Gabriela Ríos Granados

Por qué debemos pagar impuestos

Gabriela Ríos Granados

 

En cualquier país existe reticencia a pagar contribuciones, pero en otros países, a diferencia de México, los contribuyentes sí perciben un retorno de los mismos en seguridad pública, educación pública, salud pública o administración de justicia. Gabriela Ríos, experta en Derecho tributario, explica cuáles son los grandes retos de nuestro país en esta materia.

 

 

¿Por qué debemos pagar impuestos?

Pagar impuestos ayuda a fortalecer el contrato social. Todas las personas, conforme a su capacidad contributiva, deben pagar impuestos porque eso les permite exigir cuentas a los gobernantes. Estudios empíricos en materia económica señalan que, si un Estado se sostiene de las contribuciones, le proporciona al contribuyente ese derecho de retorno a exigir buenos servicios públicos. La provisión de bienes y servicios públicos es la manera cómo el Estado le comunica al contribuyente en qué está gastando el dinero que cobró por concepto de contribuciones.

 

¿Qué derechos humanos tienen los contribuyentes?

Todos los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, como el de no autoincriminarse a una debida audiencia. Se pueden diferenciar los derechos humanos de las personas físicas de los de las personas morales; por ejemplo, no todas las personas morales gozan de los derechos humanos que tienen las personas físicas, como la dignidad humana o la capacidad contributiva subjetiva. Tenemos una categoría de derechos de las personas contribuyentes; por ejemplo, en tu calidad de contribuyente tienes derecho a que se respete tu capacidad de pago; a que las contribuciones se cobren conforme a la ley, formal y material; a un trato equitativo o a una igualdad tributaria en la ley, es decir, que no todo trato discriminatorio constituye una vulneración a la Constitución, sino que tiene que haber una razón específica con base en el control de proporcionalidad, en el que, si el fin es proporcional, necesario e idóneo, se permite violar esa igualdad tributaria. Y que tu contribución se dirija a financiar el gasto público y no privado.

 

Hablando de la igualdad tributaria, ¿todas las personas deben pagar los mismos impuestos?

No, porque el tamiz para que la gente pueda pagar contribuciones es el principio de capacidad contributiva que está establecido en nuestra Constitución como proporcionalidad tributaria. Esto significa que tú tienes que pagar conforme a tu real aptitud de pago de contribuciones. Es decir, si tú tienes “n” número de ingresos, percibes ingresos por asalariado, tienes una casa que sometes a arrendamiento… todos esos ingresos formarán parte de tu base impoble y, además, tienes el derecho a realizar deducciones personales; por ejemplo, intereses reales por una hipoteca o pagos de servicios de seguro médico. Tú como contribuyente tienes obligación de pagar esa contribución, pero con base en ingresos reales, no en ingresos ficticios. Si tu nivel de ingresos es de 10,000 pesos vas a pagar conforme a esos ingresos; sin embargo, si eres una persona que tiene dependientes económicos, tendríamos que analizar cómo debes pagar tu contribución con base en tu mínimo existencial familiar. No es lo mismo una persona soltera que obtiene 10,000 pesos que una persona que es padre de familia y que debe mantener a una familia, pues el nivel de gastos es distinto porque tiene que responder a su propia supervivencia.

 

¿Qué recursos tienen los contribuyentes para exigir sus derechos?

En México tenemos una serie de recursos que combaten la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un acto de autoridad fiscal, como el recurso de revocación que se interpone ante el Sistema de Administración Tributaria; el recurso de inconformidad que se interpone ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el juicio de nulidad que se sustancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, una serie de medios de defensa del contribuyente que le permiten combatir un acto de autoridad fiscal y que puede perfectamente recurrir hasta el juicio de amparo.

Existen varios medios de impugnación. Cabe subrayar el juicio de fondo, que se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que es un juicio que ha tenido mucho éxito en cuanto a dilucidar los temas de fondo y que, creo que con cierto tino, se introdujo durante el sexenio pasado. Tenemos incluso que no es un medio de defensa, pero sí uno de acercamiento con la autoridad fiscal y es un acuerdo conclusivo. Y también tenemos, en el ámbito internacional tributario, el arbitraje internacional en materia tributaria.

 

Una de las formas más allegadas para solucionar los problemas y los fenómenos sociales que se presentan en México es la vía penal. ¿Es un medio óptimo para generar mayor recaudación fiscal?

