La visión jurídica de Ricardo Anaya

La visión jurídica de Ricardo Anaya

 

Para Ricardo Anaya, abogado y candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente —integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano—, la solución a los más grandes problemas que enfrenta nuestro país implica el diseño de estrategias jurídicas y, como primer paso, la presentación de las iniciativas de ley que posibiliten los cambios institucionales.

 

 

¿Cuál cree usted que es el principal problema de México?

En primer lugar agradezco a la revista El Mundo del Abogado la oportunidad de esta entrevista.

Respecto de la pregunta, sería irresponsable afirmar que hay un solo problema principal. Nuestro país, desgraciadamente, enfrenta no uno sino muchos problemas que es urgente atender: corrupción, pobreza, desigualdad, falta de desarrollo y, señaladamente, inseguridad y violencia.

De ellos, tal vez el más urgente, el que causa más pesar a los ciudadanos, es el problema de la inseguridad y la violencia. México necesita paz. Es la condición imprescindible para atender todos los demás problemas.

 

¿Qué respuesta jurídica le daría a este problema?

Primero es necesario atender a las causas.

En el Frente proponemos un cambio de estrategia, en torno de dos grandes ejes: 1) prevención, con el fomento del deporte, la ciencia y la cultura, y 2) combate a la inseguridad, que incluye, entre otras medidas, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de una fiscalía general verdaderamente autónoma.

También proponemos mejorar el sistema judicial para agilizar los procesos y fortalecer el sistema penal acusatorio. En esta segunda vertiente, como se puede observar, son primordiales las estrategias jurídicas. De hecho, el primer paso es la presentación de las iniciativas de ley que posibiliten los cambios institucionales.

Complementariamente, en materia de combate a la corrupción, es necesario eliminar el fuero, realizar modificaciones a los artículos 108 y 134 constitucional, así como implementar de manera adecuada el Sistema Nacional Anticorrupción.

En materia de desigualdad y pobreza, es necesario reestructurar la política social y otorgar certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, para aumentar las fuentes de trabajo. Todos estos aspectos implican medidas jurídicas, en las que pondremos suma atención.

 

Si llegara a la Presidencia, ¿qué le gustaría que se dijera de usted al final del sexenio?

Que encabecé un gobierno honesto y de resultados; que las políticas públicas de mi gobierno superaron la corrupción, la impunidad, la injusticia, la pobreza y la desigualdad; y en el contexto internacional, que contribuí a que México sea reconocido como una nación soberana, con una economía fuerte, segura para la inversión, líder en cooperación internacional, respetuosa de los derechos humanos y en la que prevalece la certeza jurídica.

 

Como abogado, ¿qué fortaleza y qué debilidad advierte en nuestro marco constitucional?

La mayor fortaleza de nuestra Constitución es la garantía y la protección de los derechos humanos, así como las bases que se han sentado para un orden social, hoy con instrumentos importantísimos para la aplicación del sistema anticorrupción y la fiscalía autónoma e independiente.

Sin embargo, en la instrumentación aún debe encontrarse un diseño legal e institucional que permita la aplicación eficaz de las normas y de los principios constitucionales.

 

¿Qué opina de la Fórmula Otero? ¿Cómo se les puede explicar a los mexicanos —a los que enseñamos que todos somos iguales ante la ley— que la misma ley puede ser constitucional para unos y anticonstitucional para otros?

La igualdad ante la ley es el principio constitucional por excelencia.

La Fórmula Otero en principio permitió amparar de violaciones a las entonces llamadas garantías individuales; sin embargo, el Derecho es cambiante, como la propia sociedad, y de manera adecuada evolucionamos en el sentido de la protección más amplia de los derechos. Hoy no podemos pensar en que funciona un beneficio legal para quien tiene más recursos, ya que todos somos iguales. Si una resolución judicial ordena que se corrija el rumbo, si se vuelve jurisprudencia, que se aplique a todos por igual. ¡No a unos cuantos!

La Constitución debe respetarse y por eso los mecanismos tanto difusos como concentrados han permitido proteger casos individuales, las menos veces colectivos, pero eso no quiere decir que no deban revisarse los efectos de la relatividad de la sentencia mediante ejercicios constantes de reiteración.

También es necesario que los instrumentos legales sean más asequibles para la población en general, a efecto de que la justicia cuente con un campo de protección más amplio.

 

¿Cuál es el principal reto que enfrenta, hoy día, nuestro Estado Democrático de Derecho?

No puede haber Estado de Derecho eficaz en un país dominado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Precisamente en la coalición Por México al Frente hemos propuesto un cambio de régimen, que permita la vigencia efectiva del Estado de Derecho.

El cambio de régimen y el gobierno de coalición deben traducirse en consensos para fortalecer nuestra democracia y para fomentar la seguridad, la inversión y la creación de empleos. Y, sobre todo, el Estado de Derecho debe reflejarse en la calidad de vida y en la paz cotidiana de los mexicanos, que merecen vivir en paz y con dignidad.

 

¿Considera que en México existe una auténtica división de poderes? ¿Nuestros legisladores y jueces —tanto federales como locales— gozan de cabal independencia hoy día?

