Al margen - Junio 2018

Al margen - Junio 2018

 

Ha hecho bien el Instituto Nacional Electoral al dejar claro que el próximo 1° de julio se admitirá que en las boletas no sólo se considere una cruz en el emblema del partido y el candidato elegidos sino también que se incluyan leyendas e indicaciones como “voto por éste” o “éste es mi gallo”. El proceso busca que se exprese la voluntad popular y no que sólo se cumpla con requisitos formales. Habrá que ver si los magistrados del Tribunal Electoral no deciden invalidar estas decisiones y sólo consideran las cruces donde la intersección de las dos líneas que forman la cruz sea proporcional y el ángulo sea de 90 grados…

 


 

Que la mitad de los 35,424 casos de desaparecidos en México durante los últimos 12 años sean niños y jóvenes de 10 a 29 años no es extraño. La Procuraduría General de la República ha señalado que se les desaparece para explotarlos sexualmente o se les fuerza a enrolase con otros sicarios. La buena noticia —y es buena si se piensa que antes no había nada al respecto—es que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas cada día tiene datos más puntuales y que, a través de muestras de ADN, se podrán esperar resultados en el mediano plazo.

 


 

El sistema de juicio en línea que relanzará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una buena noticia para los usuarios de este órgano jurisdiccional. Su presidente, el magistrado Carlos Chaurand Arzate, ha anunciado, con bombo y platillo, que se apoyará en el Instituto Politécnico Nacional para alcanzar su objetivo.

 


 

 A propósito de dineros, llama la atención la cifra que dio a conocer la ONG Fundar: en los 374 fideicomisos de los tres poderes de la Unión —de los que la Secretaría de Hacienda maneja 80— se guardan 855,477 millones de pesos sin que nadie sepa para qué son y cómo se piensan utilizar. La falta de rendición de cuentas es escandalosa. ¿Para qué se gasta entonces tanto en transparencia, si basta aducir “secreto bancario” para que el dinero público se maneje con tanta oscuridad?

 


 

Tras haber reconocido que el Sistema de Pagos Electrónico Interbancario, diseñado para llevar a cabo las operaciones financieras entre bancos, fue hackeado, el Banco de México anunció la creación de un área encargada de la ciberseguridad. La desprotección costó a Banorte, Banco del Bajío y Banco del Ejército 350 millones de pesos, lo que nos hace recordar que, en los tiempos del ciberespacio, el delito cambia de naturaleza y no podemos darnos el lujo de intentar combatirlo con las mismas herramientas de ayer, como insisten algunos penalistas de la vieja guardia, aferrados al pasado.

 


 

De enero de 2000 a diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 130 homicidios de periodistas. Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa son los estados donde es más peligroso dedicarse a esta profesión. Lo anterior, sin contar la desaparición de 20 periodistas de 2005 a 2017 y los atentados a instalaciones de medios de información. Al respecto, el ministro José Ramón Cossío se ha preguntado recientemente por qué a la CNDH y a las comisiones estatales les toca informar de esta tragedia, cuando por ley le corresponde hacerlo a los policías y a las fiscalías. Las autoridades competentes debieran hacer lo que la ley ordena, ha escrito el ministro. Tiene razón. Quizás lo mismo habría que decir de los 151 “luchadores sociales” desaparecidos en este periodo, de acuerdo con diversas ONG's.

 


 

Hablando de homicidios, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha dado a conocer otro dato inquietante: de 2013 a 2017 hubo 381 homicidios de la comunidad LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual) por razones de odio. Sólo en 2017 se registraron 95, y en lo que va de 2018, unos 24. Cuando uno lee estas cifras, advierte lo lejano que se halla México del Estado Democrático de Derecho.

