervisados, pero lo que sí puedo asegurar es que no fue la titular de la Secretaría de la Función Pública, por el simple hecho de que ella emitió el acuerdo y de que el mismo va más allá de la mera supervisión, al imponer a los servidores públicos mencionados en el acuerdo cargas que no formaban parte del reglamento anterior, ya que ahora es una obligación de esos servidores públicos someter a consideración del coordinador general de órganos de vigilancia y control la procedencia de remitirle los hallazgos en el caso de auditorías relevantes e informarle respecto de investigaciones relevantes.

El adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Corrupción forma parte medular de las políticas públicas del Estado mexicano. En política no hay casualidades, por lo que las cargas adicionales impuestas a los servidores públicos materia del acuerdo podrían interpretarse como un llamado de atención a quienes se resisten a cumplir los principios y las directrices que rigen su actuación.

 


 

* Licenciado en Derecho por la UNAM. Consultor en contratos con la administración pública federal y en materia de hidrocarburos.

 

 

 

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