Mauricio Limón

“La nueva Ley Forestal abre las puertas a la explotación desmedida"

Mauricio Limón

 

Justamente cuando México se aprestaba a alcanzar una tasa de deforestación neta cero, la nueva Ley Forestal, impulsada por la SEMARNAT y la CONAFOR, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de junio, revive la explotación desmedida de la década de 1990. De esta nueva ley nos habla Mauricio Limón, abogado experto en legislación ambiental.

 

 

¿Cuáles son las principales preocupaciones respecto de esta nueva ley?

Son varias, desde un proceso desaseado, mala técnica legislativa, confusión de atribuciones entre CONAFOR y SEMARNAT, hasta modificaciones conceptuales que abren la puerta a la explotación desmedida del recurso forestal, así como una nula consulta a pueblos indígenas.

 

¿Cuál es el antecedente de esta ley aprobada?

Se trata de una iniciativa que presentó el Partido Verde en la Cámara de Diputados, que tenía como espíritu dejar atrás la sobrerregulación que entorpecía la gestión forestal; sin embargo, ese objetivo se perdió.

 

¿A qué se refiere con un “proceso desaseado”?

Los diputados de la actual legislatura, quienes fungieron como cámara de origen, se rehusaron a escuchar a los distintos sectores; sin embargo, una vez que le llegó la minuta a los senadores, éstos, ante las presiones que recibieron, y con el objeto de ser complacientes con los distintos sectores, incorporaron sus propuestas y acabaron con una ley con múltiples visiones, circunstancia que se ve reflejada en contradicciones que traerán consigo incertidumbre jurídica.

 

¿Cómo puede influir esta mala praxis legislativa?

Tan sólo basta leer algunos artículos de la nueva Ley Forestal para ver que no están claras las competencias de la SEMARNAT y la CONAFOR, lo que evidentemente traerá incertidumbre jurídica. El Sistema de Gestión Forestal desapareció y se incorporaron excepciones con fines de desregulación que ponen en serios peligros a nuestros bosques y selvas.

 

¿Cuál es la principal amenaza al recurso forestal mexicano?

Sin duda alguna, el sector inmobiliario. Contrariamente a lo que se piensa, el sector pecuario o agrícola ya no es la principal amenaza; esa tendencia se corrigió a partir de 2003. Ahora, con esta nueva ley, se abre la puerta para que el sector inmobiliario reavive la explotación desmedida que prevaleció en la década de 1990.

 

¿Qué aprobaron los legisladores para que estas condiciones terminaran prevaleciendo?

Se modificaron conceptos que no debieron haberse tocado, como el que define lo que es un terreno forestal, pues ahora no se considerará como tal el terreno que se encuentre dentro de un centro de población, y agrega que tampoco será forestal aquel que no preste bienes y servicios forestales. Es decir, cambian el uso de suelo de un plumazo. También se dejó atrás el enfoque ecosistémico, y se cambió por una visión meramente maderocéntrica. Los ciudadanos perdemos el derecho a un medio ambiente sano y se impone una visión meramente mercantil.

 

¿Y esto cómo influye?

En este escenario, más de la mitad de nuestros bosques, selvas y semidesiertos quedan fuera de protección y las inmobiliarias ya no tendrán que pedir el cambio de uso de suelo para construir en aquellos terrenos que no producen bienes y servicios forestales. Es decir, ya ni siquiera tendrán que hacer el trámite y pagar por la compensación forestal, ya que esta nueva ley se equivoca en los parámetros para determinar qué sí y qué no es terreno forestal.

 

¿Cómo estaba antes y qué cambia?

La ley de 2003 decía que el terreno forestal es aquel que está cubierto por vegetación forestal, sin ninguna distinción ni excepción. Con lo recientemente aprobado, el terreno forestal es aquel que está cubierto de vegetación forestal y produce bienes y servicios forestales. La trampa está en que, para producir bienes y servicios forestales, conforme a la propia ley, ese terreno cuenta con un programa de manejo forestal; de no ser así, automáticamente deja de ser terreno forestal y no habría necesidad de tramitar el cambio de uso de suelo. Ante esta circunstancia, especialistas estiman que más de 50 por ciento de los terrenos forestales dejarán de serlo. Es decir, no será culpa de los desarrolladores, quienes aprovecharán esta nueva normativa, sino de quienes lo permitieron.

