María de la Luz Lima

Apuntes sobre el Derecho victimal

María de la Luz Lima

 

La Sociedad Mundial de Victimología, con sede en Adelaide, Australia, reúne a académicos, representantes de instituciones y organizaciones dedicados a mejorar la situación de las víctimas de delitos y de abuso de poder en todo el mundo. Cada tres años realiza un simposio y otorga el Certificate of Appreciation a una persona que se haya destacado en el mundo por su tarea práctica en el diseño, implementación y vigilancia de las políticas públicas en atención a víctimas. En esta ocasión recibió el premio la académica mexicana María de la Luz Lima Malvido, quien nos habla del estado actual de esta disciplina en nuestro país.

 

 

¿Qué representa para usted haber recibido el Certificate of Appreciation de la Sociedad Mundial de Victimología?

Una gran emoción y un compromiso. Entre los premiados se encuentran personas que yo admiro muchísimo, como el creador de la victimología, Benjamin Mendelssohn. También está Hilda Marchiori y mi mentora, Irene Melup, quien construyó el estándar internacional de víctimas de delitos y abuso de poder de 1985. Me parece importante representar a Latinoamérica y alzar el nombre de México —más que el de la doctora Lima—, porque en este país y en esta región han surgido aportaciones valiosas para el mundo desde la victimología. Es un gusto, un honor y un compromiso.

 

¿Cuáles han sido sus los aportes en el campo de la victimología y la política pública que la hicieron merecedora de esta distinción?

Crear los primeros servicios a víctimas en el gobierno en México a principios de la década de 1990 (para víctimas de delitos sexuales, para personas extraviadas o ausentes y para víctimas de secuestro) e impulsar leyes victimales en México y en Latinoamérica; diseñar y poner en marcha la primera maestría en victimología, y posteriormente, impulsarla en varias entidades federativas, además de profesionalizar a los servidores públicos y a los miembros de la sociedad civil en el ramo.

 

Además de su amplio trabajo institucional en la construcción de políticas públicas victímales ha impulsado la participación de la sociedad civil. ¿Por qué?

Luis Aguilar decía que si la sociedad civil no interviene, no se puede hablar de política pública. Eso es política gubernamental. Por eso, cuando fui diputada durante la LVI legislatura federal propuse y fue aprobada una Comisión de Participación Ciudadana, actualmente en funciones, en el marco de la construcción de una democracia participativa, deliberativa y ciudadana hacedora de consensos para el fortalecimiento del poder público y de la sociedad civil.

La comisión tiene la responsabilidad y el compromiso con la sociedad mexicana, y crea un espacio para que las voces y las demandas sean tomadas en cuenta.

Ésta era continente y contenido; primero, porque cada vez que aprobábamos una ley, teníamos la obligación de permitir y fomentar que la sociedad participara y que opinara, y también porque todas las leyes que sancionáramos debían contar con un capítulo de participación ciudadana. Lo anterior se hizo para la redistribución del espacio público. La comisión produjo y presentó, después de una gran consulta pública, una ley de fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, aprobada años más tarde y vigente en la actualidad.

 

¿Considera que la actual participación de la sociedad civil tiene suficiente fuerza en la toma de decisiones de las políticas públicas?

Aun no. Cuando terminé mi cargo como diputada federal dirigí un movimiento nacional con el cual instalamos más de 1,500 comités en todo el país. Fue la primera instancia ciudadana que interactuaba con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la toma de decisiones. Se trató de un comité que trabajaba de manera activa en la construcción de políticas públicas.

La estructura que se ha diseñado a través de diversos mecanismos para la participación de la sociedad civil en las nuevas leyes se ha ido convirtiendo en “pactos de simulación” que legitiman el quehacer gubernativo. La elección de personas con perfiles controvertidos se ha convertido en una arena de discordia donde se pide la objetividad y la eficacia de resultados.

Pero, hay que decirlo, han surgido instituciones que realizan un trabajo ejemplar; por ejemplo, México Evalúa y la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

 

Durante su labor como diputada federal presentó una Ley de Justicia de Víctimas cuando las víctimas no formaban parte del proceso y casi no existían derechos para las ellas. ¿Qué representó esa ley en ese momento?

