Álvaro Augusto Pérez Juárez

¿Hacia dónde va el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México?

Álvaro Augusto Pérez Juárez

 

Con proyectos como la Ciudad Judicial en la colonia Doctores —en la que recientemente se inauguró el edificio y el salón del pleno de magistrados—, la consolidación del Centro de Justicia Alternativa o la consulta de expedientes en línea, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México trabaja por hacer realidad el anhelo social de resolver de forma justa los conflictos cotidianos de la población de la capital del país. De estos esfuerzos nos habla el magistrado presidente de dicho órgano.

 

 

En septiembre entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México. En lo que respecta al Poder Judicial, ¿qué cambios se avizoran? ¿Se ve afectado?

Sí, consideramos que hay una intromisión a la autonomía e independencia del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo.

 

¿Por qué?

Porque la nueva Constitución prevé, por ejemplo, la creación de un Consejo Ciudadano que en este esquema es electo por el Poder Legislativo, sin participación alguna del Poder Judicial. Este Consejo Ciudadano nombra al Consejo de la Judicatura y éste propone magistrados y nombra jueces.

 

¿Y en qué consiste la afectación?

En que se dan atribuciones a un órgano, que es el Consejo Ciudadano, para entrometerse en asuntos que deben ser propios del Poder Judicial, como la elección de sus juzgadores, además de que la figura no está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

¿Podemos inferir que la idea de un Consejo Ciudadano favorece la participación ciudadana?

No necesariamente. La Constitución General de la República establece la independencia y la autonomía de los tres poderes de la Unión, así como una participación equilibrada y una sana colaboración entre ellos, lo cual fortalece, tanto en nuestro Derecho constitucional como a nivel internacional y comparado, el Estado de Derecho y la democracia. En estos mismos ámbitos de competencia, la independencia y la autonomía judiciales no son sólo formas de actuar, sino derechos de las personas que garantizan una justicia digna e imparcial, sin influencia de factores externos, con apego irrestricto a la ley.

 

¿Y qué van a hacer al respecto?

Interpusimos una controversia constitucional que esperamos prospere, porque nos asiste la razón y la ley.

 

¿Cómo se eligen ahora jueces y magistrados?

Los jueces, a través de concursos de oposición, y permanecen en el cargo por medio de exámenes de ratificación cada seis años. Los magistrados, a propuesta del jefe de Gobierno; el Consejo de la Judicatura verifica que cumplan con los requisitos formales y la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta. A los seis años termina el nombramiento de magistrado; para continuar en el cargo, puede darse su ratificación a propuesta del jefe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa, quien lo aprueba, previa verificación de los requisitos formales del Consejo de la Judicatura.

 

¿Y usted qué propone?

Los concursos de oposición para los cargos de juez y magistrado, que permitan la inamovilidad, la cual también es una garantía de los juzgadores, que a su vez hace vigente la independencia judicial.

 

¿Qué hay de la inamovilidad? ¿No cree que esta figura fortalecería la autonomía del Poder Judicial?

Sí, de hecho existe, y la idea es que continúe. Los magistrados, al terminar su periodo de seis años, pueden ser ratificados, con lo cual obtienen la inamovilidad. En el caso de los jueces, pueden permanecer en el cargo un número indefinido de periodos, siempre y cuando acrediten los exámenes correspondientes, como sucede en la actualidad.

 

¿Considera que el Poder Judicial de la Ciudad de México es independiente?

En términos generales sí, pero no olvidemos que aún se encuentran pendientes algunas propuestas legislativas en materia de autonomía financiera que permitan garantizar la independencia y la autonomía judiciales, que se traducirán directamente en hacer vigente una justicia accesible a todas las personas y harán realidad la democratización de la justicia.

 

¿Qué sugiere para que esto se logre?

Habría que pensar en fórmulas de participación financiera y en estudios actuariales, previstos en la Constitución, a la manera de las leyes de coordinación fiscal, que no estén sujetos a negociación anual al discutirse el presupuesto de egresos de la ciudad. Esto fortalecería, sin duda, nuestra independencia.

 

Respecto de la autonomía, ahora que inauguró nuevas instalaciones del tribunal, se pudo ver en primera fila al ingeniero Carlos Slim y a funcionarios de primer nivel del Grupo Televisa. ¿No cree que esto sea un mensaje que contradice la autonomía?

No, de ninguna manera. El tribunal es una casa abierta a todos los ciudadanos y a todas las organizaciones, pues además de las personas que usted menciona estaban presentes representantes de sindicatos, de barras de abogados, de universidades, de organizaciones no gubernamentales… Es la casa de todos, por eso estaban presentes esos personajes.

 

Respecto del nuevo recinto que inauguró, ¿qué oficinas alberga?

El nuevo edificio del Poder Judicial capitalino fue proyectado para consolidar la Ciudad Judicial, con el propósito de concentrar, en la céntrica colonia Doctores, la mayoría de los servicios que en materia de justicia brinda a la ciudadanía el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por su ubicación, la Ciudad Judicial facilita el traslado a los empleados y a los usuarios de la justicia, ya que en sus alrededores se ubican estaciones de Metro, Metrobús y Ecobici, entre otros servicios.

Este nuevo edificio albergará: un salón de plenos, un auditorio, 10 salas civiles (segunda instancia), cinco salas familiares (segunda instancia), un Ministerio Público, una Defensoría de Oficio, el Instituto de Estudios Judiciales, la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, y la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial.

 

Platíquenos del proyecto de albergar en estas instalaciones una Escuela de Jueces y Magistrados.

Es algo que nos gustaría hacer. Independientemente del nombre que se le dé, estamos liderando este proyecto que pretende formar juzgadores, defensores de oficio, agentes del Ministerio Público...

