Por qué estoy a favor del fuero

Por qué estoy a favor del fuero

 

A nivel federal avanza la iniciativa de eliminación del fuero, consignado en diversos artículos de nuestra Constitución. La postura es claramente populista, dirigida a un pueblo enojado con sus representantes. Confunden el síntoma con la causa. Guanajuato ya eliminó el fuero, especialmente el de sus diputados. Pésima decisión en un ambiente monárquico-provinciano como el que se ha instaurado en nuestro estado.

 

 

Nos dicen los historiadores que todo este asunto comenzó en la Inglaterra de la alta Edad Media. Hacia 1340, Eduardo III inició contra Francia la llamada “Guerra de los Cien Años” que desencadenó fuertes presiones económicas para su reino y, por lo tanto, una confrontación con sus barones. El líder del Consejo Real era el destacado John Stratford, arzobispo de Canterbury, la posición más importante de la Iglesia en Gran Bretaña. El encontronazo entre el rey y su consejo se tensó mediante estratagemas legales para imputar delitos a Stratford y así neutralizarlo en la batalla política. Esa fue la primera vez que un miembro de un protoparlamento exigió ser juzgado por sus pares, y no por el monarca. Ahí nació el reclamo de fuero especial para los parlamentarios. La contienda fue ganada por los lores y la autoridad regia se vio limitada.

Ya en los años 1397, 1459 y 1512 ocurrieron violaciones a los privilegios de los parlamentarios, por lo que se dictó la primera ley que definió los fueros del parlamento, que fue ratificada hasta 1667. Antes, Jacobo I no estuvo de acuerdo en conceder ese poder a los súbditos; Carlos I, su hijo, con aspiraciones absolutistas, menos. Le cortaron la cabeza en 1649.

Finalmente, se estableció que cada miembro debía tener garantizado su pleno derecho a expresarse libremente y quedaba protegido contra acusaciones, presiones o ultrajes. El principio de que los asuntos del parlamento y sus miembros se resolvían en el seno del propio parlamento (fuero parlamentario) quedó plenamente definido en el Bill of Rights, signado por Guillermo de Orange en 1689. La larga lucha se cerraba bajo la contundente victoria de los “representantes del pueblo”.

Con ese ejemplo, drástico y brutal, Estados Unidos incluyó en su Constitución (1787) el blindaje parlamentario, así como, luego de un excesivo uso de la guillotina y de muchas cabezas que rodaron en su entorno, Francia también lo asimiló en sus constituciones de 1791 y 1793.

Desde esos dramáticos momentos de la historia moderna, la mayoría de los países con regímenes democráticos, ya fueran parlamentarios o republicanos, decidió adoptar la protección de sus legisladores frente a los titulares del Poder Ejecutivo o los monarcas en funciones. Durante el siglo XIX México no fue la excepción.

Nuestra historia no está exenta de conflagraciones entre caudillos y representantes populares. En 1822 Agustín de Iturbide disolvió el Congreso y encarceló, entre otros, a los diputados fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante y José María Luis Mora. En 1913 Victoriano Huerta ordenó encarcelar a 84 diputados que se rebelaron como consecuencia del golpe de Estado del chacal contra Madero. Nunca las relaciones entre los titulares del Poder Ejecutivo y los verdaderos representantes sociales han sido tersas.

De la reflexión sobre los hechos históricos narrados, y ante la irreflexiva moda de la eliminación del fuero, el diputado argentino Sergio Massa dijo: “Los diputados no pueden ni deben renunciar a sus fueros, porque los fueros no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del Poder Ejecutivo, y también de los particulares, que mediante denuncias judiciales podrían interferir en la actuación de sus miembros”.

Los mexicanos hemos tomado con una temeridad pasmosa el sendero rumbo al precipicio. Por eso, ante la amenaza de eliminar el fuero constitucional, Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “Los gobernadores/caciques verán multiplicado su poder de control sobre los legisladores y los jueces locales”. Tal parece que la apuesta a favor de un gobierno autocrático se dobla, al tomar una decisión tan trascendente y conceder a la ignorante y vociferante tribuna populachera la eliminación de un escudo que sólo acabará empoderando al más fuerte frente al débil.

El problema no es el fuero, como neciamente se cree. El problema es la falta de democracia interna de los partidos, que impide el acceso al poder a mejores representantes. El problema es la liquidación paulatina de la oposición en los congresos. Sin fuero quiero ver a los futuros congresistas, por ejemplo, intentando enfrentar maniobras atrabiliarias de Andrés Manuel López Obrador. Los va a hacer picadillo. Tontos.

 


 

* Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho público (administrativo y fiscal) por la Universidad de Guanajuato.

** Artículo publicado en carlosarcemacias.wordpress.com el 22 de abril de 2018. Se reproduce con autorización de su autor.

 

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