José Zamora Grant

En busca del acceso a la justicia para las víctimas

José Zamora Grant

El Derecho penal en México se mantuvo ajeno a las víctimas de los delitos hasta la llegada de la reforma en materia judicial de 2008, con la incorporación de principios constitucionales en materia penal y de derechos tanto para los imputados de delitos como para las víctimas, afirma José Zamora Grant, autor del libro “Derecho victimal” —publicado recientemente por el INACIPE—, tema sobre el cual abunda en esta entrevista.

 

 

¿Desde su advenimiento, el Derecho penal en nuestro país ha protegido a las víctimas u ofendidos por los delitos?

No, definitivamente; el Derecho penal moderno nació para la defensa social, esto es, para mantener unidos los vínculos sociales y, por tanto, el orden social mismo; por eso el Derecho penal es una rama del Derecho público y no del Derecho privado; muestra de lo anterior es que en general las definiciones sobre Derecho penal siempre empiezan afirmando que “es una rama del Derecho público…”

En consecuencia, al ser el delito un problema que debe atenderse desde el orden público, significa que es un problema entre el Estado y los particulares; para el caso, los imputados de delito. Nunca se consideró a las víctimas en esta ecuación; por eso afirmo que el Derecho penal no olvidó a las víctimas, sino que las excluyó a propósito: fue una decisión de política criminal; para las víctimas quedaba la reparación de su afectación pero desde el Derecho entre particulares, esto es, el Derecho civil, una vez solventado el procedimiento penal y sentenciado condenatoriamente el agresor y sólo entonces.

El Derecho penal en nuestro país se estructuró bajo aquella influencia —defensa social— y durante décadas mantuvo esas variables en sus estructuras y en los procesos mixtos-inquisitivos que le eran compatibles, hasta el advenimiento de la reforma en materia judicial de 2008. Por tanto, el Derecho penal, desde su origen y hasta entonces, le fue siempre ajeno a las víctimas de los delitos.

 

Entonces, ¿los procesos de corte mixtos-inquisitivo no son adecuados para garantizar los derechos de las víctimas?

En efecto, no lo son. Los modelos procesales de naturaleza mixta-inquisitiva son propios de la influencia del positivismo criminológico del siglo XIX, influencia que por décadas soportó un modelo de Derecho penal más represivo que democrático, donde los derechos de los imputados de delito eran muy precarios, y los de las víctimas, nulos: modelos propicios para la vulneración de los derechos humanos y de las reglas del debido proceso legal. La presunción de inocencia, como principio fundamental de toda justicia penal que se jacte de democrática, no era un presupuesto, y, por el contrario, la presunción dolosa se asentaba textualmente en la mayoría de las legislaciones penales del país; son modelos procesales erigidos para encontrar el delito en el delincuente.

Era tal la influencia de este paradigma que incluso la naciente victimología de mediados del siglo XX —también sujeto de esta influencia— se preocupó más por estudiar las posibles predisposiciones y responsabilidades de las víctimas en la dinámica delictiva que por desarrollar derechos que le dieran protagonismo en el escenario penal y la defendieran de las mismas instancias del sistema penal.

Al ser modelos procesales más inquisitivos que democráticos en sus raíces y su estructura —en el entendido de que las mixturas siempre se inclinaron más hacia la represión que hacia el respeto de los derechos de los involucrados—, las posibilidades para las víctimas de ejercer sus derechos frente a una justicia penal tan represiva en definitiva no eran ni siquiera viables.

 

¿Ha servido garantizar los derechos de las víctimas a nivel constitucional?

En 1993 se incorporaron por primera vez derechos para las víctimas u ofendidos por el delito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el año 2000 se ampliaron los mismos, distinguiéndolos además de los consagrados para los imputados en un apartado B, siempre en el artículo 20 constitucional. El principal y casi único beneficio de estas dos incorporaciones constitucionales fue, a mi parecer, el de hacer visibles a las víctimas de los delitos y dejar ver un precario interés del Estado mexicano de construir una política criminal que las considerara. También motivó la incorporación, en algunas legislaciones penales del país —procesales principalmente—, de algunos derechos para las víctimas y fondos para garantizar la reparación del daño; además, se empezaron a consagrar de manera incipiente las posibilidades de composición entre las víctimas y sus presuntos agresores, a través de la fórmula de la querella, principalmente.

