Antiguamente se pregonaba: el “juicio que no empieza por la detención, nunca alcanzará al ladrón”, queriendo significar que si el autor del hecho delictivo no es privado de la libertad para enjuiciarlo, nunca se cumplirán los fines del proceso.
Los autores de este artículo, miembros de la firma Winston & Strawn LLP, exponen cómo las partes de un arbitraje nacional o internacional entablado en México pueden recibir asistencia de los tribunales de México y Nueva York.
El autor analiza las implicaciones que, en materia de acciones colectivas, tiene la reciente iniciativa de reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley del Mercado de Valores.
El pasado mes de marzo el Ejecutivo federal confirmó el cierre del complejo penitenciario Islas Marías. A la luz de la medida, la autora realiza un análisis sobre los antecedentes y la situación de este centro penitenciario hasta el momento de su cierre.
La autora reflexiona sobre el riesgo creciente que representa defender los derechos en México, especialmente para las mujeres.
En este artículo se analiza la reciente propuesta de modificación al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar el concepto de flagrancia, que entraría en conflicto con la presunción de inocencia.
Siempre en busca de controversia, pero siempre luminoso en sus puntos de vista, el autor de este artículo toma a la Guardia Nacional como pretexto para reflexionar sobre la procedencia del veto tratándose de una reforma a la constitución.
Nuestras autoridades judiciales actúan de forma obsoleta al momento de interpretar la ley y de juzgar. Las acciones colectivas son una muestra evidente de lo anterior.
La coyuntura entre la resolución del amparo directo 9/2018 por la SCJN y la película Roma le permiten a la autora reflexionar en torno de la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas y de las trabajadoras del hogar.
El autor presenta las bases de una Escuela Judicial Nacional que se encargue de la selección, la preparación y la posterior designación de jueces y magistrados.
Han pasado más de cuatro años de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y entrada en vigor de uno de los tópicos más relevantes e inexplorados en nuestro país: el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los autores enfatizan la necesidad de que en México prevalezca la división de poderes, a fin de limitar el ejercicio arbitrario del poder público y generar confianza y certidumbre a la sociedad.
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