Víctor Oléa Peláez

Hacia dónde va el Derecho penal

Víctor Oléa Peláez

 

Víctor Oléa Peláez, segundo vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y litigante especializado en materia penal, ofrece su opinión sobre temas de inminente actualidad, como la extinción de dominio, la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, la ley contra facturas falsas y empresas fantasma, el Código Penal Único para toda la República mexicana y la colegiación obligatoria de los abogados, al tiempo que hace una evaluación del sistema penal acusatorio.

 

 

¿Cuál es el papel del abogado postulante en México?

El abogado postulante es la esencia de la abogacía, por ser quien enfrenta ante los tribunales los problemas diarios que se suscitan en el ámbito de la especialidad de cada litigante; es decir, es el profesional del Derecho que lleva sus armas ante la justicia en pro de los intereses de sus representados. Los abogados somos quienes orientamos a los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos.

 

Tomando esta noción de justicia, ¿cómo incide el abogado en la justicia cotidiana?

Incide de manera importante al ser quien acude ante los tribunales a desarrollar la defensa de los intereses que le han sido encomendados. Y en función de esto, es esta justicia cotidiana la que tiene mayor vinculación con un profesional del Derecho. Somos la última línea de defensa de las libertades y la justicia. Como abogados tenemos el deber de denunciar a los malos jueces, pero también de defender a los buenos.

 

¿Existe una ética para los abogados?

Desde luego que sí: existe y debe existir. El Derecho tiene fines y esos fines son muy valiosos. A partir de lo anterior, quiero subrayar que, en el contexto de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la que soy segundo vicepresidente, tenemos un código de ética. Y esto es un punto sustancial, porque el control ético de nuestra profesión es la divisa de la abogacía mexicana en la actualidad, pues si no hay ética, si no hay un control al respecto, sucede lo que lamentablemente ha acontecido en el mundo del Derecho: abogados que carecen de ética y que inundan los tribunales en perjuicio de la sociedad. En consecuencia, los abogados debemos servir a la justicia y para lograrlo se requiere hacer un denodado esfuerzo para mejorar, sobre todo desde el ámbito ético.

 

La Barra Mexicana ha impulsado la colegiación. ¿En qué consiste la colegiación de los abogados?

Quiero destacar que uno de los objetivos sustanciales de nuestro colegio es tratar de lograr la colegiación obligatoria en nuestro país y la certificación de los abogados en cuanto a su educación jurídica continua. Actualmente, tenemos sistemas de certificación muy bien estructurados en la Barra Mexicana y el hecho de que los abogados podamos colegiarnos en forma obligatoria representaría un gran beneficio para nuestro país porque tendríamos no sólo un debido control ético de los profesionales del Derecho, sino además se generaría una organización de los abogados más profesional, a favor no sólo del gremio sino también de la sociedad en general. Si no hay colegios de abogados se pierde la fuerza moral del ejercicio de la profesión.

 

Algunos sectores se oponen a la certificación y a la colegiación. ¿A qué cree que se deba eso?

Yo critico a quienes se oponen a la colegiación en nuestro país pues su posición en contra obedece a intereses inconfesables; por ejemplo, por razones eminentemente políticas, se piensa que un gremio de juristas organizado sería poco “controlable”. Yo quiero destacar que la Barra Mexicana está a punto de cumplir 100 años de haber sido fundada y siempre ha mantenido su independencia, derivado del control ético. En ese sentido, eso molesta a varios sectores de nuestro país, que no quieren permitir que el gremio de abogados esté debidamente organizado. Debemos aspirar a un estado de cosas para que el sistema jurídico y la profesión de abogado funcionen mejor.

 

En el sector público hay estrategias de capacitación muy definidas. Con respecto a la certificación y a la colegiación se requieren estrategias de capacitación para los abogados. ¿Cuáles serían las óptimas?

Menciono el contexto de nuestro colegio de abogados. Así como en otros, existen mecanismos que denominamos “De educación jurídica continua”, esto es, sesiones mensuales de las comisiones de ejercicio de estudio profesional, seminarios, diplomados e incluso maestrías que desarrollamos para mantener actualizados a nuestros abogados, a los miembros de nuestra asociación profesional. La Barra Mexicana es fundamental, ya que garantiza que los abogados tengan aptitud y educación continua y pugna por una generación de juristas de calidad moral.

 

Además del conocimiento jurídico, ¿qué otros saberes deben tener los abogados?

La carrera de Derecho es una carrera muy amplia y, desde luego, los abogados debemos tener un bagaje cultural importante. El litigante tiene que leer, ser avezado en la cultura general y en la historia del país, así como conocer otras disciplinas, tanto jurídicas como de otra índole. Es menester que los abogados estemos cada vez más actualizados. Así, la abogacía es fundamental para el bien común. Por lo tanto, somos facilitadores de su papel.

