La inconstitucionalidad de las consultas populares

La inconstitucionalidad de las consultas populares

 

Si algo ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el sistema de “consultas populares” a las que ha recurrido retórica y fácticamente desde que era candidato a la Presidencia de la República. En varias ocasiones el presidente ha reiterado en su discurso la necesitad de consultar al pueblo mexicano para tomar decisiones políticas, tanto para el reconocimiento de derechos como para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Pero ¿cuál es la validez legal de este mecanismo de ejercicio del poder? El autor responde en este artículo.

 

Desde las campañas electorales, ante preguntas directas de periodistas o durante los debates de los candidatos a la Presidencia, López Obrador dijo que recurrirá a la “consulta popular” para buscar el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana.

Como presidente electo ha realizado dos consultas populares, una para la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y otra llamada Consulta Nacional de Programas Prioritarios —realizada por la Fundación Arturo Rosenblueth—, en la que puso a la opinión pública la construcción del Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción de la refinería Dos Bocas, el aumento de la pensión a personas adultas mayores y el desarrollo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entro otros temas.

Asimismo, ordenó a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación que realizara la “consulta ciudadana” para la continuación de la construcción de la Termoeléctrica de Huexca en Morelos, la cual se llevó a cabo el 23 y el 24 de febrero en 147 módulos de 60 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con declaraciones del presidente, el resultado favorable de esa consulta fue tomado como vinculante por parte de su gobierno.

Según el discurso presidencial, están por consultarse la procedencia del juicio político a los ex presidentes de México y el proyecto de desarrollo de infraestructura del Ismo de Tehuantepec. Al parecer, la política de consultas seguirá siendo una constante de la Presidencia de la República, lo cual exige la imperiosa necesidad de tener en cuenta la legalidad y la constitucionalidad de las mismas.

Ahora bien, solamente existen dos figuras de consulta pública previstas en nuestra Constitución: 1) la consulta popular regulada en el artículo 35 constitucional y 2) la consulta indígena prevista en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1) En primer lugar, al regular en el artículo 35 constitucional el catálogo de los derechos de los ciudadanos, el legislador estableció como uno de ellos el derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Esta consulta popular debe ser convocada por el Congreso de la Unión, ya sea a petición del presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras, o el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

En la Constitución se establece que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, la cual debe ser realizada el mismo día que la jornada electoral federal. Para que el resultado de la consulta popular sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo debe acreditarse la participación de cuando menos 40 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Es importante mencionar que previamente a la celebración de la consulta popular la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificará su constitucionalidad, a efecto de evitar que se sometan a consulta popular cuestiones que pudieren transgredir en cualquier modo los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

2) Por su parte, en el artículo 2° constitucional se reconoce el derecho humano de las comunidades indígenas a ser consultadas previa realización de proyectos que incidan en su forma de vida comunal y tradicional, así como aquellas decisiones que incidiesen en sus territorios y sus asentamientos, todo lo anterior derivado del reconocimiento constitucional a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

La consulta indígena debe ser realizada previamente a la realización del proyecto que se está sometiendo a consulta y se debe explicar a las comunidades los alcances y las implicaciones del proyecto, así como llevarse a cabo respetando las normas, los procedimientos y las prácticas tradicionales propias de las comunidades a las que se consulte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales han sido insistentes en interpretar jurisprudencialmente que la ausencia de una consulta indígena en la realización de proyectos normativos y de infraestructura es suficiente para declarar su inconstitucionalidad. Cualquier persona que se autoadscriba como indígena está legitimada para promover un juicio de amparo ante un juez federal contra la omisión de realizar una consulta indígena en la realización de proyectos que incidan en alguna medida en la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es el caso que las consultas populares hasta ahora realizadas por el presidente de la República están bastante lejos de cumplir los requisitos para considerarse como consulta popular o consulta indígena en términos de los artículos 2° y 35 constitucionales.

En efecto, tomemos como ejemplo la consulta ciudadana de la Termoeléctrica de Huexca, realizada recientemente. En principio, no se trata de la consulta popular prevista en el artículo 35 constitucional, pues no fue aprobada por el Congreso de la Unión, previa calificación de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte, no fue organizada por el Instituto Nacional Electoral ni realizada en la misma fecha que ocurrieron los comicios federales.

Por supuesto, el resultado de la consulta de AMLO tampoco es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues además de que no cumple los requisitos para ser considerada consulta popular en términos de la Constitución, nunca existió la verificación por parte del Instituto Nacional Electoral de la participación del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Por otro lado, la consulta ciudadana de la Termoeléctrica de Huexca mucho menos puede tratarse de la consulta indígena prevista en el artículo 2° constitucional, pues ésta no se realizó de acuerdo a los usos y costumbres políticos de las comunidades indígenas que se ubican en la región.

Al tratarse de un proyecto de infraestructura que afectaría a comunidades indígenas, antes de realizar la consulta de AMLO, las autoridades federales debieron explicar detalladamente a las comunidades indígenas de la región las implicaciones y los alcances de la Termoeléctrica Huexca a efecto de que estuvieren suficientemente informadas para tomar una decisión en ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es el caso que la consulta de AMLO es sólo eso: una consulta realizada por la orden unilateral del presidente de la República, pero que no cuenta con sustento constitucional. Ésta fue organizada y realizada por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, y no por el Instituto Nacional Electoral; se aplicó a la población en general sin realizar una especial distinción de las comunidades indígenas, y mucho menos bajo sus usos y costumbres.

Por ello, el discurso encabezado por el presidente de la República que pretende sustentar la realización de diversos proyectos de infraestructura en el resultado de su mal llamada consulta popular o ciudadana no cuenta con ningún sustento jurídico. Al contrario, la ausencia de una verdadera consulta en lugares donde se encuentra asentada población indígena, realizada bajo los parámetros constitucionales y convencionales, es razón suficiente para calificar la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la misma.

El marco constitucional vigente dota al propio Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para consultar al pueblo mexicano acerca del desarrollo de políticas públicas y de infraestructura. No basta más que aplicar el texto constitucional, recordando la máxima de José María Iglesias: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

 


 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y litigante en López Melih y Estrada, S.C.

 

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