No, el instrumento fiscal es el que permite mayor recaudación fiscal. Es decir, si aplicamos las leyes como deben aplicarse te permite obtener mayor recaudación. Permíteme enlazar esta pregunta con el tema del pago de las contribuciones y con el asunto de la ética tributaria del contribuyente que ahora está en boga. El compliance tributario nace en los ámbitos internacionales con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y tiene que ver con esas estructuras que manejan y que establecen empresas multinacionales con una planeación fiscal agresiva o, incluso, con el no pago de contribuciones de manera intencional y agresiva.

 

¿Qué es una planeación fiscal agresiva?

Ese ejemplo lo vemos en casos muy sonados como Starbucks, Amazon o Netflix, que tienen que ver con economía digital y que han decidido hacer planeaciones fiscales. Aquí el tema que hay que dilucidar es si eso es elusión o evasión: hasta qué punto puedes minimizar u optimizar el pago de contribuciones y llegar a pagar sólo 1 por ciento de la contribución que debiste haber pagado. Curiosamente, todas esas planeaciones fiscales, si las observas, se manejan en países en los que sí hay un retorno del pago de las contribuciones del ciudadano —es decir, prestación de bienes y servicios públicos— y el nivel de percepción de la corrupción es muy bajo. Por eso es importante analizar con una nueva lupa el papel de la ética de las multinacionales y de los países que se han conocido tradicionalmente como paraísos fiscales, que en principio se crearon para beneficiar el flujo de capitales, como Panamá o las Islas Vírgenes.

 

¿Cuál es la razón por la que en México hay una reticencia a pagar impuestos?

Exiten muchas razones para no pagar impuestos. En principio, en los países más democráticos y transparentes hay reticencia a pagar impuestos, no obstante que la sociedad recibe la retribución en bienes y servicios públicos. Ésa es la naturaleza del ser humano. Ahora, en México, los casos de corrupción y desvío de dinero son otras razones para que exista una fuerte resistencia a pagar contribuciones. Además, lo anterior se suma el tema de la cultura contributiva de no pagar impuestos, que se convierte en un tema de acción colectiva.

Aquí lo que tiene que hacer el Estado mexicano es apostar por la cultura contributiva. Uno lo ve: vas manejando y te encuentras automovilistas de alta gama que se van a emplacar sus unidades a Morelos para evitar el pago de la tenencia en la Ciudad de México. Si tienes capacidad para comprar un coche de alta gama, por supuesto que tienes capacidad para pagar el impuesto correspondiente. El hecho de emplacarlo en el estado vecino constituye defraudación fiscal. Y así se debe perseguir.

Y así te encuentras con un cúmulo de acciones que se ven a diario y que representan una falta de cultura de la legalidad; no sólo de la contributiva, que tiene que ver con un tema de valores y de ética. Se convierte, entonces, en un problema de acción colectiva.

 

¿Cómo se puede fomentar esta cultura contributiva?

Primero tiene que haber un acercamiento entre la autoridad y los contribuyentes. Las personas no saben cómo pagar sus contribuciones y no saben identificar a las autoridades administrativas: no saben si es personal del Sistema de Administración Tributaria o si es gente de la alcaldía, porque no tienen esa educación, porque no existe un acercamiento por parte de la autoridad. Este acercamiento tendría que estar haciéndolo en este momento la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Por ende, es necesaria esta vinculación para saber cuál es la percepción del contribuyente respecto del pago de contribuciones.

También, desde el ámbito familiar y desde las escuelas, hay que enseñar a los niños que no está bien visto evadir el pago de contribuciones. Es un tema sobre cómo se genera la cultura por medio de la comunicación. Esa comunicación tiene que ser administración tributaria-contribuyente, familias-contribuyente, escuelas-contribuyente, etcétera

 

¿La transparencia del destino final de los impuestos ayudaría a mejorar la contribución?

El hecho de que se sepa a dónde va el dinero que yo pago, ayuda y fomenta la contribución, porque si yo sé que el pago de impuestos de la renta va a financiar el hospital de donde yo vivo, o la escuela donde voy a tomar clases de algún idioma, ahí existe un retorno. Siempre es bueno conocer a dónde va el pago de tus contribuciones por medio de esta transparencia presupuestaria que es el retorno.

 

En este rubro, ¿el sistema de recaudación actual nos ayuda a combatir la pobreza?

Actualmente, no. Estamos en un cambio de paradigma: tenemos programas estrella, los programas bienestar de Andrés Manuel López Obrador, y no hablo del tema de la recaudación, sino del sistema presupuestario: cómo se genera la bolsa pública y cómo se destina a estos programas de bienestar, los cuales habrá que ver cómo funcionarán, sobre todo por los lineamientos que se establecieron en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con el decreto de egresos.

