El servicio público carece de profesionalismo

El servicio público carece de profesionalismo

Buena parte de los servidores públicos de la administración pública federal centralizada ingresó a la misma en un proceso irregular. Ya sea por ello, o por otras causas, éstos no se encuentran capacitados para desempeñar su cargo. Así piensa el autor, al analizar las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación en su Tercer Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2016 de la Secretaría de la Función Pública.

 

 

El propósito de este artículo es destacar que las conclusiones expresadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Tercer Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2016 de la Secretaría de la Función Pública, evidencian el incumplimiento de los objetivos y las metas del Servicio Profesional de Carrera (SPC); alertar sobre peligros que pueden lastrar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y mostrar que los problemas referidos en esas conclusiones impedirán que opere adecuadamente la administración pública federal centralizada del próximo gobierno, cualquiera que sea el candidato, partido o coalición que gane las elecciones.

 

Informe de la Auditoría Superior de la Federación

El 27 de febrero de 2018 se publicó en el diario El Economista el artículo del periodista Jorge Monroy con el siguiente título: “Sigue pendiente una nueva ley del servicio profesional”. En el mismo se expresa:

“A nueve meses del cambio en la administración pública federal, la Auditoría Superior de la Federación alertó que ‘la falta de servidores públicos profesionales […] limita la eficacia y eficiencia de los servicios oportunos y de calidad’.

”La Auditoría refirió que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores que intervienen en la instrumentación del SPC; deficiencias en el ingreso y ascenso, y una limitada capacitación de los funcionarios.

”Sus efectos específicos son la falta de continuidad en las políticas públicas en los procesos de dicho servicio, ineficiencia en la prestación de bienes y servicios a la sociedad, así como el incumplimiento de los objetivos y metas, refirió”.

No deja de ser significativo que a una institución de tanta valía como la Auditoría Superior de la Federación le hay tomado 15 años percatarse de que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC) no está cumpliendo con su cometido (la ley entró en vigor en 2003).

Para darme cuenta de las deficiencias de esa ley me bastó intentar ingresar durante cinco años al servicio público en diferentes secretarías de Estado, sin lograrlo, a través de los mecanismos establecidos en la misma, desde 2007 hasta 2011; deficiencias que puse de manifiesto en un artículo publicado en esta revista en 2012: “El mito del Servicio Profesional de Carrera”.1

Los problemas destacados en las conclusiones de la ASF los puse de manifiesto (con algunas variantes) en las conclusiones del artículo en cita,2 en el que expresé:

1) La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su reglamento no han contribuido al proceso de transición democrática del país.

2) Dichas normas no han logrado hacer más eficiente a la administración pública.

3) En la elaboración de esas normas se calculó una cantidad mínima de impugnaciones a las mismas.

4) En la contratación de los servidores públicos no se han cumplido los principios rectores del Servicio Profesional de Carrera: legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

5) El no haber cumplido con dichos principios explica muchas de las deficiencias de la administración pública federal”.

En mi experiencia puedo apreciar dos formas fundamentales de adquirir conocimiento: la académica y la vivencial. En la primera el conocimiento se adquiere a través de la formación escolar del sujeto. La segunda es la que conocemos como experiencia y puede tener diversas vertientes, ya que el conocimiento adquirido está determinado por el papel que se desempeñe en la vivencia y por el proceso de escolaridad adquirido.

A manera de ejemplo, en el caso de la operación del Servicio Profesional de Carrera, el conocimiento obtenido por la autoridad encargada de operar un concurso para acceder al SPC es distinto al que obtuvo el concursante, y éste, a su vez, es diferente al obtenido por la Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar la Cuenta Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP). En el caso del concursante, su conocimiento es inmediato, ya que si existen irregularidades, arbitrariedades y corrupción en el proceso, todo lo percibirá como una injusticia que afecta de manera inmediata sus derechos (aunque solamente tenga expectativas de derechos) y que rompe el Estado de Derecho.

El conocimiento sobre la operación deficiente del SPC lo obtuve como concursante, es decir, como víctima de injusticias que me impidieron acceder a un puesto de trabajo. Esa circunstancia me colocó en la posibilidad de llegar a las conclusiones transcritas, con anticipación al tiempo en que la Auditoría Superior de la Federación detectó los problemas referidos.

 

Consideraciones sobre las conclusiones de la ASF

Con base en los datos mencionados por Jorge Monroy en su artículo hago las siguientes consideraciones:

- Refiere el periodista que en el Registro Único del Servicio Público se contabilizan 1,302,399 servidores públicos del gobierno federal, de los cuales 33,808 son servidores públicos de la administración pública federal centralizada, y de estos últimos, 26,103 son servidores públicos adscritos al Servicio Profesional de Carrera (77.20 por ciento). Es decir, que, de la totalidad de los servidores públicos del gobierno federal, solamente 2 por ciento son servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera (SPC).

