Claroscuros de los concursos de oposición

Claroscuros de los concursos de oposición

 

Poner en duda la legitimidad de jueces y magistrados que han accedido a sus cargos a través de concursos de oposición, sugiriendo que han hecho trampa o "comprado" las plazas”, representa un acto de mala fe, afirma el autor al analizar el sistema de concursos como vía de acceso a los cargos terminales de la carrera judicial federal.

 

 

La reforma a la Ley Suprema del 31 de diciembre de 1994, una de las más importantes en materia de justicia de las últimas décadas, descansa en tres ejes rectores esenciales: la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional, la creación del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación, y el reconocimiento de la carrera judicial regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Este último, a pesar de haber sido el menos publicitado, a mi parecer es el más importante para la transformación del sistema de impartición de justicia, que es el que concierne al común de las personas, porque a través del mismo se resuelven los pequeños grandes problemas que las afectan en lo cotidiano, cualquiera que sea la materia que les dé sustancia.

Esto es, lo que importa al ciudadano común y corriente —categoría en la que tenemos cabida todos, con independencia de posiciones sociales o de jerarquías— es que se le imparta la justicia pronta, imparcial y completa que mandata el artículo 17 constitucional, que por desgracia estamos muy lejos de alcanzar, lo que provoca el desencanto y la frustración de una sociedad justamente indignada.

Reglamentando las disposiciones de la Carta Magna, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 18 de abril de 1995 estableció, en su título séptimo, artículos 110 y 112, las categorías de la carrera judicial y el sistema de concurso interno de oposición y oposición libre para el ingreso y la promoción a las categorías terminales, que son las de juez de distrito y magistrado de circuito, quedando así superado el llamado sistema tutorial, en el que esas designaciones dependían únicamente de la voluntad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por turno hacían las propuestas al pleno sin encontrar oposición de sus pares.

En realidad, al establecerse el nuevo sistema para el efecto de realizar esas designaciones, se democratizó el Poder Judicial de la Federación al permitir que en los concursos de oposición participaran, en igualdad de circunstancias y sin discriminación alguna, todos quienes reunieran los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos para ocupar esos cargos, cuyo resultado depende únicamente de sus conocimientos y sus aptitudes, fomentándose así la cultura del esfuerzo y eliminándose padrinazgos y recomendaciones.

 

Inicios

Nada fácil fue la organización de los primeros concursos, responsabilidad que recayó en el Instituto de la Judicatura Federal, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, porque no se tenía ningún antecedente en nuestro país, lo cual obligó a investigar en la doctrina y en las fuentes académicas nacionales y extranjeras.

Desde un principio se tomaron medidas extremas de control y se procedió a integrar una base de datos con los reactivos formulados por los miembros del Comité Académico —todos juristas de reconocido prestigio—, depurados por el director general, cuidando que no fueran demasiado sencillos ni de extrema dificultad, mismos que fueron capturados en un equipo de cómputo instalado en su oficina exclusivamente para ese efecto, al que sólo tenía acceso una oficial judicial, odontóloga de profesión, que por lo tanto no tenía el menor conocimiento de cuestiones jurídicas, y de una discreción a toda prueba que era imposible arrancarle palabra alguna sobre el asunto.

Las medidas de seguridad también se extremaron y nadie tenía acceso a la información relacionada con los concursos, incluidos los consejeros que siempre fueron respetuosos de la reglas impuestas por la dirección, aunque no faltó quien las considerara excesivas; sin embargo, por ser el inicio de un nuevo sistema de designación y promoción a los cargos terminales de la carrera judicial, que era necesario legitimar y darles credibilidad, me pareció que era preferible pecar por exceso que por defecto.

El primer concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito tuvo lugar en 1996 y fue verdaderamente exitoso, pues se logró vencer resistencias y acallar voces malintencionadas que insistían en que era una simple simulación y que los nominados serían recomendados de ministros y consejeros.

El éxito obedeció no sólo a las medidas de seguridad que se instrumentaron antes del concurso, sino también a las adoptadas al inicio y durante su desarrollo. Así, la tarde anterior a la celebración de la primera etapa —respuesta al cuestionario escrito—, ante la fe de una secretaria, se procedió a integrar el cuestionario seleccionando de manera aleatoria 100 reactivos de la base de datos, cuidando el equilibrio en las materias básicas que todo juzgador debía conocer —constitucional, amparo, penal, civil, administrativo y laboral— para que todos los concursantes tuvieran iguales oportunidades, labor realizada con el auxilio de la oficial judicial responsable del manejo de la computadora.

