¿Y los magistrados anticorrupción?

¿Y los magistrados anticorrupción?

 

Los autores exponen las razones por las cuales el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción promovió un juicio de amparo en contra de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la omisión de ratificar —o, en su caso, rechazar— los nombramientos de los magistrados anticorrupción efectuados por el Ejecutivo federal desde abril de 2017, y dan cuenta de la sentencia dictada el 31 de julio de 2018, cuyos efectos son, entre otros, que el Senado decida “inmediatamente” sobre la ratificación o no de los magistrados.

 

 

Lo que debió suceder

La reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción. En ella se facultó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas administrativas graves establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cometidas por servidores públicos y por particulares. En el respectivo dictamen se señaló lo siguiente:

“Como se ha argumentado, la política de prevención debe ser prioritaria, pero no será suficiente sin una política de sanción. En este sentido, se pretende crear un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

”[…]

”En suma, la constitución de tribunales de justicia administrativa fortalece el sistema de combate a la corrupción y permite concretar adecuadamente la prevención, investigación y sanción de conductas que constituyan responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de particulares vinculados con las mismas, lo que cerrará la posibilidad de que la corrupción siga mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.1

Las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compaginan con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tipifica las distintas faltas administrativas, determina los sujetos responsables de las mismas y establece las sanciones aplicables a cada infracción. Respecto de las faltas administrativas graves, la ley prevé que su investigación sea competencia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública a través de sus órganos internos de control, y que la aplicación de las sanciones corresponda a dicho tribunal.

En la propia reforma constitucional se creó la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, facultada para imponer sanciones administrativas, la cual estará integrada por tres magistrados. En la Ley Orgánica de este tribunal se adscribieron cinco salas regionales especializadas en la misma materia, cada una conformada por tres magistrados.2

En términos coloquiales, al conjunto de los 18 magistrados se le conoce como magistrados anticorrupción. El procedimiento para designarlos es el siguiente: a más tardar el 30 de abril de 2017 el Ejecutivo federal debería nombrar a las personas que ocuparían ese cargo, para que fueran ratificadas por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión antes del 19 de julio del mismo año, fecha en que el Sistema Nacional Anticorrupción inició funciones y en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor.

 

Lo que en realidad sucedió

El 24 de abril de 2017 el Ejecutivo federal designó a los 18 magistrados anticorrupción y remitió sus nombramientos a la Cámara de Senadores para su ratificación. Sin embargo, el Senado y la Comisión Permanente no han iniciado el trámite para esos efectos, lo que impidió que al 19 de julio de 2017 quedaran integradas la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas regionales especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En agosto de este año aún subsiste la irregularidad, lo que en forma injustificada ha retrasado la correcta implementación del sistema de responsabilidades administrativas.

Ante esta irregularidad, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción decidió promover un juicio de amparo bajo la modalidad de interés legítimo, en contra de las siguientes autoridades:

- De la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reclamó la omisión de ratificar o, en su caso, rechazar, los nombramientos de los magistrados anticorrupción efectuados por el Ejecutivo federal el 24 de abril de 2017.

- Del Ejecutivo federal, de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente se reclamó la omisión de activar el correcto y completo funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente por la omisión de culminar la designación de los magistrados.

En la demanda de amparo, la pretensión del Comité de Participación Ciudadana no se centró en la ratificación a ciegas de los magistrados anticorrupción. El planteamiento fue que en el procedimiento respectivo deben respetarse los principios de idoneidad, transparencia y máxima publicidad exigidos en el artículo 43, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,3 como garantía de efectividad de la prevención, la investigación y la sanción de actos de corrupción en México.

Este juicio de amparo fue del conocimiento del juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el expediente 589/2018, quien mediante sentencia dictada el 31 de julio de 2018 reconoció el interés legítimo del Comité de Participación Ciudadana y concedió el amparo en contra de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables.

 

La sentencia de amparo

En la sentencia se reconoce que la designación de los magistrados anticorrupción tiene como objeto “que se materialicen las instituciones creadas por el Poder Reformador de la Constitución”.4 Se señala también que en virtud del principio de supremacía constitucional es incompatible que la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no operen “funcional y eficientemente con las atribuciones necesarias, por omisiones de los órganos encargados de designar y ratificar a dichos funcionarios”.5 En estos términos, el juez de distrito concluye lo siguiente:

“La Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión han impedido el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción por causa de la omisión de ratificar o rechazar el nombramiento de los magistrados anticorrupción efectuado por el Poder Ejecutivo.