Esa ley se inspiró en la Ley de Auxilio a Víctimas del Delito que Sergio García Ramírez realizó para el Estado de México en 1969. La verdad fue una sorpresa porque los legisladores no la entendieron. Me dijeron que el Estado jamás sería subsidiario en la reparación del daño. Destrozaron la ley y emitieron opiniones muy fuertes en contra de la iniciativa. Pasaron 10 años para que se aprobara, pero poco a poco fuimos permeando el tema de la justicia a víctimas y logramos impulsarlo en el Senado de la República; enviamos documentos para promover la reforma constitucional. Esto, porque cuando en 1989 iniciamos los servicios para las víctimas en el Distrito Federal todavía no había derechos de las víctimas en la Constitución.

 

¿Por qué fue importante el reconocimiento de las víctimas en la Constitución mexicana?

Con el reconocimiento de los derechos de las víctimas en la Constitución hay un nacimiento del Derecho victimal mexicano. Cuando comencé a hablar del asunto, se reían de mí, pero ahora es obvio que la disciplina ha crecido mucho y se está consolidando. La reforma constitucional fue relevante pero todavía no me siento a gusto con lo referido en el artículo 20 constitucional.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que la víctima es un sujeto y que tendrá la calidad de parte en el procedimiento (artículo 105), pero esto no es muy claro en la Constitución.

La Ley General de Víctimas señala que la víctima podrá participar en la formulación, la implementación y el seguimiento de la política pública. Consideramos que ese derecho habría que agregarlo en la Constitución y además de la Ley General de Víctimas. Para lograr un cierre fuerte se necesita que este nuevo sistema de justicia aplique de manera eficiente los nuevos mecanismos que se han creado a favor de los derechos de las víctimas.

 

¿Qué dificultades existen en la actualidad para el avance del sistema acusatorio desde la perspectiva victimológica?

No obstante que la Ley General de Víctimas, con la reciente reforma de 2017 de su artículo 125 bis, establece que la asesoría jurídica estará integrada por abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta ley, y que se contará con un servicio civil de carrera, observamos que los asesores jurídicos no están asesorando a las víctimas de manera adecuada, ni resolviendo conflictos.

Falta mucho para que permeé un conocimiento claro del Derecho victimal; hacen falta miles de asesores jurídicos. No es cierto que la reforma esté haciendo un cambio; todavía se requieren muchos profesionales. Y se dará el paso para exigir que, así como desde el inicio del procedimiento el imputado debe tener designado un defensor, tendrá que ser obligatorio igualmente que la víctima deba tener su asesor jurídico.

 

En el sistema penal se han discutido por muchos años los derechos y las garantías del imputado; por el contrario, la discusión de los derechos de la víctima es reciente. ¿Qué haría falta para fortalecer los derechos de las víctimas?

Un principio epistemológico es que en el Derecho penal nunca se va a estudiar a la víctima. El Derecho penal es el ius puniendi que establece los límites del derecho a castigar. Y el sistema de justicia penal se centra en cómo hacer que los derechos del imputado se hagan efectivos. Por eso debemos trabajar paralelamente en el desarrollo del Derecho victimal. Zaffaroni dijo que mientras más reparadora es la justicia, es menos penal. Lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en los derechos de la víctima sólo dentro del marco penal.

El Derecho victimal debe estar mucho más desarrollado. Es importante reforzar el contenido del artículo 20 constitucional y también trabajar para que se cumplan las leyes, porque tenemos muchos derechos y muchas leyes, pero debemos hacer efectivo su cumplimiento.

En lo que se refiere al alcance que tiene el control de convencionalidad, hemos constatado que muchos operadores de justicia no saben cómo aplicarlo.

 

Desde la perspectiva del Derecho victimal, ¿qué retos enfrenta el sistema penal acusatorio?

Uno de los grandes retos del sistema penal acusatorio, en relación con los derechos a las víctimas, es la urgencia de impulsar la formación integral de profesionales para que interactúen con las víctimas. Otro, es que los defensores deben conocer la materia victimal. También los abogados, para elegir en qué casos deben aplicar el litigio estratégico que tenga como consecuencia una mejora de las políticas públicas. Pero eso sólo se logra con personal profesionalizado, no con personas que reciben un curso de pocas horas.