 

¿Qué se puede hacer frente a este panorama?

Se está pensando en interponer varios recursos en contra de esta ley, con varias consideraciones: no se consultó a los pueblos indígenas, cuando la Suprema Corte obliga a hacerlo, y el cambio conceptual de terreno forestal constituye una violación al principio de no regresión y de progresividad, sin menoscabo de la inconstitucionalidad de varios artículos por la falta de certidumbre jurídica.

 

¿Cuál es su recomendación como experto en la materia?

Se debe empujar una reforma en la siguiente legislatura que rescate la idea original, esto es, resolver la sobrerregulación que entorpecía la gestión forestal, así como fortalecer la forestería comunitaria y a los legítimos propietarios de los recursos forestales, que no es otra cosa sino establecer que sean las personas las que realmente manden en sus terrenos. Hoy no es así. Hoy están sujetas al técnico forestal y a la autoridad, que tarda mucho en diseñar y avalar modelos de aprovechamiento. Existe, además, la necesidad de un rediseño institucional del sector forestal.

 

Cambiando de tema y pasando a los nuevos decretos de reservas de agua, mucho se critica que con el cambio de zonas de veda a reservas de agua se abre la sobre explotación a mineras y otras industrias. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Lo primero que hay que decir es que en la mayoría de las cuencas hidrológicas incluidas en estos decretos, si bien existían uno o varios decretos de veda de los años 30, 50 y 70, también es cierto que de la década de los años 90 al año 2006 se publicaron decretos que suprimieron parcialmente las vedas. De esa fecha para acá se han venido otorgando concesiones y se han declarado áreas naturales protegidas en algunas de esas regiones hidrológicas, lo que hacía necesario establecer limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas disponibles y garantizar una determinada reserva de agua para uso doméstico y uso público urbano, así como para garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas vitales.

 

¿Se puede decir, entonces, que se privatizó el agua?

Eso es imposible legal y constitucionalmente. Claro que hay quien entiende que otorgar una concesión es privatizar, lo que es falso. Pero aun así, estos decretos no otorgan derechos a nadie; todo lo contrario: aseguran una determinada cantidad de agua para el uso doméstico y público, y para el caudal ecológico.

 

Entonces, ¿es cierto que los grandes industriales y las cerveceras podrán aprovechar el agua?

Ya lo hacen mediante concesiones. Recordemos que estos decretos sólo se refieren a aguas superficiales. Además, hacer estos cambios implicó, en primer lugar, determinar mediante estudios científicos la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales por cada cuenca; en segundo lugar, identificar la cantidad de agua específica en cada una de ellas, y en tercero, consultar a los Consejos de Cuenca. En donde hay déficit se mantuvo la veda y en donde hay disponibilidad se decretó la reserva, precisamente para asegurar un uso ambiental o para conservación ecológica.

Finalmente, recordemos que aproximadamente el 70 por ciento del agua se usa para fines agrícolas y pecuarios, 20 por ciento para ciudades y 10 por ciento lo usan los industriales. ¿Esto qué significa? Que la mayoría se preocupa por el 10 o el 30 por ciento, en vez de preocuparse por el 70. Me parece que todos debemos poner el ojo en ese uso, eficientar el mismo y celebrar que el uso ambiental o de conservación ecológica llegó para quedarse.

 


 

Mauricio Limón es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con especialidad en Derecho corporativo y económico por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, y con especialidad en Derecho ambiental y globalización por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Se ha desempeñado como secretario general de Gobierno de Jalisco (2000-2001), titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Forestal (2001-2003), coordinador general jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2005), subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2005-2006) y subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de diciembre de 2006 a Septiembre de 2012.

  

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