Fuera de ello, el impacto esperado con aquellas dos reformas —1993 y 2000— sería prácticamente nulo, pues los modelos procesales, entonces más inquisitivos que democráticos, no permitirían que aquellos derechos se pudieran hacer realmente efectivos. Estaban consagrados constitucionalmente sí, pero sin posibilidad de garantizar su goce y ejercicio a través de un sistema penal y, sobre todo, procesal penal, que era totalmente incompatible con ellos. Por más de una década estos derechos serían prácticamente letra muerta en la Constitución, hasta el cambio de paradigma, con la reforma en materia judicial de 2008.

 

¿En qué consistió el cambio de paradigma de la reforma en materia judicial de 2008 y en qué benefició a las víctimas o a los imputados de delitos?

Si bien lo que más llamó la atención de esa reforma fue la oralidad en los juicios, en realidad la incorporación de principios constitucionales en materia penal y de derechos tanto para imputados de delitos como para víctimas de los mismos, junto con la incorporación de las bases para la implementación del modelo procesal acusatorio —y a la postre de una legislación procesal unificada con el advenimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales—, significó el abandono no sólo de los modelos procesales mixtos-inquisitivos sino del paradigma positivista de naturaleza represiva al que he aludido. El cambio de un modelo a otro es, en realidad, el más importante paso hacia la consolidación democrática de la justicia penal y, por ende, del Estado mexicano; un modelo procesal de corte acusatorio es mucho más equilibrado para los actores, a través de la pretendida igualdad de armas; este equilibrio debe disminuir la posibilidad de arbitrariedades y abusos de autoridad en contra de los involucrados en y frente al sistema de justicia penal, principalmente víctimas e imputados de delitos.

En suma, la reforma de 2008 dio paso a un modelo procesal mucho más amigable para las víctimas de los delitos, en el que los derechos consagrados constitucionalmente tienen mucho mayores posibilidades de garantía en su goce y ejercicio.

 

¿La reforma en materia de derechos humanos de 2011 trajo beneficios para las víctimas?

La reforma del 11 de junio de 2011 ha significado un parteaguas en la materia para nuestro país, al reconocer por igual los derechos humanos consagrados tanto constitucionalmente como en los tratados internacionales e incorporar los principios pro persona e interpretación conforme, por los que se amplía el marco protector de los mismos a través de lo que identificamos como el bloque de constitucionalidad. Los derechos consagrados convencionalmente en los tratados internacionales son ahora ley suprema que no sólo pueden ser reclamados directamente, sino que también representan un estándar que guía a la política pública de derechos humanos para nuestro país. La consolidación democrática que para el Estado mexicano ha significado esta reforma trasciende sin duda hacia sus instituciones, y las del sistema de justicia penal no son la excepción. Un ejemplo de lo anterior son, por supuesto, las reglas del debido proceso legal en materia penal, contenidas en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Gracias a esta reforma se adicionó el actual párrafo tercero del artículo 1º constitucional, por el cual se obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en consecuencia se asienta el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos de ley.

A mi juicio, esta reforma motivó a la postre la promulgación de la Ley General de Víctimas, que considera tanto a las víctimas de los delitos como a las de violaciones a derechos humanos. Esta ley consagra vastos principios y derechos para ambos tipos de víctimas.

 

¿Qué diferencia hay entre víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos?

Hay mucho qué debatir teóricamente y desarrollar jurídicamente en esta materia; en realidad es un tema —y un debate— todavía en desarrollo. Sin embargo, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 1985 marcó desde entonces, con su simple denominación pero también con su contenido, un claro estándar que no había tenido eco en la legislación nacional hasta antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y el advenimiento de la Ley General de Víctimas. Si bien no es un tratado y por lo tanto no entra en los parámetros de obligatoriedad, sí es un referente que guía y puede influir en las legislaciones nacionales.

Tenemos diversas definiciones en las leyes respecto de quién es víctima; así, por ejemplo, nuestra Constitución habla de víctimas y de ofendidos, distinguiendo entre ellos al poner la conjunción u, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales las clasifica como víctimas directas e indirectas y la Ley General de Víctimas habla de víctimas secundarias, en lugar de indirectas; sin embargo, la única ley que distingue entre víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos es la Ley General de Víctimas.

