Revive el embargo a Cuba

La protección en materia de inversión y la Ley Helms-Burton

Revive el embargo a Cuba

 

La línea por la cual se ha desarrollado la política exterior de Estados Unidos durante los últimos años, al igual que el sello característico de la administración Trump, ha sido radical y poco ortodoxa. En ciertos temas (conflicto palestino-israelí, Corea del Norte, Rusia, calentamiento global, etcétera) ha roto con las posiciones históricas de administraciones estadounidenses previas, a pesar de que en algunas se presentaban avances graduales.

 

 

Los acercamientos que la administración de Barack Obama había emprendido en diciembre de 2014 para regularizar la relación bilateral con Cuba, y, en consecuencia, tratar de flexibilizar el embargo económico, quedaron completamente sepultados. El pasado 17 de abril el secretario de Estado, Michael Pompeo, anunció lo que llamó “una decisión importante respecto de la política de Estados Unidos frente a Cuba”, la cual se daba como resultado de que “el juego de la administración del presidente Obama con la junta de los [hermanos] Castro no disuadió al régimen [cubano] de seguir hostigando y oprimiendo”.

El anuncio de Pompeo se centró básicamente en informar que la administración Trump había tomado la decisión de no suspender —como se venía haciendo desde hace 22 años— la entrada en vigor del título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton. De esta manera, aquellos ciudadanos estadounidenses a quienes les fueron confiscadas sus propiedades por las autoridades cubanas, desde la llegada de Fidel Castro al poder (hace 60 años), pueden entablar demandas ante cortes estadounidenses, a partir del 2 de mayo de 2019, en contra de aquellas personas (estadounidenses o extranjeras) que estén lucrando o traficando con sus propiedades confiscadas en Cuba.

El secretario de Estado señaló que la medida tenía como motivos: la responsabilidad del gobierno cubano “por la incautación de activos estadounidenses”; ayudar “a aquellos [estadounidenses], a quienes el régimen [cubano] ha robado, a obtener una compensación por su propiedad legítima”, y la promoción de “los derechos humanos y la democracia en nombre del pueblo cubano”. Sin embargo, el detonante para el cambio radical de posición fue el apoyo que el gobierno cubano le ha dado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Tal motivación quedó plasmada por el propio Pompeo al twittear: “El régimen cubano ha exportado por años su opresión a Venezuela. El ejército y los servicios de inteligencia y seguridad cubanos han mantenido a Maduro en el poder. Este comportamiento mina la estabilidad de los países en el hemisferio occidental y representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Ante esa medida, el gobierno estadounidense realiza una jugada de dos bandas con la cual regresa la relación con Cuba a su estado de décadas atrás y busca acorralar más al presidente de facto venezolano al sancionar a los gobiernos extranjeros que lo siguen apoyando.

Ante el anuncio de la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, las reacciones a nivel mundial no se dejaron esperar. Canadá y la Unión Europea (cuyos compatriotas se encontrarían entre los principales afectados) emitieron un comunicado conjunto. Y México hizo lo propio a través de su cancillería. Los términos de los comunicados fueron similares, ya que lamentaron la decisión del gobierno estadounidense y criticaron el carácter extraterritorial de la medida, que calificaron como contraria al Derecho internacional. La Unión Europea y Canadá señalaron que trabajarían en conjunto para defender los intereses de sus compañías en el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a través de sus leyes nacionales “antídoto”, para revertir las afectaciones en contra de sus inversionistas. México, por su lado, cerró su comunicado refrendando “su apoyo al fin del bloqueo económico y comercial impuesto contra Cuba”.

 

Protecciones a la inversión extranjera

Más allá del trasfondo político es importante analizar la motivación jurídica detrás del título III de la Ley Helms-Burton, la cual fue calificada como un remedio legal creado como “una oportunidad de justicia para los cubanoamericanos que durante mucho tiempo buscaron ayuda debido a que Fidel Castro y sus lacayos confiscaron sus propiedades sin compensación”. En otras palabras, el gobierno estadounidense justifica su medida bajo el ejercicio de la protección diplomática a través de la cual busca resguardar los intereses de sus nacionales, específicamente de aquellos que realizaron inversiones en Cuba y les fueron confiscadas ilegalmente.

Los mecanismos de solución de controversias en materia de inversión extranjera han partido desde el escenario donde no existía un mecanismo especializado más que la protección diplomática. Le siguió la creación de mecanismos ad hoc codificados en tratados bilaterales de inversión y el reconocimiento de la competencia de mecanismos regionales e internacionales especializados; hasta la etapa actual, donde en el Grupo III de la UNCITRAL se discute sobre la reconfiguración del sistema y la creación de una corte mundial especializada en la materia.