Una vez integrado, con el auxilio de las mismas dos personas, se procedió a su reproducción en una fotocopiadora instalada también en la dirección general, labor que concluyó a altas horas de la noche, cuando el cuestionario se colocó en sobres y se integró después en paquetes flejados, sellados, lacrados y firmados para garantizar su inviolabilidad, tarea que terminó durante la madrugada del día siguiente sin que en esas horas nadie hubiera tenido acceso a la oficina.

En esa data, a partir de las 7:00 horas comenzó el proceso de identificación y registro de los concursantes, en forma manual, ya que no se contaba con los sistemas informáticos de la actualidad, pero sí, en cambio, con personal debidamente capacitado y eficiente. A las 9.00 horas, estando todos en los lugares que les fueron asignados, se les instruyó respecto de la forma en que debían utilizar las hojas de respuestas —que estaban identificadas con códigos de barras para evitar que quienes las calificaran conocieran la identidad de sus autores—, las prohibiciones y la forma de conducirse, así como las consecuencias de su incumplimiento, dándose 10 minutos de tolerancia por el eventual retraso de algún aspirante, pasados los cuales fueron cerradas las puertas del auditorio. Acto seguido se procedió a la apertura de los paquetes en presencia de los concursantes, quienes pasaron a tomar uno de los sobres que contenían los cuestionarios, empezando a resolverlos todos a la misma hora.

La lectura de las hojas de respuestas que, según lo dicho antes, estaban identificadas únicamente con códigos de barras, la realizó una compañía externa especializada y el resultado lo tuvo el mismo día por la tarde-noche, sin que pudiera darse a conocer de inmediato porque estaba previsto su envío al Diario Oficial de la Federación para su publicación, que hacía surtir efectos de notificación a los interesados.

Iguales medidas de seguridad y disciplina fueron aplicadas en las siguientes etapas: solución de casos prácticos —uno sobre la materia elegida por el concursante y otro asignado aleatoriamente de las restantes—, utilizándose también para los proyectos códigos de barras, y examen oral público, contando siempre con el apoyo institucional de los consejeros, miembros del Comité Académico y magistrados integrantes de los comités de evaluación y los jurados.

Ésta fue la forma de celebrar los concursos de oposición internos para la designación de magistrados de circuito y jueces de distrito de 1996 a 1999, de los cuales siempre se obtuvieron resultados satisfactorios. Desde luego no faltaron incidentes menores —alguien que pretendió copiar, preguntar a sus compañeros o consultar notas no permitidas— que por la estricta vigilancia implementada eran resueltos de inmediato sin que trascendieran. Sin lugar a dudas se logró legitimar el sistema, darle credibilidad y despertar la confianza de los servidores del Poder Judicial de la Federación que, por primera vez, tuvieron la convicción de que únicamente con dedicación, esfuerzo, estudio y perseverancia podían acceder a los cargos más importantes de la carrera judicial: juez de distrito y magistrado de circuito.

De esas generaciones surgieron las juzgadoras y los juzgadores que ahora, dos décadas después, constituyen la columna vertebral del Poder Judicial de la Federación.

 

Complicado transitar

Luego vinieron cambios cupulares y de dirección que repercutieron en los concursos, los cuales se multiplicaron más de lo aconsejable sin la previa preparación del material humano, flexibilizándose los requisitos para participar y dejándose de actualizar la base datos, además de que se redujeron las reglas disciplinarias y disminuyeron los controles. Tal vez lo más negativo fue que empezaron a intervenir demasiadas personas de la sede central y de las extensiones del instituto, particularmente en la primera etapa, que era la puerta de entrada para participar en las subsiguientes. Quizás por eso comenzaron a presentarse inconformidades con los resultados de parte de quienes los consideraban inexplicables debido a que varios de los que aprobaban no eran los mejores, y eso les hacía pensar en favoritismos, aunque, en honor a la verdad, debe decirse que nunca se aportó prueba alguna de esas acusaciones.

