¿Es posible, acudiendo a la tecnología y las investigaciones de la neurociencia, predecir el comportamiento delictivo para anticiparse a que ocurra? ¿Debemos regresar al concepto de “peligrosidad” y poner en entredicho el libre albedrío?
¿Debe haber una normatividad que regule las redes sociales y legalice la intervención del Estado en ese ámbito? El autor recupera las reflexiones sobre la censura en la obra de Hobbes.
Pese a lo que algunas voces sostienen, la crisis de impunidad que vivimos no tiene su origen en el sistema acusatorio, sino en las reminiscencias inquisitivas que conserva, las cuales han impedido su implementación plena.
El uso de la fuerza por parte del Estado para evitar la propagación del virus del Covid-19 debe considerar los estándares internacionales y ser proporcional, necesario y legítimo, por lo que debe apegarse a la normatividad vigente.
La autora reflexiona sobre la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y celebra que ya no se hagan distinciones entre esposas y concubinas a la hora de fijar una pensión.
En el contexto actual de pandemia, los autores analizan las nuevas plataformas tecnológicas y aplicaciones móviles en relación con el uso, tratamiento y procesamiento de los datos personales en situaciones de emergencia.
¿Son legales las detenciones —conocidas como “retenes”— que realizan los cuerpos de seguridad pública y los militares en las carreteras?
Existe un gran desconocimiento tanto de los empleadores como de los trabajadores respecto de la regulación en torno al trabajo del hogar, lo cual puede acarrear problemas legales de índole laboral.
Para la actual administración federal, el “rescate” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consiste en fortalecer su papel monopólico con la idea de desplazar a la competencia. Así, el futuro de las energías renovables está en manos de los jueces.
La actual contingencia sanitaria y las necesidades de protección y acceso a la justicia ponen de manifiesto la urgencia de corregir, unificar y ampliar los mecanismos institucionales y jurisdiccionales de acceso a la justicia.
Los gobernados podrán acceder al amparo indirecto ante los juzgados de distrito en materia administrativa para combatir los actos administrativos que les causen perjuicio, sin tener que agotar previamente el juicio contencioso administrativo.
El autor analiza por qué es importante que se concedan las medidas cautelares para proteger la viabilidad de una empresa sujeta a concurso mercantil, especialmente en el contexto de pandemia que hoy se vive.
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