 

En el marco del sistema penal acusatorio el litigante ocupa un papel fundamental. ¿Cuál es la función que debe desempeñar el abogado en la actualidad?

En el denominado sistema tradicional, el abogado estaba limitado en su actuación. Aquel seguía un procedimiento cerrado donde muchas veces no teníamos ni siquiera acceso a los jueces en las audiencias. Hoy, con el nuevo sistema de justicia penal, se privilegia mucho el debate, la contradicción, las habilidades, la estrategia, las destrezas de litigación. Definitivamente, uno de los ejes fundamentales como operadores del nuevo sistema somos los abogados litigantes que comparecemos a las audiencias a debatir oralmente los derechos de nuestros representados. Creo que esto ha venido cobrando un auge y una importancia mayúscula dentro del nuevo sistema.

 

En este nuevo proceso se amplían las funciones que puede tener un abogado postulante, que antes se constreñían la defensoría. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene que desempeñar en la asesoría jurídica de las víctimas?

Las víctimas estaban muy limitadas en el sistema anterior. Actualmente, desde el punto de vista constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen derechos fundamentales de las víctimas para hacer valer sus derechos. Uno de esos derechos, que yo destaco con mayor relevancia, es que ahora la víctima tiene la facultad de nombrar a sus asesores jurídicos, que intervienen directamente en las audiencias al mismo nivel que la defensa e, incluso, que el Ministerio Público.

 

El sistema de justicia penal acusatorio también privilegia algunas figuras como los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuál debe ser el papel de los abogados frente a estas nuevas figuras?

Desde luego que su papel es muy importante. No todo en el nuevo sistema de justicia penal implica llevar los procesos a un juicio oral; en la actualidad, afortunadamente, se establecen diversos mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten a los involucrados, ya sea víctima, imputado o enjuiciado, en su caso, a acceder a los mismos. Es labor de los abogados litigantes saber aconsejar a sus representados respecto de la conveniencia de acudir y someterse a esos mecanismos, o salidas alternas, para no llegar a un juicio oral.

 

¿Qué diferencias encuentra entre el sistema actual y el anterior?

Nadie puede dudar de que el nuevo sistema es mucho mejor que el tradicional. Basta recordar cómo era éste; por ejemplo, el juez no estaba presente en las audiencias en 90 por ciento de los casos, no presenciaba el desahogo de las testimoniales, ni de las periciales, e, incluso, en los careos se limitaba a revisar enormes legajos de papel para el dictado de sus sentencias, sin cumplir con el principio de inmediación. Asimismo, el principio de contradicción estaba limitado a escritos. Ahora tenemos más derechos, más transparencia, es decir, mayor garantía de que el proceso penal se va a llevar de una manera adecuada y ante la vista de la sociedad. No es cosa menor destacar que el actual sistema surgió hace pocos años y faltan muchos más para perfeccionar realmente su implementación, en lo cual la capacitación de todos los operadores del sistema, incluidos los abogados, tienen un papel fundamental. El sistema va evolucionando paulatinamente, es perfectible. Hay muchas cosas por mejorar.

 

Sin embargo, existen voces que apelan a un retorno al sistema anterior. ¿Qué opina al respecto?

Esas voces, que ciertamente existen, son muy criticables. Provienen, sobre todo, de abogados o de personajes que no se han preparado para el nuevo sistema, lo cual es una realidad que hay que subrayar y decir con todas sus letras. Es muy fácil pretender que las cosas vuelvan al estado anterior, a un sistema que, quedó probado, no servía, al grado de que se privilegiaba la prisión preventiva antes que otra cosa. Lo anterior ha cambiado y esas voces críticas deben entender que, aun cuado nuestro sistema actual adolece de algunos vicios y de algunas imperfecciones, es necesario luchar denodadamente por él en beneficio de México y de nuestra sociedad.

 

¿El nuevo sistema de justicia penal ayuda a resolver el problema de la violencia que vive México?

El sistema acusatorio no está diseñado para resolver los problemas de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Está estructurado para que a las víctimas, e inclusive a los imputados, se les respeten sus derechos humanos. No está diseñado para resolver los problemas de seguridad ni de violencia; eso le corresponde a otros ámbitos de nuestro gobierno. El nuevo sistema penal fue creado para proteger los derechos humanos, no para resolver problemas de violencia e inseguridad.

 

Existe la propuesta de un Código Penal Nacional. ¿Qué opina al respecto?