Sin embargo, esos resultados fueron los que dieron origen a lo que denominamos cultura del recurso, que fue creciendo hasta convertirse en un verdadero tsunami, ya que los concursantes empezaron a inconformarse por todo: el acuerdo base, la convocatoria, los reactivos, los casos prácticos, los exámenes orales y las calificaciones obtenidas en cada etapa, los factores de evaluación judicial y, desde luego, los resultados finales. Ante ese cúmulo de recursos la Suprema Corte fue estableciendo criterios cada vez más severos e invasivos que acabaron por desnaturalizar la esencia de los concursos, sobre todo cuando determinaban la calificación.

En una decisión cuestionable el Consejo decidió publicar, antes de cada concurso, a título de guía de estudio, todos los reactivos. La consecuencia fue que los secretarios aspirantes a acceder al cargo de juez de distrito dedicaran todo su tiempo a memorizarlos, en perjuicio del desempeño de sus funciones, que dejaban en manos de los oficiales judiciales, y como en ocasiones los concursos para esa categoría y la de magistrado de circuito coincidían en tiempo, llegó a darse el caso de que los jueces aspirantes procedieran de igual manera con grave afectación a la impartición de justicia.

Con ese sistema, quienes no obtenían de 98 a 100 en la primera etapa no accedían a la segunda, por lo que se llegó a pregonar la excelencia a la que supuestamente se había llegado cuando no era sino un falso espejismo, porque sólo se trataba de buenos memoristas, que no es precisamente la cualidad más importante de un buen juzgador. Debo aclarar que los menos responsables de esta situación —excepto en lo de descuidar sus funciones— eran los concursantes, que únicamente aprovecharon las circunstancias favorables derivadas de decisiones cupulares poco afortunadas.

El primer problema serio que puso en entredicho el sistema aconteció al celebrarse un concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito, en el que se insistió en que se había filtrado información, e incluso se dijo que algunos de los participantes conocieron con antelación el caso práctico que resolverían en la segunda etapa. Si bien quienes efectivamente tuvieron ese conocimiento fueron separados del concurso, tal vez para evitar escándalos, no hubo difusión de lo ocurrido ni llegó a saberse a ciencia cierta cómo obtuvieron el expediente, perdiéndose una valiosa oportunidad para dar un golpe de autoridad y sancionar severamente a los implicados con el fin de evitar que en el futuro pudieran repetirse actos de esa naturaleza.

La creciente problemática me llevó a sostener, en el libro Consejo de la Judicatura. Experiencia mexicana, publicado en 2010, pero escrito en años anteriores: “Ante lo ocurrido en los últimos años con los concursos de oposición internos y libres, lo importante es reorientar las funciones del Instituto de la Judicatura Federal para vincularlas estrictamente con la función de jueces y magistrados, reafirmando así su carácter de escuela judicial. En concreto, se propone que a través de las reformas legales conducentes se determine que los cursos de formación sean el acceso al cargo, siguiendo el ejemplo de la Escuela de la Magistratura francesa, en la inteligencia de que, para evitar críticas de endogamia, los concursos se mantendrían como vía de acceso a dichos cursos […] De lo que se trata es de impartir cursos de tiempo completo, con alumnos cuidadosamente seleccionados por concurso, a los que se les imparta una preparación teórico-práctica con tutorías y estancias en juzgados y tribunales, juntas de conciliación y arbitraje, procuradurías y todos aquellos órganos jurisdiccionales con los que está vinculada la función jurisdiccional federal, particularmente a través de la vía del amparo […] Desde luego que la propuesta es de cursos impartidos con severidad académica y disciplina a fin de consolidar capacidades jurídicas y técnicas, además de conocer aspectos de personalidad que trascienden a la función jurisdiccional, como lo demuestra la problemática que actualmente estamos viviendo. En este último aspecto el objetivo es el de propiciar que los problemas de conducta sean superados, de manera que al nombrarse un juez no sólo se tenga la seguridad de su capacidad técnica jurídica, sino también de que es una persona equilibrada y sensata”.