 

Hace aproximadamente un año se reformó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Esta reforma es benéfica para su fortalecimiento o no logra alcanzar los objetivos deseados?

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nació muerta. Su antecedente fue la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, una instancia que surgió con una problemática de política pública, porque se integró con una idea social, cuando lo que se necesitaba era una Procuraduría de Justicia, y no se etiquetó presupuesto para su operación. La Procuraduría Social tenía una orientación asistencialista y operó de manera distinta a su mandato, porque se centró en la violencia intrafamiliar.

Cuando terminó el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo intentos de desaparecerla, pero con base en el principio de progresividad se decidió transformarla en una comisión. El problema fue que en lugar de crear un ombudsman como el que existe en Canadá, le dieron atribuciones para diseñar política pública, operar un fondo y recibir a víctimas. La CEAV no tenía por qué recibir a víctimas, puesto que éstas ya cuentan con instancias especializadas y oficinas en las procuradurías. Lo que tendría que haber hecho era vigilar para que fuera efectiva la defensa y el acceso de justicia de las víctimas de delitos. Y en los casos de abuso de poder, promover el uso del análisis de contexto que hace posible identificar y caracterizar las estructuras criminales complejas, sus planes y su modus operandi, así como comprender la naturaleza de crímenes complejos mediante patrones que expliquen su comisión. Se necesita que se aprieten las tuercas, que se analice por qué algo no funciona y promover cambios ejecutivos

 

Con una visión de fondo sobre los mecanismos de la alerta de género contra las mujeres, ¿cree que éstos están funcionando o se requiere repensar la política para tener mayor fortaleza?

La alerta de género se creó como un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres y como un instrumento de respuesta ante situaciones de violencia feminicida. Constituye un logro que implica el combate a la impunidad.

El mecanismo, que es victimológico, ha servido porque obliga a los Estados a fortalecer la investigación y la procuración de justicia, atender los pendientes legislativos en la materia, entre otros, así como realizar acciones que no estaban haciendo e impulsar políticas públicas importantes.

Cuando el mecanismo era selectivo, operaba mejor en tres o cuatro estados, pues se establecían acciones muy concretas. Pero ahora, casi tres cuartas partes de los estados tienen alerta o ésta está en trámite. Hasta hoy se han declarado 13 alertas, siete de las cuales no se consideraron procedentes y nueve están en trámite. A su vez, algunos estados establecieron en sus leyes locales ese mecanismo y lo aplican directamente.

Como lo afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su diagnóstico de los grupos de trabajo que dan seguimiento a esos procedimientos, es necesario fortalecer los protocolos, así como crear las condiciones de implementación de las acciones con solidez metodológica y con posibilidades de ser evaluadas.

 

¿Qué problemas detecta en la forma en que se está construyendo la victimología en el plano normativo?

El problema más grave de la victimología es que no es penal. Además, como se trata de una ciencia joven, los victimólogos no hemos tenido el suficiente tiempo para generar conceptos epistemológicos que la fortalezcan. Hemos dejado que el legislador represente en la ley. Por eso nuestra Ley de Víctimas los tiene prevenientes del Derecho humanitario, del Derecho de protección civil y del Derecho procesal.

En el Senado no se discute qué es el tipo penal, o el dolo eventual; éstos fueron acotados hace muchos años. En el Derecho victimal no ocurre lo mismo; apenas estamos conformando sus contenidos y ya tuvieron que hacerse las leyes. Hay que aplicarlas porque son los criterios jurídicos, pero es necesario que la ciencia se consolide para que se dé forma correcta a las leyes. Habrá que analizar las categorías fundacionales, redefinir algunas e impulsar nuevos conceptos para que permeen en las leyes.

 


 

María de la Luz Lima Malvido es licenciada en Derecho, especialista en ciencias penales y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada en estudios de terrorismo por la Universidad de Saint Andrews, Escocia, y en investigación criminal y negociación de rehenes por el FBI. Actualmente es profesora e investigadora nivel C del Instituto Nacional de Ciencias Penales e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1.

Pertenece a diversas sociedades científicas y de investigación. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro fundador la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Sociedad Mexicana de Victimología, miembro del consejo de dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología.

 

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