El Poder Judicial abre las condonaciones del SAT

El Poder Judicial abre las condonaciones del SAT

 

¿La información sobre la condonación o cancelación de adeudos fiscales debe ser pública a fin de que la ciudadanía tenga certeza de que las autoridades tributarias no otorgan beneficios injustificados a algunos contribuyentes? ¿O debe prevalecer el secreto fiscal como un instrumento de protección al contribuyente? El autor responde estas preguntas a la luz de un caso en el que, tras varios años de litigio, en febrero de 2017 un Tribunal Federal ordenó al SAT informar quiénes recibieron este beneficio del 1º de enero de 2007 al 30 de julio de 2015 —resolución que esa autoridad sigue sin acatar hasta el día de hoy—.

 

 

La publicidad de las condonaciones del SAT1 son cosa juzgada. La obligación de las autoridades fiscales de proporcionar a Fundar, A.C., la información relacionada con los nombres de los contribuyentes beneficiados, sus claves en el registro federal de contribuyentes y los montos que a cada uno de ellos fueron condonados, ha sido convalidada por el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, el SAT tendrá que cumplir con esa obligación.

Debe quedar claro que la legalidad de esas condonaciones no ha sido objeto de debate, pues se acepta que las mismas estaban previstas en leyes emitidas por el Congreso federal. Tampoco se acusa al SAT de haber actuado en forma ilegal.2

El punto de controversia ante el INAI3 fue si la información concerniente a las condonaciones estaba protegida por el secreto fiscal regulado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, o bien si se encontraba sujeta a los principios de transparencia y máxima publicidad aplicables en materia de recursos públicos, que como derecho humano se establece en el artículo 6º, apartado A, fracción I, de la Constitución federal. El cuestionamiento de fondo se centra en la opacidad del SAT para hacer pública dicha información.

 

Antecedentes

En forma esquemática, los antecedentes del caso son los siguientes:

1. Mediante solicitud de 21 de agosto de 2015, Fundar, A.C., solicitó al SAT información sobre las personas a quienes les fueron condonados o cancelados adeudos fiscales, mediante un listado en el que se relacionara el nombre, clave de registro federal de contribuyente, monto del adeudo fiscal condonado o cancelado y motivo por el cual le fue otorgado dicho beneficio, del 1º de enero de 2007 al 30 de julio de 2015.

2. El 10 de septiembre de 2015 el SAT dio respuesta a Fundar, A.C., en un doble sentido:

- Respecto de la información correspondiente al periodo del 1º de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, “se hace de su conocimiento que dicha información está clasificada como reservada, en virtud de estar protegida por el secreto fiscal”.

- En cuanto a la información relativa al periodo del 4 de mayo al 30 de julio de 2015, en la página de internet del SAT “podrá consultar la clave de registro federal de contribuyentes, nombre y/o razón social de las personas morales a quienes el Servicio de Administración Tributaria les ha condonado y cancelado créditos fiscales a partir del 5 de mayo de 2015”.4

3. En contra de esta resolución, Fundar, A.C., promovió recurso de revisión ante el INAI,5 resuelto el 27 de octubre de 2015 en el sentido de instruir al SAT:

- Por lo que hace al periodo del 1º de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, entregar a Fundar, A.C., la información relativa al nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes cuyos créditos fueron condonados, relacionados con el monto que les fue condonado.

- Respecto al periodo del 5 de mayo al 30 de julio de 2015, hacer del conocimiento de Fundar, A.C., la totalidad de información que puede consultar, así como la fuente, el lugar y la forma en que puede ser revisada.

4. El SAT, escudándose en el secreto fiscal del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se negó a dar cumplimento a la resolución del INAI en cuanto a la información correspondiente al periodo del 1º de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015. Ante este incumplimiento, Fundar, A.C., promovió juicio de amparo, el cual quedó radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió el amparo para el efecto de que el SAT acate la instrucción de INAI.6

5. En contra de esa sentencia, el SAT promovió recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que confirmó la sentencia del juez de distrito.7 De este modo, la obligación del SAT de entregar a Fundar, A.C., la información solicitada es definitiva y jurídicamente inexcusable.

6. Por su parte, inconformes con la resolución del INAI del 27 de octubre de 2015, un grupo de 170 contribuyentes beneficiados con la condonación de créditos fiscales promovieron 52 juicios de amparo en los que invocaron en su favor el secreto fiscal regulado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, como causa para evitar que el SAT revelara su información. Otro argumento es que el INAI no respetó la garantía de audiencia previa en su perjuicio.

7. A la fecha, el SAT continúa sin entregar a Fundar, A.C., la información relativa al periodo del 1º de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

 

El amparo de Fundar, A.C.

El resultado de este amparo es un hito en el constitucionalismo mexicano. Las sentencias emitidas en las dos instancias dejaron clara la preeminencia del derecho a la transparencia en materia de condonaciones fiscales, sobre el secreto fiscal de los contribuyentes.

