Los derechos humanos bajo asedio

Los derechos humanos bajo asedio

 

Un fantasma vuelve a recorrer el mundo: el nacionalismo. Si la historia no fuera suficiente para convencernos del daño que éste ha causado, muchos políticos se esmeran en resucitarlo para convertirlo en la plataforma de su poder.

Defender los intereses de nuestro país es razonable. Nadie podría objetarlo. Pero pretender que estos intereses deben protegerse pisoteando a individuos, países o valores cuya universalidad —así sea acordada— también benefician al nuestro, suele devenir en abusos, conflictos y guerras, donde todos salimos perdiendo.

El cinismo con el que Putin se apropió de Crimea; el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos; el Brexit que ha hecho tambalear los principios de la Unión Europea; el desprecio de los jefes de gobierno de Polonia y Hungría por el Poder Judicial, así como la indiferencia de los presidentes de Turquía y Brasil frente a horripilantes prácticas como la tortura, son emblemáticos.

La protección de los derechos humanos no ha escapado a esta tendencia. Olvidémonos por un momento de otras culturas —en Brunei se lapida a los gays y se mutila la mano de los ladrones— para concentrarnos en Occidente: instrumentos como el Margen de Apreciación Nacional o la doctrina de la Identidad Constitucional, diseñados en Europa para hacer prevalecer el interés nacional sobre pactos y acuerdos internacionales, debe ponernos sobre aviso.

En América Latina, a pesar de los enormes esfuerzos para fijar criterios y salvaguardar los derechos en la región que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a cuyo pleno dedicamos la portada de este número, cada vez son más los países que, en su afán de afianzar el poder de sus grupos dominantes, se esmeran en dinamitar esta institución.

La “nota” que, a finales de abril, entregaron los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exige que no se invadan las esferas de competencia. Paradójicamente, esto fue lo que dio nacimiento a los órganos internacionales que velan por los derechos humanos: evitar que, con pretexto de la soberanía, se vulneraran los derechos de las personas.

¿Qué ocurre cuando en un país se desdeñan los derechos de una persona o de un grupo? ¿Los estándares para defender los derechos humanos pueden ser distintos en una nación que en otra? Dar la espalda a la universalidad no sólo significaría un brutal retroceso respecto a los logros anteriores, sino que anularía el espíritu que alentó la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. Organismos como la Corte Interamericana son los que han permitido que sus miembros actúen de conformidad con el Derecho, independientemente de la izquierda, la derecha y los vaivenes políticos. ¿Es de esta “conciencia” de la que se quieren desligar Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay?

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró al respecto que esta nota “se funda en argumentos de soberanía similares a los invocados en su época por Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner. El tono puede cambiar, pero los argumentos son los mismos. Evo Morales, por ejemplo, ha criticado a la comisión por no respetar la soberanía de Bolivia. Del mismo modo, Rafael Correa promovió una reforma al sistema interamericano, al que acusaba de violar la soberanía de gobiernos democráticos y de no ceñirse a la Convención Americana. Y Hugo Chávez denunció la Convención Americana porque, en su opinión, el sistema interamericano no respetaba la legislación bolivariana”.

A esta denuncia se han sumado distintas organizaciones de la sociedad civil: no es posible que los gobiernos nacionales pretendan desafanarse de sus obligaciones internacionales y debilitar la defensa de los derechos fundamentales en la región, parapetándose en la soberanía nacional. ¿A qué le tienen tanto miedo?

Los gobernantes de estos países deben entender que el escrutinio les beneficia. Les permite adquirir legitimidad ante sus gobernantes y, por ende, elevar sus niveles de gobernabilidad. Hay que desearle larga vida a la Corte y a la Comisión… Y los abogados tenemos que trabajar por que la alcancen.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

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