Estas consideraciones no fueron del agrado de algunos altos funcionarios judiciales y como consecuencia al libro no se le dio ninguna difusión, no obstante que por la información que contiene resulta esencial para conocer al Consejo, un órgano constitucional de gobierno que a la fecha sigue siendo poco conocido, incluso para los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Poco tiempo después, al tomar posesión del cargo de consejero de la Judicatura Federal ante los plenos de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del Consejo, el 26 de noviembre de 2009, insistí en el tema: “El sistema de concursos instaurado en 1996, que democratizó las designaciones al brindar oportunidades antes inexistentes, ya cumplió su ciclo. Así lo demuestran las continuas inconformidades y múltiples recursos interpuestos contra sus resultados. Es el momento de impulsar reformas legales que permitan sustituirlo por otro en el que el Instituto de la Judicatura sea la puerta de entrada a la carrera judicial, a través de cursos diseñados con el mayor rigor académico, alumnos de tiempo completo, con tutorías y estancias en órganos jurisdiccionales de distintas especialidades que les den una visión universal de los problemas de la justicia; con un seguimiento puntual de conductas y tendencias que permita superar problemas de personalidad, que ahora no conocemos hasta que el designado entra en funciones”.

Debo reconocer que lo único que logré durante mi gestión fue eliminar la absurda publicación de los reactivos y devolver la seriedad, disciplina y transparencia al desarrollo de los concursos, pero fue suficiente para volver a la realidad, que no es otra que la deficiente capacitación y las bajas calificaciones obtenidas, ya que la constante ha sido que, por ejemplo, en los concursos internos para la designación de jueces de distrito, del número de aspirantes admitidos en cada uno tan sólo entre ocho y 10 por ciento alcancen la calificación requerida en la primera etapa para acceder a la segunda; resultados insatisfactorios si tomamos en cuenta que se trata de servidores públicos de carrera judicial con varios años de servicio —algunos con décadas— que además han aprobado numerosos cursos en el Instituto de la Judicatura.

En esa época se presentó un nuevo problema serio, aunque por causas muy diferentes del anterior. Resultó que al estarse celebrando dos concursos internos paralelos para la designación de jueces de distrito —con lo que nunca estuve de acuerdo, porque por razón natural los participantes serían calificados con criterios diferentes a los integrantes de los diversos comités de evaluación y jurados—, en uno de ellos fueron modificadas las calificaciones de algunos concursantes que ya habían sido del conocimiento de los demás participantes, al publicarse en los tableros. En realidad se trató de enmendar errores y, en un acto de justicia, otorgar la calificación que realmente merecían, pero como ese procedimiento no estaba previsto en la ley ni en acuerdo respectivo, ante las suspicacias y la desconfianza que despertó se tomó la determinación de anular ambos concursos.

Todo lo anterior me llevó a realizar un exhaustivo estudio de los concursos de oposición celebrados entre 1995 y 2015 para acceder a los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito en sus diferentes versiones —de méritos, internos y libres—, poniendo énfasis en sus aciertos, errores, contradicciones y decisiones inexplicables, y cuyos pormenores pueden consultarse en el libro Carrera judicial. Antecedentes, realidades y prospectiva, publicado en 2016, obra a la que tampoco se le dio difusión a pesar de que contenía información esencial para los integrantes del Poder Judicial de la Federación y, en especial, para quienes forman parte de la carrera judicial tanto en el fuero federal como en el local.

En particular, preocupa el pobre resultado de estos concursos, sobre todo el de los internos, habida cuenta de que, según lo antes dicho, los participantes son servidores públicos de esa carrera con años de experiencia y múltiples cursos aprobados en el Instituto de la Judicatura.

A título de ejemplo cito los siguientes: décimo octavo para la designación de jueces de distrito, al que fueron admitidos 1,400 aspirantes de los que sólo 10.20 por ciento superaron la primera etapa; el vigésimo primero, también para designar jueces de distrito, en el que participaron 1,600 y únicamente 4.95 por ciento accedió a la segunda etapa; el primer concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio, al que se admitieron 1,221 aspirantes, de los que sólo 1.31 por ciento superó la primera etapa; el segundo concurso interno de esa especialidad, al que fueron admitidos 866, de los cuales tan sólo 6.36 por ciento accedió a la segunda etapa; la inusual celebración de seis concursos simultáneos en diferentes sedes, también para designar jueces de distrito en esa especialidad, a los que se admitieron 1,206 aspirantes, de los que únicamente 8.13 por ciento accedió a la segunda etapa.