 

¿También agentes del Ministerio Público?

Sí, por qué no. Al justiciable lo que le interesa es que las cosas funcionen, y esto lo podemos lograr si los poderes nos coordinamos y creamos una escuela que sirva para formar y capacitar no sólo a nuestros cuadros, sino a todos los ámbitos que integran la justicia, es decir, ministerios públicos, sistema penitenciario, colegios y barras de abogados, academia y sociedad civil.

 

Aunque son muchas las materias sobre las que tiene competencia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por su relevancia y reciente entrada en vigor, le preguntamos sobre el sistema penal acusatorio. ¿Cómo va en la ciudad a poco más de dos años?

Va bien, pero hay que divulgarlo para que la gente lo conozca. Debe permear poco a poco a la sociedad. Aún es joven y hay que darle tiempo para que madure.

 

¿Cree que funcionará?

Sin duda, es un sistema bondadoso que privilegia los derechos humanos, no sólo de los imputados, como algunos han hecho creer, sino también los de las víctimas...

 

Respecto de los imputados, se habla mucho de que el sistema los beneficia indebidamente, por ejemplo, con la llamada puerta giratoria. ¿Qué opina?

Bueno, el problema de lo que se ha denominado puerta giratoria, si lo analizamos, no es un problema del sistema, sino un asunto de control, por lo cual debemos procurar hacer eficientes los registros de detenidos e imputados para detectar con la mayor precisión posible a quienes ya han sido presentados con anterioridad, así como perfeccionar la figura de la prisión preventiva justificada.

 

¿Qué opina de los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Han funcionado?

La realidad es que se debe dar mayor uso a estos mecanismos con el propósito de no saturar el sistema de justicia penal.

 

Ustedes desarrollan estos mecanismos a través de su Centro de Justicia Alternativa, ¿cierto?

Así es, y funciona muy bien. Precisamente este año se cumplen 15 años de que el Centro de Justicia Alternativa inició labores. Es pionero en el país. Se adecuó para atender la materia penal en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, pero también proporciona muy importantes servicios en materia mercantil, civil y familiar.

 

Ahora que hablamos de mecanismos alternativos para solucionar controversias fuera de juicio, ¿qué opina de la creciente judicialización de los asuntos?

Creo que es un asunto cultural que poco a poco va a permear. El amigable arreglo de los problemas vía el Centro de Justicia Alternativa ha sido muy positivo. Los números así lo indican, y creo que en la medida de que esto se difunda va a ayudar a que no se judicialicen tantos asuntos. Hay un aforismo que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo no lo creo: pienso que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Y esto lo podemos hacer en el centro.

 

Respecto de los juicios y los expedientes digitales, ¿qué nos puede decir?

Que van bien. Es un proyecto con tres fases: consulta en línea, digitalización y dictado de resoluciones vía informática. Por ahora, ya iniciamos con la consulta de expedientes en línea, lo cual ha tenido una buena recepción y está funcionando muy bien. Ahora estamos trabajando en la fase dos.

 

En el año y medio que lleva al frente del tribunal, ¿qué es lo que más le frustra?

El hecho de que se juegue a la simulación. Tratándose del Poder Judicial eso es muy grave, porque nosotros damos un tangible que es de gran valor, como es la tranquilidad, la certeza y la paz social.

Entonces, cuando se pretenden reformas al Poder Judicial, pequeñas o de gran calado, sin tomar en cuenta el impacto presupuestal y los recursos para su implementación, en el mejor de los casos estamos hablando de buenos deseos y, en el peor, de demagogia. Eso es lo que más me desalienta: la simulación, el engaño.

 

¿Y su mayor satisfacción?

Que con motivo del temblor del 19 de septiembre no se paralizó el servicio público de administración de justicia, pese a que fueron afectados 55,000 metros cuadrados de nuestras instalaciones y tuvimos que desocupar edificios, para ocupar otros inmuebles; pese a esto, no se interrumpieron los servicios que brinda el tribunal, y una semana después estábamos trabajando al 95 por ciento de nuestra capacidad ordinaria. Estoy muy satisfecho por la respuesta y la fuerza institucional de todas y todos en el tribunal.

 

Para concluir, magistrado, ¿qué tema le interesa impulsar?

Me interesa impulsar la verdadera justicia que está en resolver los conflictos que día a día vive nuestra sociedad, y que le son profundamente tangibles, lastimosos y por lo tanto le quitan su tranquilidad. Por eso, estas controversias deben ser nuestra prioridad. El llamado democrático de los mexicanos en el último proceso electoral, el más concurrido en la historia reciente, se vincula principalmente con la corrupción y la impunidad, las cuales están totalmente vinculadas con la impartición de justicia. Por lo tanto, debemos responder a cabalidad este digno reclamo con respuestas sensibles a la altura de las esperanzas del pueblo de México: lograr el acceso a la justicia, la tranquilidad y la paz social.

 


 

Álvaro Augusto Pérez Juárez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, y la maestría en Derecho civil en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Cursó el máster internacional en Derecho civil y familiar impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona, el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), así como las especialidades en amparo, tanto en la Universidad Panamericana como en el Instituto Mexicano del Amparo.

Inició su carrera en el TSJDF en 1989 como secretario proyectista de la cuarta sala, cargo que ocupó hasta abril de 1991, para luego ser juez quinto del Arrendamiento Inmobiliario, de mayo de 1991 a marzo de 1994, y vigésimo cuarto civil, de abril de 1994 a mayo de 2009. También fue magistrado por ministerio de ley (2010 y 2011) y magistrado de la octava sala civil, a partir del 3 de marzo de 2011.

Fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el periodo comprendido de abril de 2017 a diciembre de 2018.

 

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