 


 

Ante las presiones para que en un periodo extraordinario del Senado se nombre al fiscal general contemplado en el artículo 102 de nuestra Constitución, dos son los nombres que más se barajan entre los conocedores del tema: Luis Raúl González y Roberto Gil. Desde luego, no hay que descartar a Alberto Elías, que actualmente está encargado del despacho y, a pesar de todas las presiones políticas que tiene, ha entregado buenos resultados. El Consejo de Participación Ciudadana y otras ONG's exigen que el fiscal sea una persona competente, honesta y valiente. Pero ha subido tanto la vara que no hay ningún candidato así. “Lo mejor —decían nuestras abuelas— es enemigo de lo bueno.” Otras voces menos entusiastas aseguran que, en caso de que exista esa persona perfecta, en ningún caso aceptaría el cargo.

 


 

¿Qué intereses tuvieron Martha María Hernández, consejera de la Judicatura Federal, y el juez Gerardo Moreno para poner tanto empeño en el traslado de Alejandro Gutiérrez de Chihuahua a la Ciudad de México? ¿Por qué la Suprema Corte se ha negado a involucrarse, pero —eso sí— ha exigido que se le informe puntualmente del cumplimiento de la decisión judicial? Si con el mismo entusiasmo que el Poder Judicial de la Federación se ha ocupado de este asunto se ocupara de otros, México tendría pronto jueces y magistrados de primer mundo.

 


 

En periodos electorales las suspicacias y los recelos están a la orden del día. Mientras los consejeros de la judicatura se amenazan con irse a los puños —así, literalmente— y los ministros se hallan en lucha para decidir quién será el próximo presidente, en el cuarto de guerra de uno de los partidos se dice que ninguna reforma prosperará si se mantiene una Suprema Corte como la actual, la cual podría convertirse en un obstáculo insalvable. La “reestructuración” del Máximo Tribunal, dicen ahí, debe estar lista antes de que empiece 2019.

 


 

Bien ha hecho el gobierno de Enrique Peña al llamar a consultas a la embajadora de México en Venezuela tras la farsa electoral que montó Nicolás Maduro a mediados de mayo. Ha hecho bien al desconocer dicha elección y al sumarse a las sanciones que han anunciado otras democracias como Alemania, España, Estados Unidos y el Reino Unido: Maduro está dejando morir de hambre a su pueblo para condicionar sus votos y su obediencia a los alimentos. Es entendible que regímenes autoritarios como Rusia, China y Cuba llamen a “respetar resultados”, pero lo menos que puede hacer México con el sufrido pueblo venezolano es ayudarlo a tener una esperanza. Ojalá que no todo vaya a quedar en un “desconocimiento” sin consecuencias jurídicas y que pronto se rompan relaciones diplomáticas con ese país, hasta el restablecimiento del orden constitucional.

 


 

Es muy difícil pretender contar con una policía, un equipo de peritos y un cuerpo de fiscales competente y honesto mientras que la propia Constitución determina que estos servidores públicos pueden ser echados de su cargo en cualquier momento. Peor aún: si se les echa, ya no pueden ser reinstalados, aun si se les despidió injustificadamente. La fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional tuvo su razón de ser cuando había que limpiar las agencias policiacas y las procuradurías, pero hoy en día la permanencia de esta fracción envía un doble mensaje escandaloso: México aún no cuenta con los sistemas de control de confianza adecuados a lo largo y ancho del país y, además, no tenemos las condiciones para crear un sistema profesional de carrera, condición sine qua non para que policías, peritos y fiscales operen con eficacia. Lo primero que tendrá que hacer el próximo presidente será derogar esta fracción que, por cierto, ya fue eliminada por la Cámara de Diputados y sólo espera que el Senado le dé la puntilla.

 


 

Es cierto que a últimas fechas ha aumentado el robo a ferrocarriles y a transportes públicos, así como la ordeña de hidrocarburos y otros delitos. No es casualidad. Cada seis años los grupos clientelares mandan mensajes al próximo gobierno: si no mantienes mis privilegios, puedo parar el país o, por lo menos, hacerle pasar malos ratos…

 

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Revista El Mundo del Abogado