La sentencia del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tiene dos conclusiones relevantes. Por un lado, confirma que las resoluciones del INAI son definitivas, obligatorias e inatacables para los entes públicos, por lo que no pueden negarse a cumplirlas. Por otra parte, sólo los particulares —nunca las autoridades— están legitimados para acudir al amparo en contra de las resoluciones del INAI. En la respectiva ejecutoria se concluye lo siguiente:

“Este tribunal colegiado debe responder la siguiente pregunta: ¿Esta resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es definitiva y vinculatoria para el sujeto obligado [el SAT], es decir, puede jurídicamente negarse a cumplirla so pretexto de que el análisis ahí efectuado es incorrecto?

”[Frente a la resolución del INAI] las autoridades ya no se encontraban jurídicamente en aptitud de negar el acceso a esa información, alegando razones sobre su secrecía fiscal, [en tanto que de la Ley de Transparencia] deriva un principio de definitividad para los sujetos obligados, aquí autoridades responsables, por lo que debieron dar cumplimiento incondicional a la aludida resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, resultando inadmisible insistir en su negativa de acceso a la información.

”Por esa razón, la potestad que tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación de revisar las resoluciones que emite el referido instituto, con base en las reglas interpretativas previstas en el artículo 1, párrafo segundo, constitucional, sólo es jurídicamente posible desplegar en el caso en que los particulares las impugnen a través del juicio de amparo por conculcar sus derechos fundamentales; no así tratándose de las autoridades, para quienes son vinculatorias e inatacables”.

El SAT, por lo tanto, tiene que cumplir con esta ejecutoria, incluso si con ello se afectan los derechos de los contribuyentes condonados, aun cuando se ostenten como terceros extraños porque no tuvieron la oportunidad de defensa previa ante las autoridades fiscales y el INAI. Por eso es que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio: “Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas”.

Al respecto, la interpretación histórica de la Segunda Sala de la SCJN8 ha sido: "Tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución del mismo”.9

En fecha reciente, la Primera Sala de la SCJN ha sostenido que dicha causal de improcedencia “se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal […] por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica”.10

 

Los amparos de los contribuyentes

Estos amparos han tenido distinta suerte: unos han sido sobreseídos, otros continúan pendientes de resolución en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, y en el resto se ha concedido el amparo para que el INAI emplace a los quejosos a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en respeto de su garantía de audiencia. Puesto que la ejecutoria del 2 de febrero de 2017, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es de cumplimiento ineludible para el SAT, se actualiza la imposibilidad jurídica de que cualquier otra sentencia de amparo la modifique. De esta forma, lo conducente es que en los juicios aún vigentes se decrete el sobreseimiento por una causal de improcedencia superveniente, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

En lo que concierne al cumplimiento de las sentencias de amparo a favor de los contribuyentes, el INAI tendrá que emplazarlos para que ejerzan su oportunidad de defensa previa. Subsecuentemente, el INAI deberá acatar la ejecutoria de amparo dictada en el juicio promovido por Fundar, A.C., incluso si con ello se afectan los intereses de los contribuyentes condonados, por lo que su obligación será confirmar su resolución del 27 de octubre de 2015 y asegurarse de su cabal cumplimiento.

 

Conclusiones

La ejecutoria de amparo en favor de Fundar, A.C., es de cumplimento obligatorio para el SAT —el INAI también tiene que acatarla—, a pesar de que se afecten los derechos de terceros, en particular de los contribuyentes beneficiados con las condonaciones fiscales por el periodo del 1º de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Lo conducente, por lo tanto, es que los amparos promovidos por dichos contribuyentes, que continúen en trámite, se sobresean por los jueces de distrito o por los tribunales colegiados de circuito que los tramitan. En cuando hace a los amparos ya resueltos, el INAI debe emplazar a los quejosos y, en el momento procesal que corresponda, desestimar sus argumentos de defensa que presenten y ratificar la instrucción al SAT para que proporcione la información solicitada por Fundar, A.C.

 


 

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México.

[1] SAT, Servicio de Administración Tributaria.

2 Un señalamiento es que las condonaciones fueron autorizadas por el SAT en forma arbitraria, lo cual podrá determinarse después de que el SAT proporcione la información solicitada por Fundar, A.C.

3 INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

4 https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/.

5 Expediente RDA 5354/15.

6 Sentencia de 19 de mayo de 2016 dictada en el expediente 192/2016.

7 Sentencia de 2 de febrero de 2017 dictada en el expediente A.R. 179/2016.

8 SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9 Jurisprudencia 180: ejecución de sentencias de amparo contra terceros de buena fe, apéndice 2000 al SJF [Semanario Judicial de la Federación], quinta época, Segunda Sala, registro 917714. En el mismo sentido, tesis VI.1o.8 K: amparo contra el cumplimiento de una ejecutoria dictada en otro. es improcedente aunque el quejoso alegue ser extraño a la controversia constitucional, SJF, octava época, registro 208160.

10 Tesis 1ª CCLXXVI/2015 (10ª): improcedencia del juicio de amparo derivada del cumplimiento de un fallo protector. el artículo 61, fracción ix, de la ley de amparo, no transgrede el derecho del gobernado a contar con un recurso eficaz. SJF, décima época, registro 2010008. Este criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la SCJN en la tesis 2ª XLIX/2017 (10ª): improcedencia del juicio de amparo. el artículo 61, fracción ix, de la ley de amparo, que prevé la causal relativa, no viola el derecho humano a un recurso eficaz, Gaceta del SJF, décima época, registro 2014019.e.

 

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