Desde el discurso del Derecho penal se habla de bienes jurídicos, a diferencia de derechos humanos, cuando se trata de actos de autoridad que los violentan. Todos los delitos que ha cometido una autoridad en ejercicio de sus funciones, o una tercera persona con su aquiescencia, también constituyen una violación a derechos humanos y por tanto son susceptibles de garantizarse mediante las vías jurídicas previstas para ello, además de aquellas para deslindar la responsabilidad penal. Sin embargo, no todas las violaciones a derechos humanos —cometidas por servidoras o servidores públicos con las variables descritas— son delitos.

Para efecto de las vías jurídicas a las cuales acudir para proteger el derecho humano o el bien jurídico tutelado por parte de las víctimas, existe una clara diferencia, pues si se trata de delitos, serán las instancias del sistema penal las que conozcan y deslinden la responsabilidad, mediante los procedimientos previstos para el efecto; si se trata de violaciones a derechos humanos, las vías jurisdiccionales como el amparo, o no jurisdiccionales a través de los organismos públicos de defensa y protección de derechos humanos, serán el mecanismo de protección del derecho humano consagrado constitucionalmente o en tratados de derechos humanos de los que México sea parte. Si el delito lo cometió una servidora o servidor público, entonces ambas modalidades son viables.

 

¿Y cómo opera la reparación del daño?

Tanto si se trata de víctimas u ofendidos de delito, como de violaciones a derechos humanos, en ambas modalidades se puede reclamar y obtener; sin embargo, los resultados pueden ser muy diferentes. Los estándares internacionales para cuantificar el monto de la reparación del daño cuando se trata de violaciones a derechos humanos están bien definidos y los mecanismos para hacerla efectiva también. Así, por ejemplo, la sentencia para México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla es un referente claro, por el que el Estado mexicano debió pagar determinada cantidad, además de disculparse públicamente, y otras variables de lo que se identifica como reparación integral del daño.

La naturaleza de la reparación del daño cuando se trata de víctimas de violaciones a derechos humanos sin duda es diferente; pero si bien es muy grave que una autoridad cometa una violación a un derecho humano, cuando debería ser garante de los derechos que afecta, para las víctimas el daño podría ser el mismo que si se tratara de un delito, sólo que la diferencia sería no sólo procesal —esto es, ante qué instancia se debe acudir para reclamar justicia y reparación— sino cuantitativa (monto de la reparación) y cualitativa (como las disculpas públicas). Por ejemplo, si una persona es despojada de su terreno, ya sea por una autoridad que haya decidido simular una expropiación omitiendo los procedimientos de ley, o por un particular que simplemente haya decidido despojarlo, para la víctima el daño es el mismo, pero las vías jurídicas para reclamarlo y los montos de la reparación no lo son. El debate estriba en que pareciera que hay víctimas de distintos niveles aun cuando el daño sea el mismo.

 

¿Los derechos de las víctimas son frente a su agresor?

No, al menos no principalmente. Del análisis de los derechos consagrados para las víctimas se puede identificar con claridad que los derechos son frente a la justicia penal, por lo que la contraprestación es para las instancias y los operadores del sistema penal; son ellos quienes deben respetar y garantizar su goce y su ejercicio. El único derecho que puedo identificar y que significó la desaparición de un derecho para el imputado fue el de los así llamados careos constitucionales, que se suprimieron del artículo 20 de la Constitución con la reforma de 2008, al incluirse como derecho de la víctima u ofendido el del resguardo de su identidad en determinados supuestos previstos en el propio artículo 20, fracción VII del apartado C.

Fuera de este supuesto, los derechos para las víctimas consagrados constitucionalmente son en y frente al sistema de justicia penal, por lo que se trata de un tema de acceso a la justicia de las víctimas; en tanto quien devino víctima de un delito es eventual y potencialmente víctima de violaciones a sus derechos humanos, cuando se afecte su dignidad, no se le informe y asesore debidamente, no se le haga justicia ni se le reparare el daño, entre muchos otros supuestos más.

 


 

José Zamora Grant es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, posgraduado de la Universidad de Barcelona, España, y doctor en Derecho por la UNAM.

Durante 20 años ininterrumpidos ha sido académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, desde 1998 hasta la fecha, y actualmente como investigador nacional nivel II, es autor de cinco libros sobre victimología, justicia penal y derechos humanos.

Entre otros encargos públicos, fue director general en la Procuraduría General de la República y director general y secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recibió el Premio Extraordinario Cátedra Antonio Beristain Ipiña de Victimología a la Excelencia Académica, Humanística e Investigadora 2015, otorgado por la Fundación Española de Victimología.

 

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