Debemos dar seguimiento a esos lineamientos, pues no todos los programas prioritarios de AMLO tienen reglas de operación, las cuales son más estrictas que los lineamientos, pues se sujetan a una serie de requisitos que son revisados por la Comisión de Mejora Regulatoria, situación que no sucede con los lineamientos, que son más prácticos y, por ende, más fáciles para llevar a cabo los programas de bienestar.

 

¿Cuál sería el sistema de recaudación o tributación que más convendría a México?

Más que por la recaudación, yo creo que en México debemos apostar por el tema de la digitalización, algo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, nuestro país en este rubro está por encima de Colombia, por citar un caso. Ha tenido sus pros y sus contras, porque si analizamos un ranking internacional sobre el nivel de litigiosidad o de trámites administrativos que tiene cada país, México se encuentra en el nivel noveno de conflictividad administrativa, lo cual se debe a la implementación de todos los servicios digitales, el CFDI digital, no obstante que ha generado muchas incertidumbres en el contribuyente. Sin embargo, una vez ya pasado este periodo de transición, tenemos que apostar por esta economía digital y, por parte del Sistema de Administración Tributaria, por el blockchain, como un medio óptimo para recaudar y dar seguimiento a las operaciones de los ciudadanos. Hay que profundizar en las tecnologías, no hay vuelta atrás.

 

¿La simplificación administrativa ayudaría a la recaudación fiscal?

Por supuesto, hay que hablar primero de esta simplificación administrativa desde ahora. Antes del periodo de Aristóteles Nuñez ya teníamos facturas electrónicas, pero lo que él hizo fue acrecentar el sistema de recaudación a través de los medios digitales y darle este mayor peso; sin embargo, generó conflictos entre los contribuyentes y la administración tributaria, pero yo creo que, pasando este periodo de adaptación, el sistema tributario va a ser mejor.

 

¿Por qué apelar a la inteligencia artificial para el sistema tributario?

Porque te proporciona inteligencia sobre cómo atacar las zonas de riesgo. La administración tributaria trabaja a partir de la administración de riesgos. Todo el tiempo está administrando riesgos. Si tú creas una inteligencia artificial que te ayude a identificar esto, estarás del otro lado, porque entonces ya estarás hablando de las personas que están fuera, que son contribuyentes de cuello blanco, y los cuales estarían más que identificados y tendrían que estar purgando una pena. Son delincuentes organizados.

 

Hablando un poco de México en su ubicación mundial, ¿qué experiencias exitosas de otros países tenemos en materia de recaudación fiscal?

Los países nórdicos, por ejemplo. Tenemos el caso de China que puede servirnos como paradigma en ese sentido. Yo creo que estas buenas prácticas en la recaudación tenemos que tomarlas en cuenta ya que están documentadas en el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

 

¿Y por qué en México no sucede lo mismo? ¿Por qué no adoptamos estas prácticas?

Es una buena pregunta que yo también me hago. Vivimos un cambio de sexenio. Hay que analizar el cambio de prácticas públicas. El actual gobierno tiene que recoger lo mejor del anterior, porque todo lo que se hace en el pasado inmediato no es tan malo: hay que recoger las buenas prácticas y realizar la transición. Yo apuesto a la inteligencia artificial y a la tecnología del blockchain, la cual se tiene que regular, porque no hay un compliance de éste. El blockchain es como un cuaderno contable que te propicia la trazabilidad de las operaciones porque es una cadena de suministros que se forma con base en algoritmos. Por ejemplo, puede ser utilizado por la autoridad, así como por los delincuentes de cuello blanco. Por eso debe regularse. Esto es algo que no está regulado en la actualidad. Y lo tiene que hacer el gobierno mexicano, porque esa arma puede ayudar tanto a la administración tributaria como a la Auditoría Superior de la Federación, pues también puede servir a los grandes criminales, porque están llevando dinero a través de bitcoins en todo el mundo. Ése es el debate que enfrenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: cómo regular las operaciones digitales, esto es, la economía digital. A eso vamos. México no puede dormirse en sus laureles.

 


 

Gabriela Ríos Granados es licenciada en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Realizó una estancia de investigación posdoctoral en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Se especializó en el área de Derecho tributario y presupuestario. Ha trabajado en instituciones como la Procuraduría General de la República y cuenta con 18 años de antigüedad como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es investigadora nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT.

 

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