En 1959, año en que triunfó la Revolución cubana y Fidel Castro llegó al poder, inició propiamente el corpus de la reglamentación de los principios que regulaban y protegían las inversiones extranjeras. Consecuentemente, la naciente regulación a mediados del siglo pasado ayudó para que los nacionales estadounidenses en Cuba no recibieran la compensación adecuada (o siquiera compensación alguna). De ahí que el asunto no se pudo dirimir de otra manera más que con el establecimiento de represalias legales por parte de Estados Unidos hacia Cuba.

 

Reacción internacional

Como se mencionó en la edición de febrero de esta sección, México ha tenido experiencia en el pasado con la Ley Helms-Burton: en 1996 una delegación cubana fue expulsada del Hotel María Isabel Sheraton como consecuencia de la aplicación extraterritorial de esa ley. Derivado de ese incidente, en México se promulgó la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional con la finalidad de cristalizar el rechazo absoluto a aquella acción y eliminar el impacto negativo que medidas extraterritoriales pudieran tener en materia comercial y de inversión en contra de personas en territorio nacional.

Lo mismo sucedió con la Unión Europea, que en 1996 inició un procedimiento en contra de Estados Unidos ante la OMC —en el cual México y Canadá participaron como terceros interesados— por considerar que “las restricciones comerciales que Estados Unidos aplica a las mercancías de origen cubano, así como la posible denegación de visados y de entrada al territorio de Estados Unidos a personas que no tengan la nacionalidad estadounidense [con base a la Ley Helms-Burton] son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en aplicación del acuerdo sobre la OMC […] Las comunidades europeas alegan también que, aunque esas medidas de Estados Unidos no lleguen a vulnerar disposiciones concretas del GATT o del AGCS [Acuerdo General sobre Comercio de Servicios], anulan o menoscaban las ventajas que esperaban obtener […] del AGCS e impiden la realización de los objetivos del GATT de 1994”. El proceso concluyó al llegarse a un entendimiento con Estados Unidos, según el cual se relajaría el título III y se dejaría de aplicar el título IV que permitía la negativa de visados a aquellos nacionales europeos que explotaran las propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba.

Tanto la Unión Europea como Canadá y México cuentan con leyes “antídotos”, las cuales establecen principalmente, por un lado, la facultad de sus cortes nacionales para negar el reconocimiento y la ejecución de aquellas sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con base a la Ley Helms-Burton, y por el otro, crean una acción jurídica a través de la cual las personas afectadas por la aplicación de la Ley Helms-Burton podrán, mediante una demanda espejo, demandar ante cortes nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes estadounidenses y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que fueron condenados.

 

Conclusión

A pesar de que se critica el supuesto efecto extraterritorial de la Ley Helms-Burton, su aplicación es meramente territorial, ya que mediante las leyes “antídoto” difícilmente se podrá ejecutar una sentencia estadounidense ante las autoridades de la Unión Europea, Canadá o México. En este sentido, los inversionistas que no tengan intereses comerciales, económicos o financieros en territorio estadounidense pueden estar tranquilos, ya que difícilmente sus bienes —en tanto no se encuentren al alcance de las autoridades estadounidenses— no se verán afectados. Siendo el mercado estadounidense uno de los más atractivos a nivel mundial, el escenario antes descrito básicamente es inexistente, por lo que resultan necesarias las gestiones de los gobiernos para proteger a sus nacionales.

En este sentido, resultará interesante ver si la reclamación que presenta la Unión Europea en contra de Estados Unidos ante la OMC se presenta bajo los mismos términos que hace 23 años, y si, eventualmente, pueden presentarse reclamos en contra de las autoridades estadounidenses por una eventual sentencia basada en el título III de la Ley Helms-Burton, equiparable a una expropiación directa o indirecta en contra de los inversionistas extranjeros bajo tratados regionales y bilaterales.

Como se puede apreciar, el anuncio de las autoridades estadounidenses tiene múltiples aristas, las cuales generarán, primero, que los gobiernos identifiquen el universo de sus nacionales que pueden ser afectados; segundo, la materialización de políticas nacionales que blinden de forma efectiva al sistema jurídico para evitar reconocer validez a cualquier acto de autoridad extranjero basado en la Ley Helms-Burton; tercero, el despliegue de esfuerzos diplomáticos por parte de los gobiernos extranjeros para negociar con las autoridades estadounidenses una exención del título III hacia sus nacionales; cuarto, la búsqueda de remedios internacionales que permitan ejercer presión para que las autoridades estadounidenses dejen sin efecto la Ley Helms-Burton por ser contraria a la luz de los acuerdos mundiales de comercio, y quinto, la interposición de demandas en los mecanismos de solución de controversias en materia de inversión extranjera que sancionen la actuación de las autoridades estadounidenses bajo el título III o de las autoridades extranjeras bajo sus leyes espejo.

Sin duda, el camino por parte de Estados Unidos para buscar una compensación a sus nacionales por la pérdida de sus propiedades en Cuba, las cuales han sido valuadas aproximadamente en 1.8 miles de millones de dólares, todavía es muy largo. Sin embargo, hay que tener en mente que los brazos de la justicia estadounidense son muy extensos.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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