Considerando lo desprestigiadas que están las instituciones electorales frente a los ciudadanos, en tiempos de elecciones el Tribunal Electoral debe velar para que su actuar se armonice con los principios de la justicia abierta exigidos en la actualidad.
El autor de este texto apunta a la necesidad de no dejarse llevar por criterios puramente pragmáticos, que dan plena libertad negociadora a las partes, por lo que cobra relevancia la figura del juez como un protagonista activo en el proceso penal.
Este artículo tiene como propósito detectar y analizar algunas discusiones legales con las que la industria de los videojuegos se enfrentará en los próximos años, particularmente en relación con las nuevas tecnologías que están emergiendo.
Las autoras analizan el nuevo régimen sancionador de responsabilidades administrativas, previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y señalan la laguna legal que puede dar lugar a la violación del principio de seguridad jurídica.
Poner en duda la legitimidad de jueces y magistrados que han accedido a sus cargos a través de concursos de oposición, sugiriendo que han hecho trampa o "comprado" las plazas”, representa un acto de mala fe, afirma el autor.
¿Tenía interés legítimo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para promover el juicio de amparo para que los estados reformaran sus marcos normativos?
¿Puede una conversación privada a través del WhatsApp ser aportada como medio de prueba a un proceso penal por una de las partes que haya intervenido en la conversación?
La caótica legislación penal mexicana no ha incorporado de manera homogénea los delitos informáticos, cada vez más comunes en la realidad actual. El autor analiza las novedades consideradas en el proyecto de Código Penal Nacional en esta materia.
¿Puede considerarse un agravio al derecho de acceso a la información de una persona el que un funcionario público la bloquee en su cuenta de Twitter? El autor analiza una sentencia al respecto.
La dependencia de los dispositivos tecnológicos es innegable hoy en día, pero con ella también nos hemos vuelto más vulnerables a numerosas amenazas. El autor se pregunta si, en este escenario, aún existe el derecho a la privacidad.
El Código Nacional de Procedimientos Penales no genera una distinción de documentos públicos y privados, lo cual repercute en el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valoración del medio de prueba.
El autor aborda el tema del interés legítimo del consumidor en el caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conceda una marca cuya semejanza en comparación con otra sea similar en grado de confusión.
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