Estas consideraciones, apoyadas en datos duros, me llevaron a sostener una vez más en el libro citado lo siguiente: “Tomando en cuenta todo lo expuesto en relación con los concursos de oposición como vía de acceso a los cargos terminales de la carrera judicial federal, que denotan inconsistencias, serios cuestionamientos y pérdida de credibilidad, la conclusión ineludible es que ya cumplieron su ciclo, están agotados y deben ser sustituidos por nuevos procedimientos a través de la escuela judicial, en los que prive la apertura, la objetividad y la transparencia”.

 

Injustas generalizaciones

El 12 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria al vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito, siendo 50 las plazas concursadas. El 7 de diciembre siguiente fue publicada la lista de los 2,601 aspirantes aceptados, a quienes se les exigió, entre otros requisitos, que tuvieran cuando menos una antigüedad de seis años en una o varias de las categorías señaladas en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Este concurso fue muy desafortunado por errores, descuidos y deslealtades cometidos por personal del Instituto de la Judicatura, responsable del desarrollo de la primera etapa, que llevaron a un desenlace insólito y preocupante.

En principio, para integrar el cuestionario de 100 reactivos que deberían contestar los aspirantes en la primera etapa, la base de datos estaba integrada tan sólo con 120 o 130 (las dos cifras se han mencionado), cuando la experiencia demuestra que para no correr ningún riesgo era necesario contar con un total de 800 a 1,000, con el fin de que la integración aleatoria de dicho cuestionario estuviera blindada contra cualquier posible filtración.

Después, la estrategia seguida en el desarrollo de la primera etapa, fijada para el 4 de enero de 2018, no fue la correcta porque ante el inusitado número de concursantes, 2,601, que superaba con creces los máximos históricos anteriores que hasta donde tengo registrado fluctuaron entre 1,400 y 1,600, lo aconsejable era que esa etapa fuera celebrada al menos en cinco sedes distribuidas estratégicamente en el norte, en el centro y en el sur de la República, lo que además disminuiría los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los participantes. No fue así y se les citó a todos para que se presentaran en la sede central del instituto a partir de las siete de la mañana para registrarse, siendo muchos los que lo hicieron con horas de anticipación, en especial los que provenían del interior de la República.

La logística falló porque, por una parte, era obvio que a pesar de sus amplias instalaciones el instituto no contaba con espacios suficientes para instalar a todos dentro de ellas, de manera que, conforme se registraban, se les iba acomodando en las aulas y los espacios interiores. Éstos fueron los menos, ya que la mayoría fueron instalados en el estacionamiento del propio instituto, lugar totalmente inapropiado.

Por otra parte, a pesar de contar con todos los apoyos informáticos necesarios, el procedimiento de integración del cuestionario y su reproducción tardaron más de lo debido, lo que trajo como consecuencia que el examen iniciara después de las 13:00 horas. Es pertinente hacer notar que una vez registrados los concursantes ya no podían abandonar sus lugares, y aun cuando se les dio un refrigerio, la tensión, la ansiedad y la angustia fue incrementándose con el paso de las horas, en particular para quienes estaban en el estacionamiento soportando las corrientes de aire frío de esa mañana y los malos olores provenientes de los sanitarios portátiles instalados ahí para su uso.

El 18 de enero se publicó el resultado del examen, francamente poco alentador ya que de los 2,601 aspirantes aceptados tan solo 91 alcanzaron la calificación mínima exigida para pasar a la segunda etapa, esto es, aproximadamente 3.50 por ciento, pero aparentemente eso era normal tomando en cuenta porcentajes de los concursos antes mencionados y el tiempo de espera hasta de más de seis horas para iniciar la respuesta del cuestionario en las condiciones adversas señaladas.

Lo inesperado fue el aviso publicado el 16 de febrero siguiente, que informaba a los participantes lo que había determinado el pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria del 14 de ese mes, en el sentido de anular el vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito, con apoyo en los artículos 97, párrafo primero, 110, párrafos primero, cuarto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 del Acuerdo General que establece el procedimiento y los lineamientos generales para acceder al cargo de juez de distrito mediante concursos internos de oposición.

