La generalización a escala masiva del uso de dispositivos electrónicos supone un quiebre en la concepción clásica del catálogo de pruebas, lo cual plantea un importante reto en materia de familiarización y capacitación.
Aunque la vigencia de los derechos humanos y de los derechos ambientales debería ser un imperativo para todos los países, se está volviendo una constante el resurgimiento de discursos políticos que atentan contra el derecho ambiental internacional.
Con independencia de si los notarios son funcionarios públicos, la gran pregunta que debe formularse es si cabría la posibilidad de ser calificados jurídicamente para efectos del juicio de amparo como autoridad responsable.
Un jurado popular, integrado por ciudadanos comunes, puede ayudar a prevenir que los funcionarios judiciales actúen siguiendo las orientaciones o sugerencias de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Los autores exponen la ruta que debe seguirse para atender las causas de las actuales deficiencias en materia de justicia penal en nuestro país.
El 25 de noviembre conmemoraremos una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Este año hay razones para celebrar?
En este artículo el autor hace un análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y profundiza en algunos aspectos relativos a la pertinencia de la polémica figura de extinción de d
La autora explica cómo debe entenderse el principio del interés superior del menor, a la luz de las normas internacionales en materia de derechos humanos.
¿Ya entró en vigor el nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? Los fiscales aseguran que ya; los defensores insisten en que aún faltan por cumplirse algunos requisitos, y entre los jueces hay quienes opinan que sí y que no.
Frente a las voces que defienden la existencia de una fiscalía autónoma como remedio a la inseguridad que vive nuestro país, el autor sostiene que lo importante es que la fiscalía cuente con las herramientas jurídicas para defender sus decisiones.
El autor desmenuza en este artículo las causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, tomando como referencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A pesar de la insuficiente regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la recepción y el desahogo de pruebas a través de videoconferencias, los autores explican por qué la presentación de determinadas pruebas a través de medios electr
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