”En este sentido, este juzgador encuentra que el congelamiento y la demora excesiva de la ratificación o rechazo del nombramiento de los magistrados anticorrupción, sea por cálculos políticos o por falta de acuerdos partidistas, violan los artículos 73, fracción XXIX-H, 109 y 113 de la Constitución federal, que prevén el Sistema Nacional Anticorrupción”.6

La sentencia reitera que la omisión de ratificación a los magistrados anticorrupción ha generado la inoperancia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entorpeciendo con ello la efectividad del sistema de responsabilidades administrativas. Apoyándose en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juez señala que la atribución otorgada a un poder del Estado en la elección de los integrantes de otro debe ejercerse sin afectar el funcionamiento de éste. De no ser así, se vulnera la colaboración y la coordinación que el artículo 49 de la Constitución federal exige entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como en su opinión sucede con la falta de ratificación de los magistrados anticorrupción.7

Un señalamiento destacado en la sentencia es que las autoridades responsables no demostraron “haber realizado siquiera actividades o principios de ejecución tendientes a analizar, auscultar o investigar los méritos de las personas designadas como magistrados anticorrupción por el Ejecutivo federal, de lo que se advierte que han asumido una actitud totalmente pasiva ante un mandato constitucional y legal”.8

En lo que hace al nombramiento de los magistrados realizado por el presidente de la República el 24 de abril de 2017, el juez de distrito concluye lo siguiente:

- En primer término, que la idoneidad de las personas nombradas es un aspecto que debe valorarse y decidirse en exclusiva por el propio presidente. Por lo tanto, se trata de una facultad discrecional que no puede cuestionarse en el juicio de amparo.

- En segundo lugar, que el Ejecutivo federal tuvo que llevar a cabo “los actos necesarios para transparentar, rendir cuentas a la sociedad y justificar el perfil profesional y ético adecuado de los magistrados anticorrupción”. Por tratarse de una facultad reglada, su incumplimiento es reclamable en amparo.

En relación con este segundo aspecto, el juez de distrito considera que el presidente debió exponer una motivación reforzada acerca de “por qué dichas personas tienen los méritos suficientes, la calidad profesional y ética para acceder al cargo”, en relación directa con las aptitudes para resolver los casos que se sometan a su consideración en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción y rendición de cuentas. La sentencia concluye que “por causa de las funciones que los magistrados anticorrupción están llamados a cumplir, existe un deber reforzado a cargo del presidente y del Senado de la República (o Comisión Permanente, en su caso) de transparentar el procedimiento de nombramiento”.9

Por último, en la sentencia de amparo se determina que las omisiones imputadas a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente incumplen los compromisos asumidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en las que México se obligó a contar con órganos especializados en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley, integrados por personas que gocen de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas.10

 

Los efectos de la sentencia

El juez de distrito determinó que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes:

- Por una parte, que el presidente de la República transparente la designación de los magistrados anticorrupción nombrados el 24 de abril de 2017 “a fin de que la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil puedan emitir sus opiniones acerca de cada uno de los individuos propuestos para la ratificación”.11

- Por otro lado, que el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente, decida “inmediatamente” sobre la ratificación o no de los magistrados, observando los principios de idoneidad, transparencia y máxima publicidad del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- Asimismo, que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente realicen una motivación reforzada al ratificar a los magistrados anticorrupción.

La conclusión final del juez de distrito es determinante: “Toda vez que una de las pretensiones de la parte quejosa que quedó señalada al fijar uno de los actos reclamados es la plena operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, este amparo vincula al presidente de la República y nuevamente al Senado de la República, o Comisión Permanente, para que, en caso de que estos últimos rechacen las ratificaciones de alguno o todos los magistrados anticorrupción, el presidente nuevamente deba acatar los lineamientos de esta sentencia para la nueva designación de los magistrados anticorrupción (publicidad en la justificación de la idoneidad de los magistrados), y el Senado o Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidan inmediatamente sobre la ratificación o no de las nuevas designaciones de los magistrados anticorrupción”.

En este amparo queda camino procesal por andar. El resultado final dependerá de la sentencia que se emita en el respectivo recurso de revisión.12

 


 

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha.

** Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Twitter: @denisetron.

1 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de anticorrupción, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 26 de febrero de 2015.

2 Artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución federal, y 14 y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3 “Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad de ese órgano legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y la transparencia de su desarrollo.”

4 Ibid., 73.

5 Ibid., 73 y 74.

6 Ibid., 73.

7 Ibid., 76.

8 Ibid., 80 y 81.

9 Ibid., 61.

10 Ibid., 78.

11 Ibid., 86.

12 Ibid., 88.

 

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