Estoy convencido de que un Código Penal Único para toda la República es de vital importancia. Es necesario. Ya tenemos una legislación procesal única para toda la nación; ahora debemos luchar denodadamente, desde nuestra trinchera, para que, efectivamente, este Código Penal para todo el país sea una realidad. Es inconcebible que existan diversas normas sustantivas, muchas veces dispares en las distintas entidades federativas, incluso en discordancia con el Código Penal Federal. Es imprescindible que logremos una legislación penal única para todo México.

 

¿Cómo se puede democratizar el Derecho en México?

Parte de muchos aspectos; por ejemplo, se tienen que socializar mejor las ventajas del nuevo sistema acusatorio. Considero que durante la vacatio legis que tuvimos no se concientizó a la sociedad en general acerca de los beneficios del sistema. Por el contrario, mucha gente piensa que el sistema de justicia penal es negativo, apelando a la denominada “puerta giratoria”. Pero la sociedad en general debe comprender mejor cuál es la aplicación del sistema, para que éste quede debidamente democratizado en nuestro país. Hay esfuerzos importantes para lograr eso, como la creación de la Fiscalía General de la República y los trabajos de reforma paulatina de nuestras codificaciones sobre el tema. Como abogados debemos apoyar que nuestro nuevo sistema de justicia penal funcione de una manera mejor.

 

¿Cuál es su posición sobre la extinción de dominio y la ley en la materia?

La figura de la extinción de dominio y su nueva ley han generado muchas inquietudes; sin embargo, mi posición al respecto es que con una adecuada implementación será una herramienta útil para la recuperación de activos asegurados a la delincuencia organizada.

 

¿Qué nos puede decir del proyecto de leyes penales fiscales que castigan a vendedores de facturas falsas y a empresas fantasma?

El proyecto de reformas, a mi consideración, es criticable. Primero, porque está plagado de muchas aspectos claramente inconstitucionales; segundo, porque asociar a defraudadores fiscales con la delincuencia organizada es un error, teniendo en consideración que en cualquier supuesto, los ingresos de las empresas nacen siendo lícitos y, por tanto, no se puede equiparar su conducta a la de la delincuencia organizada.

 

¿Qué opina sobre la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, contemplado en el artículo 19 constitucional?

Es un error y un retroceso lamentable el que se siga ampliando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Ello no sólo va en contra de una política criminal coherente y racional, sino que se olvida que históricamente la prisión preventiva ha sido un fracaso en nuestro país.

 

¿Cuál es el reto de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a 100 años de su instauración?

El reto fundamental de nuestro colegio, en mi modesta opinión, es lograr su unidad. Vamos terminando un periodo fantástico de desarrollo, de intensidad, de muchos logros por parte de nuestro presidente anterior, José Mario de la Garza Marroquín. Ahora, ante la legítima asunción del nuevo presidente, Héctor Herrera Ordoñez, debemos confiar mucho en su experiencia, en su liderazgo, para lograr la unión de nuestro colegio en aras de que la abogacía en México tenga en la Barra Mexicana uno de los pilares fundamentales para sustentar al gremio de la abogacía en nuestro país. En ese tenor, a casi 100 años de su fundación, la Barra Mexicana se debe seguir constituyendo no sólo como la conciencia jurídica nacional, sino también como un colegio comprometido con la sociedad y, sobre todo, de vanguardia social.

 

En su calidad de segundo vicepresidente de la Barra, ¿cuáles son las nuevas acciones que se plantean a futuro?

Estamos comprometidos seriamente para lograr la consolidación de la abogacía en México. Tenemos una unión importante con otros dos colegios extraordinarios en nuestro país: el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Juntos hemos estado constituyendo el Consejo General de la Abogacía Mexicana para que, a través de nuestros esfuerzos comunes, se puedan conseguir, finalmente, legislaciones que contemplen la colegiación obligatoria y la certificación de los abogados, todo ello, insisto, con el propósito esencial de ser propiciadores del bien común.

 

 


 

 

Víctor Oléa Peláez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Derecho en un programa conjunto de la Universidad de Harvard y de la Fletcher School of Law and Diplomacy. Asimismo, obtuvo el grado de maestría en Derecho procesal penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha realizado diversos cursos de actualización y talleres en procedimientos orales en la California Western School Of Law, en San Diego, California, así como en otras instituciones jurídicas nacionales.

Ha ejercido la profesión como abogado litigante, principalmente en materia penal, tanto en el Bufete Moreno Tagle como en el Bufete Oléa y Asociados, S.C.

En la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se ha desempeñado como coordinador de la Comisión de Derecho Penal, secretario ejecutivo de la Defensa de la Defensa, miembro del consejo directivo durante diversos periodos y coordinador del Comité de Enlaces Institucionales Nacionales. En septiembre de 2018 fue elegido como segundo vicepresidente de la Barra Mexicana para el bienio 2019-2021.

 

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