- Refiere el periodista que, en 2012, de manera previa al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso aprobó modificaciones a la LSPC para que el nuevo gobierno pudiera disponer de plazas de alto mando: 1,213 plazas de directores generales y 2,409 de directores generales adjuntos (3,622 en total). Lo anterior significa que Peña Nieto solamente contó, en un cálculo aproximado, con esos 3,622 servidores públicos de los niveles mencionados, más 140 de nivel de secretarios, subsecretarios y oficiales mayores, a razón de uno, tres y uno, respectivamente, por cada uno de ellos en las 26 secretarías, la Consejería Jurídica y la Oficina de la Presidencia (lo que sumaría 3,762 servidores públicos) que se identifican con la administración peñista, es decir, 0.27 por ciento del total de los servidores públicos del gobierno federal. Si dividimos 3,622 entre 28 áreas, resulta que sólo hubo aproximadamente 129 servidores públicos en cada secretaría, Oficina de la Presidencia o Consejería Jurídica, que ingresaron fuera del SPC.

- Refiere el periodista que la Auditoría Superior de la Federación informó que en el lapso 2011-2016 se presentaron 394 quejas de participantes en los concursos de ingreso en el SPC. Lo anterior significa que, partiendo del supuesto de que los concursos de ingreso cuestionados se relacionan con las 26,103 plazas asignadas (una queja por cada concurso), solamente se impugnó 1.75 por ciento de todas las plazas sujetas al SPC. A razón de 65.66 quejas por año, divididas entre las 28 áreas citadas, resulta que sólo hubo 2.32 quejas anuales en cada secretaría o área mencionada. Lo anterior daría la apariencia de que el SPC ha operado de manera óptima; pero eso no es lo que concluye la Auditoría Superior de la Federación en su informe, cuando señala que la falta de servidores públicos profesionales limita la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios oportunos y de calidad.

 

La problemática actual del Servicio Profesional de Carrera

Jorge Monroy expone en su artículo: “La Auditoría refirió que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores que intervienen en la instrumentación del SPC; deficiencias en el ingreso y ascenso, y una limitada capacitación de los funcionarios”.

La Auditoría Superior de la Federación explicó que la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo mesas de trabajo para la elaboración de un proyecto de nueva ley que tiene como objeto cuidar la profesionalización de los servidores públicos, pero el proyecto se encuentra en revisión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal desde el 8 de agosto de 2017.

Ante ese escenario, y frente al hecho de que estamos a escasos tres meses de la elección del presidente de la República, de diversos gobernadores, de integrantes de los poderes legislativos y de otros ámbitos, es fácil suponer que el proyecto de nueva ley que se encuentra en revisión del Ejecutivo no será aprobado por el mismo antes de las elecciones de 2018, y, por ende, no será enviado como iniciativa de ley al Congreso.

El primer párrafo del artículo 1º de la LSPC establece: “La presente ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la administración pública federal”.

El párrafo de la problemática del SPC transcrito al inicio de este apartado demuestra que el sistema no ha cumplido con su objeto, ya que: existe una inadecuada coordinación de los actores que participan en su ejecución; hay deficiencias en su funcionamiento, pues no opera eficientemente el ingreso y el ascenso de los participantes, y no ha existido un adecuado desarrollo, pues la capacitación de los servidores públicos se ha dado de manera limitada.

No conozco el proyecto de ley sometido a la consideración de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, pero para resolver los tres problemas mencionados se hace indispensable que en el mismo o en otro proyecto se regule la problemática referida.

Aunque los tres problemas expresados se encuentran ligados estrechamente y no es posible solucionarlos de manera independiente, creo que en lo inmediato es indispensable atacar el del ingreso y el ascenso de los servidores públicos.

Como se expresó en las consideraciones sobre las conclusiones de la ASF, si existen 33,308 servidores públicos de la administración pública federal centralizada, y de estos 26,103 están sujetos al SPC, eso significa que una parte importante del 77.20 por ciento de todos los servidores públicos de la misma ingresó en un proceso irregular, o bien no se encuentra capacitado para desempeñar su puesto.

 

Propuesta

  1. Con independencia de que se debe revisar la operación de todo el Sistema Profesional de Carrera, resulta indispensable lograr el funcionamiento del Subsistema de Separación, capítulo séptimo de la ley vigente o su equivalente en otra, particularmente las fracciones VI y VII del artículo 60 de la ley vigente.
  2. Como es probable que la mayoría de los servidores públicos ya hayan sido certificados por el propio sistema para desempeñar el puesto que detentan, se deberá buscar la destitución de los ineficientes y faltos de capacitación, por violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente por colocarse en los supuestos de falta no grave establecida en el artículo 49 , fracciones I, VI y VII, y la falta grave establecida en el artículo 63 de la misma, en relación con los artículos 75 y 78, respectivamente.

 

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la UNAM y consultor en contratos con la administración pública federal y en materia de hidrocarburos.

1 Jorge García Martínez, “El mito del Servicio Profesional de Carrera”, El Mundo del Abogado, núm. 155, marzo de 2012, pp. 49-50.

2 Ibid., p. 50.

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