Al margen - Junio 2019

Al margen - Junio 2019

 

Más allá de los chistes y memes que provocaron los datos proporcionados por Andrés Manuel López Obrador sobre la época en que se fundo México (“Hace más de 10 mil años”, dijo) y la fecha en que se descubrieron vestigios humanos en América (“Hace unos cinco mil o 10 mil millones de años”, aseguró), hay quienes se preguntan por la relación que tiene el presidente con los números. Si pensamos que los mexicas llegaron al valle de México a principios del siglo XIV y que México se creó, como país independiente, en 1821; que el sol se formó hace cinco mil millones de años y que la tierra no tiene más de 4,500 millones de años, hay que suponer que las cifras no son lo de López Obrador. Cuando sus asesores le informan que el Tren Maya costará 150,000 millones de pesos; que el aeropuerto de Santa Lucía ascenderá a 172,000 millones de pesos y que la refinería de Dos Bocas absorberá 8,000 millones de dólares, ¿tendrá idea de lo que significa este dinero y de las obras (más útiles) que se podrían construir con él?

 


 

Nadie ha entendido, bien a bien, qué va a hacer el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Inpadepuro) pues, a juzgar por las atribuciones que se le confieren, hará exactamente lo mismo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. ¿O sólo será un pretexto para seguir despidiendo a los trabajadores del gobierno federal?

 


 

Nadie entiende, tampoco, qué pretende el presidente López Obrador impulsando proyectos tan inviables como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas. Sobre esta última, por cierto, hay que decir que, de acuerdo con todos los diagnósticos, en 20 años ya no se va a necesitar la gasolina. La energía eléctrica solar, eólica y hasta nuclear la harán innecesaria. Además, refinar un petróleo tan denso como el mexicano es carísimo. Sale mucho más barato comprar la gasolina… o, de plano comprar una refinería: en Texas las están rematando por la cuarta parte de lo que el gobierno mexicano pagará por Dos Bocas.

 


 

¿Es usted licenciado y le gustaría firmar como doctor? Si está dispuesto a hacer un desembolso para cubrir un donativo, costear su anillo y un kit que incluye toga, birrete y venera, están proliferando empresas que ofrecen doctorados honoris causa. No importa que usted no tenga mérito alguno. Business are business. Muchos servidores públicos, jueces, magistrados, notarios y litigantes ya están en lista de espera. No desaproveche la oportunidad.

 


 

El escándalo que provocaron algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes retrataron durante la fastuosa boda de la hija de un conspicuo litigante, debe servir de lección a sus colegas: un ministro no es cualquier funcionario. Dura en su encargo lo que dura, tiene el prestigio que tiene, gana lo que gana y alcanza la más codiciada jubilación del servicio público a cambio de algo invaluable: su independencia. Y ser independiente supone —qué tristeza— renunciar a muchas frivolidades que pueden comprometerlo. Verlos en una comilona, departiendo con políticos, cantantes, empresarios y litigantes que, con toda seguridad, exponen ante ellos sus casos, es algo que desanima a cualquier mexicano que carezca de estas relaciones. Hasta el más ingenuo de ellos se preguntará: ¿qué más aceptarán los ministros, además de las invitaciones?

 


 

Germán Martínez nunca da paso sin huarache y son muchos los que opinan que su renuncia es sólo un paso estratégico para alcanzar la gubernatura de Michoacán. Aun así, hay que admitir que dar a conocer sus motivos fue muy oportuno: ¿cómo explicar que se ahorre en medicinas, médicos y hospitales para costear médicos, medicinas y hospitales para las personas más necesitadas? Su renuncia dejó claro que el dinero que se está ahorrando puede tener otro destino. Cuando uno lee que la fortuna de la hija de Hugo Chávez —un dirigente que declaró que ya no vivía para él sino para el pueblo— asciende a 4,197 millones de dólares, en Andorra y Estados Unidos, según diversos medios de comunicación, las dudas se justifican.

 


 

A pesar de las críticas recientes que el presidente André Manuel López Obrador hizo al INAI sobre su reticencia a exigir que se develaran condonaciones fiscales, la verdad es que, desde hace años, el instituto ha exigido que se den a conocer estos datos. Los hizo, incluso, cuando se llamaba IFAI, pasando por encima del Código Fiscal, que castigaba con seis años de prisión a quien quebrantara el secreto fiscal. Ahora que el Sistema de Administración Tributaria ha abierto los montos por órdenes de presidente, no parece justo responsabilizar al INAI de algo que ha hecho desde su creación.

 


 

Hay que celebrar la obtención de una suspensión definitiva contra los actos de cancelación del programa de Estancias Infantiles, vigente hasta el 2018, que, a través de la Fundación Barra Mexicana, promovieron 99 personas, entre titulares de estancias infantiles y padres de familia. Esto implica que, al menos, 40 estancias infantiles en la Ciudad de México y el Estado de México seguirán recibiendo fondos federales.

 


 

El que anda prometiendo el oro y el moro a los viejos priístas y hasta a los morenistas es el abogado Alejandro Moreno —Alito le dicen sus amigos—, actual gobernador de Campeche. Su sueño es la presidencia del PRI y, según las malas lenguas, ha prometido que, si lo consigue con el apoyo de la facción oaxaqueña, se esmerará en que la próxima gobernadora de Oaxaca sea la nuera de José Murat. Pero, más allá de los dimes y diretes, ésta sería una pésima noticia. No para el PRI sino para la democracia mexicana, que vería aún más debilitada a la oposición. A poco que lo pensemos, quien pudiera sanar al PRI no es un abogado sin un médico…

 


 

A pesar de su múltiples virtudes y destrezas, la abogada Josefa González Blanco no estaba lista para encabezar la SEMARNAT. Así lo decían tanto sus amigos como sus detractores. Administrar un proyecto tan grande requería experiencia. En cualquier caso, su salida recordó la de Humberto Benítez, al principio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, “para dar una lección a la prepotencia”. La diferencia fue que Benítez sufrió las consecuencias de la conducta de otra persona y todo el mundo consideró su cese como una injusticia. En el caso de Josefa González Blanco no fue así. Después de Benítez fueron decenas de funcionarios los que cerraron calles, utilizaron helicópteros y aviones, cometiendo abusos a granel, y nadie dijo nada. Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga el rigor durante su sexenio frente a los desplantes de su equipo.

 

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