Poner en duda la legitimidad de jueces y magistrados que han accedido a sus cargos a través de concursos de oposición, sugiriendo que han hecho trampa o "comprado" las plazas”, representa un acto de mala fe, afirma el autor.
¿Tenía interés legítimo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para promover el juicio de amparo para que los estados reformaran sus marcos normativos?
¿Puede una conversación privada a través del WhatsApp ser aportada como medio de prueba a un proceso penal por una de las partes que haya intervenido en la conversación?
La caótica legislación penal mexicana no ha incorporado de manera homogénea los delitos informáticos, cada vez más comunes en la realidad actual. El autor analiza las novedades consideradas en el proyecto de Código Penal Nacional en esta materia.
¿Puede considerarse un agravio al derecho de acceso a la información de una persona el que un funcionario público la bloquee en su cuenta de Twitter? El autor analiza una sentencia al respecto.
La dependencia de los dispositivos tecnológicos es innegable hoy en día, pero con ella también nos hemos vuelto más vulnerables a numerosas amenazas. El autor se pregunta si, en este escenario, aún existe el derecho a la privacidad.
El Código Nacional de Procedimientos Penales no genera una distinción de documentos públicos y privados, lo cual repercute en el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valoración del medio de prueba.
El autor aborda el tema del interés legítimo del consumidor en el caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conceda una marca cuya semejanza en comparación con otra sea similar en grado de confusión.
Buena parte de los servidores públicos de la administración pública federal centralizada ingresó a la misma en un proceso irregular. Ya sea por ello, o por otras causas, éstos no se encuentran capacitados para desempeñar su cargo.
El autor revisa los principales criterios que los organismos internacionales, regionales y nacionales han aprobado en relación con los defensores de derechos humanos.
El autor nos ofrece sus reflexiones sobre las causas del debilitamiento del Estado de Derecho —la pérdida de valores y la falta de compromiso de algunas instituciones— y expresa su esperanza para el cambio.
El autor de este artículo, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), formula aquí cinco pendientes para que el sistema acusatorio opere con eficiencia.
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