El escueto aviso no dio razones ni motivos de la anulación, pero pronto se supo que obedeció al informe rendido por el director del Instituto de la Judicatura en el sentido de que los reactivos del examen fueron sustraídos y comercializados, especulándose después en diversas publicaciones periodísticas que el precio de venta había fluctuado entre 100,000 y 400,000 pesos. Éste fue un golpe demoledor para la credibilidad de los concursos, porque si bien antes se habían cometido errores y desatinos como los señalados en párrafos anteriores, nunca se llegó al extremo totalmente inadmisible de la sustracción y la venta de los reactivos con los que se integran los cuestionarios. Siendo así, la determinación del ministro presidente y de los consejeros de anular el concurso fue más que justificada.

Quienes dedicamos toda nuestra vida laboral a servir al Poder Judicial de la Federación nos sentimos indignados con lo acontecido y confiamos en que las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos concluyan a la brevedad y los responsables de esas vergonzosas conductas —que agravian a todos los integrantes de ese poder—, ya sean servidores públicos administrativos o de carrera judicial, cualquiera que sea su jerarquía, sean sancionados con el máximo rigor de la ley en los ámbitos administrativo, laboral y penal. Nunca más ninguno de ellos deberá formar parte del que ha sido y es el más íntegro y transparente de los tres poderes que integran el Supremo de la Federación.

Ahora bien, estos hechos, sin duda reprobables e inadmisibles, han sido aprovechados por periodistas ignorantes y de mala fe para tratar de poner en duda la legitimidad de jueces y magistrados que accedieron a esos cargos a través de concursos de oposición, sugiriendo que todos hicieron trampas y “compraron las plazas”, según información de “fuentes que pidieron no mencionar sus nombres por razones de seguridad”, lo que no es sino una forma de ocultarse en el anonimato para denostar a respetables juzgadores federales.

Esta forma de proceder, desinformando a una sociedad ya de por sí indignada por lo que ha ocurrido en los últimos años en materia de corrupción e impunidad, es una cobardía y una canallada porque la predispone en contra de quienes son el último valladar para hacer respetar los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en la Constitución federal.

Tratar de desprestigiar a los juzgadores federales es atentar contra el Estado de Derecho, avivando el fuego de la hoguera en tiempos en que el deporte nacional ya no es el futbol sino el cuestionamiento y el golpeteo a todos los órganos que representan a la autoridad —Presidencia de la República, Ejército, Armada, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Unión y tribunales federales—, sin reflexionar que esa posición destructiva a lo único que puede llevarnos, como país, es al debilitamiento de las instituciones y al caos, como consecuencia. Y no es eso lo que deseamos la inmensa mayoría de los mexicanos.

De lo que hemos analizado en este artículo queda claro que desde hace más de una década he sido un crítico severo pero constructivo del sistema de concursos como vía de acceso a los cargos terminales de la carrera judicial federal, por las razones aquí expuestas y en mis libros. Sin embargo, reconozco y enfatizo que los juristas que alcanzaron esos honrosos cargos lo hicieron por merecimientos propios, con toda limpieza y cumpliendo cabalmente los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios. Si en algunos concursos hubo errores, desaciertos o descuidos, no fue responsabilidad de ellos, y ninguno, lo afirmo con conocimiento de causa, hizo trampa ni “compró la plaza” como irresponsablemente se ha sugerido en notas de una prensa sensacionalista que sólo confunde a la opinión pública.

Más aún, al referirme a los primeros concursos celebrados entre 1996 y 1999, sostuve que de ellos surgieron las juzgadoras y los juzgadores que ahora constituyen la columna vertebral del Poder Judicial de la Federación, sin dar nombres para no correr el riesgo de incurrir en injustas omisiones. Confirmando lo anterior, y a título de ejemplo, menciono que dos excelente jueces de distrito ascendieron a través de esos concursos al cargo de magistrado de circuito: los juristas Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, ahora dignos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Concluyo reiterando, por una parte, que esperamos pronto y ejemplar castigo a quienes mancillaron al Poder Judicial de la Federación y ofendieron a sus integrantes con la sustracción, venta y compra de los reactivos; por otra, que ya no debe celebrarse ningún concurso de oposición para acceder a los cargos terminales de la carrera judicial federal, de la naturaleza o la modalidad que sean, sino sustituir el sistema por otro que devuelva credibilidad interna y externa, a la par que dé certeza a los justiciables.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM.

 

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