La división de poderes es un principio irrenunciable de nuestra vida democrática. Por eso es necesario implementar un nuevo modelo, mediante un gobierno de coalición, que permita al titular del Ejecutivo gobernar con una mayoría parlamentaria, y así impulsar las reformas necesarias para lograr un México de paz y desarrollo. En el mismo sentido, es necesario fortalecer el sistema judicial, para preservar la independencia de los jueces locales y federales.

Veremos poderes independientes si logramos una mayor autonomía presupuestaria de éstos, con actuaciones transparentes y con la supervisión constante del órgano anticorrupción.

 

¿A qué atribuye la pavorosa corrupción que nos agobia?

Una de las principales causas de la corrupción es la falta de autonomía en la procuración de justicia y la ausencia de un sistema eficaz en materia de combate a la corrupción.

Las instituciones mexicanas se encontraban diseñadas para que el combate a la corrupción y la procuración de justicia dependieran del titular del Ejecutivo federal, quien a su vez es sujeto probable de comisión de ilícitos y jefe del gabinete y de los funcionarios federales. La ausencia estructural de controles y límites claros permitió el ascenso de la corrupción.

En el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de este año, México ha alcanzado 29 puntos en una escala en la que 0 es la mayor corrupción y 100 la menor. Esto ubica al país en la misma posición que Honduras y Paraguay, pero por debajo de Brasil, Argentina y Colombia.

Urge un cambio profundo que ponga fin a una situación tan lamentable.

 

Una de las críticas más consistentes que se hace a las medidas anticorrupción que se anuncian es que se trata de un ejercicio de simulación. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? ¿De qué sirve, por ejemplo, gastar más de mil millones de pesos al año en el INAI, si casos como Odebrecht siguen en la total opacidad?

La corrupción no se va a terminar por decreto ni por el ejemplo de un iluminado. La voluntad es importante y ciertamente ha faltado hasta ahora, pero la única salida auténtica y perdurable es el control institucional. El Sistema Nacional Anticorrupción debe implementarse de manera adecuada, con un presidente que sea un impulsor decidido de su autonomía.

También urge, como proponemos en el Frente, modificar el artículo 108 de la Constitución federal, para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción en el tiempo de su encargo.

Un presidente nunca debe olvidar que es un mandatario y que, como tal, debe ejercer el mandato siempre en beneficio de su poderdante, para lo cual es básico que exista ese fiscal independiente que pueda dotar de mayor seguridad dicho ejercicio en favor de los mandantes.

 

¿Cree que de veras puede existir un fiscal general independiente en un sistema presidencialista como éste? Estados Unidos, que tiene instituciones más sólidas que las de México no se da ese lujo. ¿Hasta dónde no acabará siendo esto otro ejercicio de simulación?

Claro que se puede y debe existir un fiscal general independiente. Se requiere poner en marcha los mecanismos normativos suficientes para garantizar tal independencia, y también se necesita la voluntad política de los diferentes partidos.

El fiscal no debe ser visto como un aliado del partido en el poder, sino como un aliado de la ciudadanía, que exige, con razón, un combate real contra la corrupción. En el Frente lo decimos claro: quien la haga, la debe pagar.

 

Muchos teóricos consideran que la política es un juego de suma cero: lo que unos ganan, otros lo pierden: invertir en un aeropuerto, por ejemplo, supone dejar de invertir en programas de educación, salud y abasto para los grupos más vulnerables, grupos que desde hace años sólo reciben apoyos esporádicos del gobierno y no ven ninguna oportunidad de movilidad social. ¿Está de acuerdo con esta visión?

El juego de suma cero supone una situación en la que las pérdidas y las ganancias se equilibran; es decir que beneficias a un sector en la medida en que deterioras a otro. Lo cierto es que invertir en el aeropuerto no supone desproteger a los sectores vulnerables. Se puede planear una inversión integral, con miras a beneficiar a todos los grupos de la sociedad mexicana, priorizando sectores a través de políticas públicas racionales, a mediano y largo plazos.

 

Terminemos con una pregunta de carácter personal: ¿qué lo mueve al buscar la Presidencia de la República? ¿No le parece que es un cargo en el que uno se desgasta, haga lo que haga, y en el que sólo se sale bien librado en la medida en que se representen los intereses de los grupos que lo apoyaron?

No comparto esa visión. Cuando empecé a participar en política, lo hice con la convicción de incidir en la realidad para mejorar la vida de las personas. Y el puesto en el que esa aspiración se convierte en la máxima posibilidad es la Presidencia de la República.

Creo que en el trabajo y en la vida, uno sale bien librado cuando es fiel a sí mismo y a sus principios. Yo quiero dejar a mis hijos, y a todas las niñas y los niños de México, un país y un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Esa ilusión vale todos los esfuerzos.

 


 

 Ricardo Anaya Cortés estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría en Derecho fiscal en la Universidad del Valle de México y el doctorado en ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se ha desempeñado como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (de 2003 a 2009), diputado plurinominal del Congreso del Estado de Querétaro (de 2009 a 2011), diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión (de 2012 a 2015) y presidente del Partido Acción Nacional (de 2014 a 2017).

Es candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente —integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano— para las elecciones federales de 2018.

 

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